Cristian Hernández cuestionó la falta de transparencia del municipio y alertó que las exigencias del nuevo proceso coinciden con la infraestructura y operaciones que maneja el actual concesionario.
PUCÓN.— Tras el fallido paso de la cadena Enjoy por el casino de juegos de Pucón y su salida anticipada de la concesión, las condiciones propuestas para la nueva licitación comenzaron a generar fuertes cuestionamientos locales. El ex concejal de la comuna, Cristian Hernández Schmidt, denunció públicamente una falta de transparencia y participación ciudadana en la confección de las bases elaboradas por la Municipalidad.
Según planteó Hernández, diversos requisitos incorporados en el nuevo proceso coinciden con la realidad del operador saliente. entre ellos, la exigencia de un salón de eventos con capacidad para 1.500 personas, volumen similar a la infraestructura actual del recinto.
«¿Las condiciones especiales fueron diseñadas para maximizar la competencia o terminaron pareciéndose demasiado a la realidad del operador vigente?», cuestionó el ex edil.
Falta de estudios y participación.
Hernández, quien en su periodo como concejal advirtió las irregularidades que derivaron en la crisis de Enjoy, criticó que el proceso actual no haya considerado a los actores clave de la comuna. «¿Participó el comercio local, los trabajadores, los gremios turísticos, el Concejo Municipal? Nada de esto fue informado públicamente», enfatizó, recordando que el casino representa uno de los principales motores económicos de Pucón.
En la misma línea, criticó la fijación de la oferta económica mínima en 43.000 U.F., un monto inferior al propuesto inicialmente y muy por debajo de la licitación de 2016. A su juicio, resulta indispensable transparentar los estudios técnicos que justifican dicha rebaja.
Dudas sobre cláusulas laborales e infraestructura.
El ex concejal también puso la lupa sobre la cláusula que obliga a mantener al 100% de la nómina laboral del recinto. Si bien calificó como positivo resguardar los puestos de trabajo históricos, cuestionó si la medida incluye también a los cargos gerenciales de exclusiva confianza.
En paralelo, subrayó que en el proceso anterior se exigían obras mayores —como la construcción de un hotel—, mientras que hoy los requerimientos parecen ajustarse al espacio existente sin que se conozcan los criterios técnicos para fijar esos parámetros.
Finalmente, Hernández aclaró que su objetivo no es imputar delitos de antemano, sino exigir garantías para el desarrollo local: «La comuna ya pagó el costo de una concesión fallida. Hoy no se necesitan improvisaciones, sino reglas claras y una licitación plenamente transparente».
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