La soberbia institucional sufrió un duro revés ético y jurídico en La Araucanía. La Fiscalía Regional de La Araucanía terminó por reconocer de forma implícita lo que el ex Fiscal Regional, Roberto Garrido, intentó blindar con descalificaciones: la Universidad Autónoma de Chile está siendo formalmente investigada como persona jurídica en la arista de malversación de recursos públicos del Gobierno Regional (GORE).
El portazo de la realidad no solo valida las denuncias del gobernador regional, René Saffirio, sino que deja al descubierto un severo conflicto de interés que Garrido arrastró hasta el último día de su gestión en la zona.
La Contraloría General de la República, operando con una fracción de los recursos y el contingente que posee el Ministerio Público, destapó la olla. El informe del órgano contralor arrojó luz sobre un secreto a voces: la Autónoma —empleadora directa de Roberto Garrido y de su cónyuge— siempre estuvo en la mira de los persecutores.
De la acusación de «ignorancia» a la capitulación de la Fiscalía.
La respuesta del entorno de Garrido ante las alertas de Saffirio rozó la desmesura política. Cuando el gobernador regional —abogado penalista con décadas de trayectoria— exigió la inhabilidad del jefe regional para garantizar la transparencia del caso, Garrido lo tildó públicamente de «ignorante».
Hoy, el diseño comunicacional de la Fiscalía mutó hacia un blindaje corporativo y al silencio sepulcral. El fiscal regional subrogante, César Schivar, optó por esquivar los micrófonos y las vocerías oficiales, limitándose a emitir minutas escritas donde confirmaron que la denuncia contra la casa de estudios como persona jurídica ya fue agrupada a las causas vigentes. Con esta maniobra técnico-procesal, el Ministerio Público confiesa que la Universidad Autónoma sí es objeto de persecución penal, sepultando el relato de inocuidad que Garrido defendió para mantener el control de la carpeta.
Sospechas cronológicas: El «timing» perfecto de una renuncia.
El caso adquiere ribetes aún más oscuros al analizar los tiempos del tablero político-judicial. El informe de Contraloría que dejó al descubierto la responsabilidad penal de la universidad se hizo público exactamente un día después de que Roberto Garrido abandonara su cargo en Temuco para asumir la Fiscalía Regional del Biobío.
Aunque desde los pasillos de Contraloría descartaron formalmente una triangulación entre la salida del persecutor y la liberación del documento, el timing resulta demasiado cómodo para el ecosistema judicial de Santiago. Garrido se marchó de la región invicto ante la opinión pública, dejando atrás una bomba de tiempo ética que ahora estalla en manos de sus subrogantes. La Araucanía asiste, una vez más, a un episodio donde el resguardo de las jerarquías institucionales pesó más que la probidad penal y la transparencia hacia la ciudadanía.
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