De los cuatro funcionarios formalizados, dos quedaron en prisión preventiva y los otros dos con medidas cautelares menos gravosas. La Fiscalía sostiene que existen pagos documentados por hasta $400 mil para facilitar el ingreso de teléfonos celulares al recinto penitenciario. La defensa, en cambio, cuestiona la solidez de los antecedentes y acusa “fisuras” en la teoría del Ministerio Público.
La investigación por una presunta red de corrupción al interior de la cárcel de Collipulli sumó este miércoles un nuevo capítulo judicial, luego de que el tribunal decretara prisión preventiva para dos de los cuatro gendarmes formalizados por su eventual participación en una organización dedicada al ingreso de elementos prohibidos al recinto penitenciario.
La causa, encabezada por el Ministerio Público, investiga delitos de tráfico de drogas, cohecho, asociación ilícita e ingreso de elementos prohibidos a la unidad penal.
En total, son 14 las personas investigadas, entre ellas cuatro funcionarios de Gendarmería y cuatro internos del recinto.
La resolución judicial estableció distintas medidas cautelares para los cuatro funcionarios, reflejando que el tribunal no consideró equivalente, al menos en esta etapa, la situación procesal de todos los imputados.
Dos a prisión preventiva y dos con cautelares menos gravosas.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, dos gendarmes quedaron privados de libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Los otros dos funcionarios deberán enfrentar el desarrollo de la investigación en libertad, aunque sujetos a distintas restricciones.
El abogado Ricardo Traipe, quien representa a dos de los gendarmes investigados, confirmó que uno de ellos quedó con arraigo nacional y firma mensual, mientras que el segundo deberá cumplir arresto domiciliario nocturno.
La diferencia entre las cautelares no pasó inadvertida durante la audiencia y abrió una nueva disputa entre la Fiscalía y la defensa respecto de la fuerza de los antecedentes reunidos.
Defensa acusa “fisuras” en la investigación.
Traipe cuestionó duramente la tesis del Ministerio Público y sostuvo que, a juicio de la defensa, los antecedentes expuestos durante la audiencia no permitían acreditar la participación de sus representados en los delitos imputados.
“No contaba con los antecedentes necesarios para acreditar, a nuestro juicio, participación respecto de mis representados en los ilícitos que se le fueron imputados”, afirmó.
El abogado agregó que la defensa presentó ante el tribunal una exposición detallada sobre lo que calificó como “problemas”, “inconvenientes” y “fisuras” en la teoría de la Fiscalía.
Según Traipe, esos argumentos fueron determinantes para que el magistrado descartara la prisión preventiva respecto de sus representados.
Pero la discusión no terminó con la resolución del tribunal.
Fiscalía apela por uno de los gendarmes.
El abogado confirmó que el Ministerio Público apeló verbalmente luego de que se rechazara la prisión preventiva para uno de los funcionarios que representa.
Ahora será la Corte de Apelaciones la que deberá revisar esa decisión y determinar si el gendarme permanece con arresto domiciliario nocturno o si corresponde imponer una medida cautelar más intensa.
El recurso deja abierta una nueva batalla judicial y demuestra que la Fiscalía no quedó conforme con la decisión adoptada respecto de uno de los imputados.
Mientras tanto, los otros dos funcionarios permanecerán en prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación, conforme a lo resuelto por el tribunal.
El dinero detrás de la presunta red.
Uno de los antecedentes que entregó la Fiscalía y que da especial gravedad a la causa es la existencia de pagos que, según el Ministerio Público, estarían documentados mediante el levantamiento del secreto bancario.
El fiscal Carlos Bustos sostuvo previamente que existen “bastantes pagos” vinculados a la investigación.
Pero más allá de la existencia de transferencias o movimientos financieros, el dato que aparece como especialmente revelador es el precio que habría tenido el ingreso clandestino de teléfonos celulares a la cárcel.
“Dentro de la investigación se pudo determinar que el ingreso de un aparato telefónico ascendía a la suma de $200.000, $350.000 en otros casos, hasta $400.000 aproximadamente”, señaló Bustos.
La Fiscalía sostiene, de esta manera, que el ingreso de elementos prohibidos habría operado bajo un sistema de pagos.
De acreditarse judicialmente, el antecedente podría resultar clave para establecer si se trataba de hechos aislados o de un mecanismo organizado y reiterado de corrupción al interior del recinto penitenciario.
¿Cuánto podía valer ingresar un celular?.
Los montos mencionados por el fiscal permiten dimensionar el eventual negocio que se investiga.
Un teléfono celular podía significar un pago de $200 mil, $350 mil e incluso hasta $400 mil, de acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público.
La cifra adquiere especial relevancia cuando se considera que la investigación no apunta únicamente a un episodio puntual, sino a una presunta estructura criminal en la que participarían funcionarios penitenciarios e internos.
La Fiscalía deberá establecer ahora cuántas operaciones se realizaron, cuánto dinero habría circulado y quiénes recibieron los pagos.
También deberá determinar si el eventual ingreso de teléfonos formaba parte de una actividad más amplia vinculada al ingreso de drogas y otros elementos prohibidos.
Una investigación que golpea a Gendarmería.
El caso representa un nuevo foco de preocupación para Gendarmería, institución que enfrenta una investigación en la que algunos de sus propios funcionarios aparecen acusados de facilitar presuntamente actividades ilegales dentro de una cárcel.
La gravedad institucional radica precisamente en el supuesto mecanismo investigado: quienes tienen entre sus funciones controlar la seguridad y el ingreso de especies a los recintos penitenciarios son, al mismo tiempo, objeto de una investigación por presuntamente facilitar el ingreso clandestino de elementos prohibidos.
Sin embargo, las responsabilidades deberán establecerse individualmente y mediante el debido proceso.
La prisión preventiva es una medida cautelar y no equivale a una condena. Los cuatro funcionarios mantienen su calidad de imputados mientras avanza la investigación.
Una causa con 14 investigados.
La dimensión de la operación investigada también queda reflejada en el número de personas involucradas.
Son 14 los investigados, incluidos cuatro gendarmes y cuatro internos de la cárcel de Collipulli.
La Fiscalía deberá reconstruir ahora la eventual estructura de funcionamiento de la organización, identificar las relaciones entre sus integrantes y establecer el alcance de los delitos investigados.
La existencia de pagos supuestamente documentados mediante antecedentes bancarios podría constituir una pieza importante para esa tarea, pero será necesario determinar qué relación concreta existe entre esos movimientos de dinero y los delitos imputados.
El caso sigue abierto.
La audiencia dejó dos escenarios diferentes para los cuatro gendarmes.
Dos quedaron en prisión preventiva. Otros dos enfrentarán el proceso bajo medidas cautelares menos gravosas, aunque al menos uno de estos últimos podría ver modificada su situación si la Corte de Apelaciones acoge el recurso presentado por el Ministerio Público.
Mientras tanto, la investigación continuará buscando establecer cómo habría operado la presunta red y cuál fue el verdadero alcance de los pagos.
Porque detrás de los $200 mil, $350 mil o hasta $400 mil que, según la Fiscalía, podía costar ingresar un celular a la cárcel, aparece una pregunta mucho más profunda: si efectivamente existía un sistema organizado para introducir elementos prohibidos al penal, ¿Cuánto tiempo operó, cuántas personas participaron y hasta dónde llegó la eventual corrupción al interior de la cárcel de Collipulli?
La respuesta deberá surgir de la investigación y de las pruebas que el Ministerio Público logre presentar ante los tribunales. Por ahora, la justicia ya adoptó una primera decisión: dos de los cuatro gendarmes imputados deberán permanecer en prisión preventiva mientras se esclarecen los hechos.
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