Un desliz en redes sociales puede parecer un hecho menor, pero cuando proviene de una institución armada e involucra límites fronterizos, la ligereza raya en la provocación diplomática. La Armada Argentina volvió a encender las alarmas bilaterales al atribuirse veladamente la soberanía sobre los canales de la Región de Magallanes, calificándolos en una publicación oficial como uno de los escenarios marítimos «más desafiantes del país».
La edición a posteriori que no borra la falta.
El destructor ARA Almirante Brown, en tránsito hacia Perú para el ejercicio multinacional UNITAS LXVII, fue registrado navegando por aguas interiores chilenas. Pese a que en el propio video institucional se apreciaba una embarcación con el pabellón chileno, el texto original omitió la jurisdicción de Santiago. Tras el revuelo y las críticas, la cuenta oficial rectificó el mensaje borrando la muletilla «del país» y precisando que se trataba de territorio chileno. Sin embargo, la corrección tardía no logra disimular una constante: la fragilidad comunicacional de la Defensa argentina en materia geopolítica.
Un patrón de fricción bajo la era Milei.
El episodio no ocurre en un vacío. Se inserta en una seguidilla de tensiones territoriales que se han intensificado durante la gestión de Javier Milei:
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Declaraciones altisonantes: Días antes, el general trasandino Gustavo Valverde afirmó en una entrevista que «Magallanes, el sur y el Pasaje de Drake» constituyen «soberanía» argentina para mantener la «llave bioceánica», lo que provocó una nota formal de protesta por parte de la Cancillería chilena.
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Explicaciones recurrentes: La Casa Rosada se ha visto obligada repetidamente a ofrecer disculpas o matizar los dichos de sus mandos militares para contener el malestar en Santiago.
Desde el espectro político chileno, la lectura es uniforme: las rectificaciones en Instagram y los compromisos de pasillo ya no bastan. La reiteración de estos «descuidos» por parte de altos mandos y organismos oficiales de la vecina nación sugiere un peligroso juego de ambigüedad calculada que busca poner a prueba la firmeza de los tratados vigentes y la paciencia diplomática de Chile.
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