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La denuncia por presunto abuso sexual contra un fiscal adjunto que también se desempeñaba como docente vuelve a poner la atención sobre los cuestionamientos que estudiantes han formulado contra la UCT. Movilizaciones anteriores en las carreras de Psicología y Derecho incluyeron acusaciones de acoso, violencia sexual y falta de respuestas institucionales.

La denuncia por presunto abuso sexual que involucra al fiscal adjunto Miguel Ángel Velásquez, quien también habría desarrollado actividades académicas en la Universidad Católica de Temuco (UCT), vuelve a instalar una interrogante incómoda sobre los mecanismos de prevención, protección y respuesta frente a situaciones de violencia sexual al interior de las instituciones de educación superior.

El caso no es el primer episodio que genera preocupación entre estudiantes de esta casa de estudios. Durante los últimos años, alumnos de distintas carreras han protagonizado movilizaciones y manifestaciones para denunciar situaciones de acoso sexual, violencia de género y lo que consideran respuestas insuficientes por parte de las autoridades universitarias.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en noviembre de 2025, cuando estudiantes de Psicología iniciaron una movilización que posteriormente derivó en un paro y la toma de dependencias de la carrera. Los manifestantes exigían la desvinculación de un docente acusado de acoso y cuestionaban que continuara realizando actividades académicas en modalidad telemática, con la posibilidad de retornar posteriormente a las clases presenciales.

La protesta también incluyó cuestionamientos a la conducción de la universidad y a las decisiones adoptadas por sus autoridades frente a las denuncias.

Estudiantes acusaron falta de respuestas institucionales.

Durante aquella movilización, Daymara Araya Rodríguez, entonces presidenta de la carrera de Psicología, manifestó públicamente su molestia por la forma en que la institución estaba abordando las acusaciones.

«Y ahora estamos manifestando porque la Universidad Católica de Temuco ha encubierto a un acosador en la carrera de Psicología. Esta es una situación que no solo pasa en Psicología, sino que también en toda la universidad», señaló.

La dirigenta estudiantil también hizo referencia a situaciones denunciadas en otras carreras, entre ellas Artes Visuales y Derecho. En este último caso, mencionó la acusación de una estudiante que habría sufrido una violación por parte de un docente.

Se trata de una denuncia particularmente grave que debe ser investigada y cuyos antecedentes requieren corroboración independiente. No obstante, su mención durante la movilización refleja el nivel de preocupación que los estudiantes manifestaban respecto de las situaciones de violencia sexual dentro de la comunidad universitaria.

Las críticas también apuntaron directamente a la rectora y a la decisión de mantener al docente cuestionado realizando actividades académicas.

«Hoy día estamos muy molestos porque la rectora decidió que la situación no era lo suficientemente grave como para desvincular a este docente. Este docente va a volver hoy a la presencialidad en cualquier momento y además ya está dando clase online», sostuvo Araya.

La estudiante cuestionó además la contradicción que, a su juicio, existía entre el discurso institucional de inclusión y las decisiones adoptadas frente a las denuncias.

«¿Y qué están esperando para que lo desvinculen?», preguntó.

Derecho también registra antecedentes de movilizaciones.

Los cuestionamientos estudiantiles no se limitan a Psicología. En mayo de 2023, alumnas de la carrera de Derecho protagonizaron una movilización para exigir la salida de un docente denunciado por presunto acoso sexual y violencia de género.

En esa oportunidad, las estudiantes denunciaron situaciones que, según sus testimonios, involucraban tanto a docentes como a compañeros de carrera. También cuestionaron los mecanismos de respuesta institucional y las condiciones de seguridad dentro del campus San Francisco.

Las manifestaciones evidenciaron que las preocupaciones por la violencia de género y el acoso sexual ya estaban presentes en la comunidad universitaria varios años antes de la actual denuncia contra el fiscal adjunto.

El caso del fiscal y la necesidad de respuestas.

La controversia vuelve a cobrar actualidad tras conocerse la denuncia por presuntos hechos de connotación sexual contra Miguel Ángel Velásquez.

El Ministerio Público confirmó que se abrió un sumario administrativo y que el funcionario fue suspendido de sus funciones mientras se desarrolla la investigación. Los antecedentes penales fueron derivados a la Fiscalía Regional de Los Lagos para garantizar la independencia de las diligencias.

La defensa del persecutor, por su parte, calificó la denuncia como «total y absolutamente falsa» y señaló que todavía desconoce formalmente los antecedentes que la originaron.

Por lo tanto, la investigación deberá establecer qué ocurrió y determinar si existen responsabilidades penales o administrativas.

Sin embargo, el caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que los estudiantes de la UCT ya habían planteado en movilizaciones anteriores: cómo actúa la universidad cuando recibe denuncias de violencia sexual, qué medidas adopta para proteger a las personas denunciantes y de qué manera garantiza que los procesos internos no terminen exponiéndolas a nuevas situaciones de vulnerabilidad.

La pregunta que queda planteada para las autoridades universitarias es concreta: ¿qué protocolos se activan, qué medidas de protección se aplican y cómo se garantiza que las denuncias sean investigadas con independencia, oportunidad y transparencia?

La Universidad Católica de Temuco tiene la responsabilidad de explicar cómo ha abordado estos casos, qué resultados han tenido las investigaciones internas y cuáles son las medidas que ha implementado para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Porque el respeto al debido proceso no puede transformarse en una excusa para la inacción institucional, así como la existencia de una denuncia tampoco permite anticipar culpabilidades.

Los estudiantes tienen derecho a desarrollar sus actividades académicas en espacios seguros. Y las autoridades universitarias tienen la obligación de demostrar, mediante hechos y no solamente declaraciones institucionales, que cuentan con mecanismos eficaces para garantizarlo.

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