Familias afectadas por el megaincendio de Viña del Mar protestaron frente a La Moneda y exigieron la entrega de viviendas que, según sostienen, presentan hasta un 95% de avance. La controversia por la paralización de las obras y su eventual demolición también se encuentra judicializada.
Seis meses después de que el Ministerio de Vivienda ordenara paralizar las obras de reconstrucción y dejar sin efecto los contratos asociados a un conjunto de viviendas en El Olivar, un grupo de familias damnificadas por el megaincendio de febrero de 2024 llegó hasta el Palacio de La Moneda para exigir una solución.
Los manifestantes entregaron una carta al Presidente José Antonio Kast y a la Primera Dama, Pía Adriasola, y acusaron públicamente al ministro de Vivienda, Iván Poduje, de haber entregado una versión de los hechos que, a su juicio, no refleja la situación que viven las familias.
Las críticas se concentran en una decisión adoptada el 24 de marzo de 2026, cuando el Minvu dispuso la paralización de las obras y dejó sin efecto los contratos relacionados con la reconstrucción de las viviendas.
El conflicto está lejos de ser exclusivamente político. La controversia también llegó a los tribunales y enfrenta al Ministerio de Vivienda con damnificados, una entidad patrocinante y la empresa constructora involucrada en las obras.
Viviendas con hasta un 95% de avance.
Uno de los principales argumentos de las familias movilizadas es que varias de las viviendas se encontraban, según aseguran, con niveles de avance cercanos al 95%, por lo que su entrega estaba próxima a concretarse.
Para los damnificados, la paralización resulta especialmente difícil de comprender debido al tiempo transcurrido desde el incendio y al estado de avance de las obras.
Durante la manifestación, los afectados leyeron una declaración en la que cuestionaron duramente la actuación del ministro Poduje y sostuvieron que la decisión ministerial los ha obligado a continuar esperando por una solución habitacional.
En la carta dirigida al Presidente, los manifestantes plantearon que la decisión del Ministerio constituye, según su interpretación, una afectación de sus derechos y solicitaron a Kast visitar El Olivar para conocer directamente la situación de las familias.
“Este empleado público ha mentido a él y al país”, afirmaron los damnificados en la declaración, en una de las acusaciones más duras formuladas durante la jornada.
Se trata, cabe precisar, de una acusación realizada por los manifestantes, no de un hecho establecido judicial o administrativamente.
El argumento del Ministerio.
La decisión del Minvu se produjo después de que el ministro Poduje denunciara presuntas irregularidades en los trabajos ejecutados por la constructora San Sebastián.
Según los antecedentes expuestos por el Ministerio, existirían incumplimientos de la normativa vigente relacionados con el uso de materiales que no contarían con las certificaciones exigidas.
La preocupación planteada por la cartera apunta particularmente a la seguridad de las estructuras y al comportamiento de las viviendas frente a eventuales movimientos sísmicos.
Ese es precisamente uno de los puntos centrales que deberá despejarse: mientras las familias reclaman que existen viviendas prácticamente terminadas que deberían ser entregadas, el Ministerio sostiene que existen cuestionamientos técnicos que justificaron la paralización y la medida de demolición.
La disputa ya está en tribunales.
La controversia también se encuentra judicializada.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso debe resolver ocho recursos de protección presentados por los damnificados, la entidad patrocinante Social Arquitectura y la empresa constructora San Sebastián, acciones dirigidas contra las decisiones adoptadas por el Ministerio de Vivienda respecto de la paralización de las obras y la orden de demolición.
Por lo tanto, una parte sustancial del conflicto permanece pendiente de resolución judicial.
Mientras tanto, las familias continúan reclamando frente a La Moneda y posteriormente se trasladaron hasta las inmediaciones de la Corte Suprema, insistiendo en la necesidad de que sus viviendas sean entregadas.
“Un acto ilegal y arbitrario”.
El abogado que representa a los damnificados, Juan Andrés Pavez, sostuvo que esperan que el Gobierno escuche directamente a las familias y calificó la actuación del ministro como un “acto ilegal y arbitrario”.
Según el profesional, la decisión de paralizar las obras ha afectado el derecho de sus representados a desarrollar una vida digna y ha prolongado el sufrimiento de familias que todavía esperan recuperar una vivienda después del megaincendio.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la paralización respondió a antecedentes técnicos vinculados a la seguridad y al cumplimiento de la normativa.
Así, el conflicto enfrenta dos urgencias que hasta ahora no han logrado conciliarse: la necesidad de las familias de recuperar cuanto antes sus hogares y la obligación de las autoridades de garantizar que las viviendas reconstruidas cumplan con las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la normativa.
La decisión que adopten los tribunales será determinante para establecer el futuro de las viviendas y, con ello, poner fin —o profundizar— una disputa que seis meses después mantiene a las familias de El Olivar esperando una respuesta.
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