Una concejala de la comuna de Curarrehue, región de La Araucanía, denunció al Alcalde Daniel Parra ante la Contraloría General de la Contraloría por un eventual uso indebido de los recursos del Royalty Minero.
En ese sentido, Mildret Flores señaló que incumpliendo los plazos legales se convocó a un concejo extraordinario para aprobar una modificación del presupuesto.
La petición la realizó el alcalde Daniel Jara el 20 de mayo, la cual se votó y aprobó por mayoría del Concejo Municipal el viernes 22 de mayo.
La concejala, que fue la única que rechazó la propuesta, indicó que se aprobó ocupar dineros del Royalty Minero para pagar juicios laborales.
“El alcalde, el día 20 de mayo propuso modificar el presupuesto para pagar cuatro juicios laborales, o sea esto es como un convenio que se hizo antes de llegar al juicio. Y lo más complejo que, aparte de que no se cumplió con la normativa de lo que se establece en los días que tenemos que nosotros como concejales tener los los documentos, que son cinco días hábiles, esto fue con solo un día. Un día de antes nos llegó la carpeta a nosotros y tuvimos que ir a la votación y de ahí se movieron los fondos Royalty Minero el 22 de mayo”, indicó Flores.
A su vez, la concejala señaló que además de incumplir los plazos y ocupar dineros del Royalty Minero, también se falsearon los datos, porque para modificar el presupuesto de indicó que era una “compensación por daños a terceros”, cuando en realidad se trataba de una indemnización laboral.
“En este caso, como Curarrehue, por ejemplo, es una comuna con alta dependencia del fondo común municipal, está prohibido usar los fondos Royalty Minero para pagar deudas originadas de contrataciones a honorarios. Esto no tiene una doble interpretación, no hay un vacío legal, no se puede, no hay ni una posibilidad. Y se disfrazó el pago, porque dice esto es una compensación por daños a terceros, en vez de lo que realmente es, que es una indemnización laboral”, aseveró.
La concejala espera que la Contraloría General de la República realice el proceso de fiscalización y aplique las sanciones que corresponda sobre quien recaiga la responsabilidad administrativa.
En definitiva, el monto en dinero que habría sido mal asignado tras la modificación presupuestaria suma más de 51 millones de pesos.
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