Crónica de un frío anunciado: «El Estado empujó el recambio a pellet, pero dejó al sur desabastecido y a merced del mercado negro».

El invierno en el sur de Chile volvió a congelarse bajo la sombra de la improvisación estatal. Durante las últimas semanas, las escenas de miles de personas haciendo filas de madrugada bajo la lluvia en Valdivia, Osorno, Temuco y el Gran Concepción para conseguir apenas un par de sacos de pellet han dejado en evidencia una crisis que las autoridades ministeriales se esmeran en matizar. Aunque el discurso oficial intenta calmar las aguas descartando un «quiebre estructural», la realidad en las calles es inapelable: el suministro de pellet colapsó, los precios formales se dispararon y un floreciente mercado negro ya revende la bolsa a precios prohibitivos de hasta $8.000. [1]

Lejos de asumir la falta de previsión, la respuesta de las carteras técnicas ha apelado a la semántica para eludir responsabilidades. El seremi de Energía del Bío Bío, Javier Salamanca, atribuyó las dificultades únicamente a un incremento explosivo del consumo detonado por las bajas temperaturas y las lluvias recientes, asegurando que la relación de mercado simplemente se volvió «más angosta». [1]

Por su parte, el seremi de Energía de La Araucanía, Jorge Rathgeb, argumentó que el impacto inicial afectó con mayor dureza a Los Ríos y Los Lagos debido a su nula capacidad de producción local, obligándolas a depender en un 80% de plantas ubicadas en el Maule, Ñuble o el Biobío. [1, 2]

Para los vecinos atrapados en el racionamiento de 5 a 10 sacos por persona, la explicación oficial de que «pellet hay, pero está estrecho» suena a desconexión. La incapacidad del Ministerio de Energía para coordinar una red logística que adelante inventarios hacia las regiones no productoras antes de que comience el frío polar es, por definición, un fallo de planificación pública. [1, 2]

El meollo analítico de esta crisis apunta de forma directa al propio Estado. A través de masivos subsidios y Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA), los ministerios de Medio Ambiente y Energía han presionado e incentivado activamente a la población a destruir sus antiguas estufas a leña para reemplazarlas por sistemas tecnológicos a pellet. Sin embargo, la millonaria reconversión domiciliaria jamás fue acompañada de una estrategia para robustecer, regular o asegurar la matriz de la biomasa en el país. [1, 2, 3]

Parlamentarios de la zona sur han salido a fiscalizar este vacío. El diputado Stephan Schubert instaló una interrogante incómoda pero ineludible:

La paradoja es brutal: para cumplir con los estándares medioambientales exigidos por el Gobierno, las familias sacrificaron su autonomía energética (basada en la leña local) para amarrarse a un biocombustible altamente industrializado cuyo stock queda desprotegido frente a la especulación de precios y la exportación de materia prima. [1, 2]

Mientras la Asociación Chilena de Biomasa (AChbiom) proyecta que la «estrechez» debiese ceder, la falta de herramientas de fiscalización del Sernac y de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) mantiene en la indefensión a los usuarios. Al ser el pellet un combustible cuyo mercado es de libre fijación de precios, el Estado se ha declarado prácticamente de brazos cruzados, permitiendo alzas abusivas de entre $700 y $2.000 por bolsa en el comercio establecido en menos de un mes. [1, 2]

Exigirle a los ciudadanos del sur de Chile un consumo «responsable» en semanas donde el frío congela cañerías denota una profunda incomprensión de la realidad rural y urbana de las regiones afectadas. Si el Estado asume el rol de transformar radicalmente la forma en que sus ciudadanos se calefaccionan, su obligación inmediata es garantizar que encender la estufa no dependa de la suerte en una fila de supermercado o del bolsillo de especuladores de turno. [1]