El máximo tribunal del país desestimó de forma unánime las acciones de la defensa, validando las querellas por prevaricación imprudente que enfrenta el magistrado tras dictar fallos por violaciones a los Derechos Humanos.
TEMUCO.– Un nuevo revés en los tribunales superiores de justicia enfrentó el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre. La Corte Suprema rechazó de forma unánime dos recursos de amparo constitucional presentados por su defensa, los cuales buscaban dejar sin efecto la admisibilidad de las querellas criminales que se tramitan en su contra por el delito de prevaricación imprudente.
Con esta resolución, el máximo tribunal del país ratificó la decisión previa de la magistrada del Juzgado de Garantía de Temuco, Marcia Castillo Monjes, quien declaró admisibles las acciones penales que apuntan a presuntas negligencias graves cometidas por el alto juez en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Origen de las querellas.
La abogada querellante Carla Fernández, representante de exfuncionarios del Ejército condenados en procesos por violaciones a los Derechos Humanos, confirmó el dictamen del tribunal supremo. Detalló que las acciones legales acusan fallas graves e ignorancia inexcusable en los dictámenes dictados por Mesa Latorre en los casos emblemáticos conocidos como «El Polvorín» y «Regimiento Húsares de Angol».
«La Corte Suprema dijo que no y lo hizo de manera unánime. Hoy ese mismo ministro enfrenta cuatro querellas admitidas por prevaricación imprudente, porque la independencia judicial protege la libertad de juzgar, no blinda al que juzga mal. En Chile nadie está sobre la ley», aseveró la abogada Fernández respecto a la vigencia del proceso penal.
Periplo judicial e inhabilitaciones.
El camino de los recursos de amparo estuvo marcado por consecutivas inhabilidades institucionales en el sur del país. Originalmente, las acciones fueron deducidas por el defensor penal público regional, Humberto Serri, ante la Corte de Apelaciones de Temuco. Sin embargo, la totalidad de los ministros de dicho tribunal de alzada se restaron de conocer el caso por su cercanía laboral con el imputado.
A raíz de esto, la causa fue derivada a la Corte de Apelaciones de Valdivia, tribunal que también desestimó los argumentos de la defensa del magistrado, forzando la última apelación ante la Corte Suprema que terminó por cerrar definitivamente la vía del amparo.
Actualmente, el ministro Álvaro Mesa Latorre —quien posee una designación extraordinaria para la investigación de causas de Derechos Humanos en la macrozona sur— permanece bajo indagatoria criminal formal, en una arista penal que lidera operativamente la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel.
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