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La Fiscalía investiga una presunta red de entrega de antecedentes confidenciales a cambio de dinero, operación que habría involucrado a un detective en servicio activo, un exintegrante de la institución que trabajaba como investigador privado y la conviviente del primero. Los tres fueron formalizados en el Tribunal de Garantía de Pitrufquén.

Un grave caso que compromete la probidad funcionaria y el manejo de información reservada de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó al descubierto tras la detención de un detective en servicio activo en Pitrufquén y de un exfuncionario de la misma institución en Puerto Montt, ambos investigados por presuntos delitos de cohecho y revelación de secreto.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el funcionario policial en servicio activo habría utilizado su acceso a información institucional para entregar antecedentes reservados a un exintegrante de la PDI que actualmente desarrollaba labores como investigador privado. A cambio, habría recibido pagos de dinero, algunos de los cuales también habrían sido depositados en la cuenta bancaria de su conviviente.

La investigación derivó en la formalización de tres personas ante el Tribunal de Garantía de Pitrufquén. Dos de los imputados, vinculados directamente con la actividad policial, quedaron en prisión preventiva, mientras que la tercera persona, conviviente del detective activo, quedó sujeta a otras medidas cautelares.

Una presunta operación a cambio de dinero.

El fiscal de Pitrufquén, Jaime Pino, explicó que el mecanismo investigado consistía en la entrega de información institucional por parte del funcionario activo a un exintegrante de la PDI radicado en Puerto Montt, quien actualmente ejercía como investigador privado.

Según detalló el persecutor, los antecedentes reservados eran proporcionados a cambio de sumas de dinero, configurándose presuntamente una relación de intercambio económico vinculada al acceso privilegiado del funcionario a información policial.

El fiscal precisó que parte de los recursos habría sido transferida directamente al detective y otra parte a la cuenta bancaria de su conviviente, antecedente que también forma parte de la investigación.

«Estos delitos están íntimamente relacionados con la corrupción. La acción era siempre la misma: el funcionario de la PDI de Pitrufquén daba información reservada a un exfuncionario de la PDI al que conocía de la ciudad de Puerto Montt. A cambio de esa información, el exfuncionario, que cumplía labores de investigador privado actualmente, le suministraba una suma de dinero al funcionario activo», sostuvo Jaime Pino.

La probidad policial bajo investigación.

El caso reviste especial gravedad por la naturaleza de los antecedentes que presuntamente habrían sido comercializados. La información reservada de investigaciones policiales constituye un recurso institucional cuyo acceso está sujeto a obligaciones legales y funcionales. Su eventual utilización para obtener beneficios económicos particulares abre interrogantes sobre los mecanismos de control interno y resguardo de información dentro de las instituciones encargadas de investigar delitos.

La Fiscalía, por su parte, subrayó que la persecución penal debe ejercerse independientemente de la identidad o condición de quienes aparecen involucrados en una investigación.

«La Fiscalía persigue la comisión de delitos sea quien sea el autor de los mismos. No se hacen distinciones al respecto; siempre que hay un delito, es obligación constitucional y legal del Ministerio Público ejercer la acción penal», manifestó el fiscal Pino.

Por ahora, el Ministerio Público no ha revelado la identidad de los imputados ni la del detective que se encontraba en servicio activo al momento de su detención.

La investigación deberá establecer el alcance de la información presuntamente filtrada, la cantidad de operaciones realizadas, los montos involucrados y si existieron otras personas que pudieran haber participado o recibido antecedentes provenientes de la institución policial.

Mientras tanto, los imputados permanecen sujetos a las medidas cautelares decretadas por el tribunal, en una causa que vuelve a poner en el centro del debate la importancia de la probidad, la transparencia y el estricto resguardo de la información en los organismos responsables de la seguridad pública.

Cabe recordar que la formalización de cargos y la imposición de medidas cautelares no constituyen una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal de los imputados deberá ser determinada mediante el correspondiente proceso judicial.

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