El persecutor de delitos de alta complejidad reformalizó la investigación por millonarios fraudes con fondos del Gore de La Araucanía. Las aristas bajo indagación involucran desvíos de recursos que superan los $3.800 millones.
TEMUCO.– Un paso clave hacia el juicio oral dio el Ministerio Público en la Región de La Araucanía dentro de la arista «Fundación Local», una de las causas más complejas derivadas del denominado Caso Convenios. Ante la magistrada del Juzgado de Garantía de Temuco, Ruth Martínez, el fiscal especializado Luis Arroyo Palma reformalizó la investigación en contra de 13 personas imputadas, unificando el relato de los hechos y precisando las calificaciones jurídicas de los delitos económicos cometidos con recursos estatales.
La audiencia tuvo por objetivo concentrar en una sola línea argumental las imputaciones que se habían levantado en distintas etapas temporales contra exfuncionarios públicos y particulares. El ajuste procesal precede de forma directa al término de la etapa de instrucción general de la causa.
Acusación en los próximos meses.
El fiscal Luis Arroyo confirmó que las diligencias de recopilación de pruebas entraron en su fase de cierre técnico. «Era necesario reformalizar la investigación, que consiste más bien en una precisión de los hechos que ya habían sido comunicados a los imputados en su oportunidad. Hoy se presentaron 13 personas para esta unificación de hechos y de calificación jurídica», detalló el persecutor de alta complejidad.
Arroyo adelantó que, una vez decretado formalmente el cierre de la investigación por parte del tribunal, el Ministerio Público presentará el escrito de acusación definitivo. «Se va a proceder a presentar acusación respecto de aquellos de los que ya tenemos antecedentes suficientes como para sostener que efectivamente cometieron los delitos por los cuales se les ha investigado», sentenció.
El mapa de los delitos y montos defraudados
La indagatoria del Ministerio Público persigue una estructura de desvío de dineros que fueron originalmente transferidos desde las arcas del Gobierno Regional (Gore) de La Araucanía. Los delitos específicos imputados por la fiscalía penal comprenden:
- Fraude al Fisco: Atribuido tanto a los exfuncionarios estatales que facilitaron las operaciones como a los civiles que operaron de manera coordinada.
- Administración desleal: Debido al incumplimiento del deber de resguardo de los patrimonios públicos transferidos, desviando los capitales hacia fines personales o privados.
- Cohecho y soborno: Transacciones ilícitas detectadas en casos específicos entre fiscalizadores y receptores de los montos.
- Falsificación de instrumento público y privado: Adulteración de documentación y rendiciones para simular la ejecución de los programas sociales.
Respecto al perjuicio patrimonial fiscal, el persecutor detalló que la causa abarca la postulación irregular a una serie de fondos concursables cuyos montos unitarios oscilan entre los 380 y los 400 millones de pesos. A estas aristas se suma un programa mayor de financiamiento que supera los 3.000 millones de pesos, el cual, según la tesis de la fiscalía, fue adjudicado de manera completamente fraudulenta por la fundación investigada.
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