El imputado habría intentado sobornar a un carabinero y a dos funcionarios municipales para evitar una multa por operar un local de juegos sin patente comercial. La Fiscalía solicitó prisión preventiva, pero el Juzgado de Garantía de Carahue decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Un ciudadano chino quedó sujeto a arresto domiciliario total y arraigo nacional, tras ser formalizado por el delito de cohecho activo, luego de que presuntamente ofreciera $100 mil a funcionarios policiales y municipales para evitar una multa en Puerto Saavedra, en la Región de La Araucanía.
El imputado, identificado como Zhenfeng Chen, fue detenido el jueves después de un procedimiento realizado por una patrulla mixta municipal y policial. Según los antecedentes expuestos en la causa, los funcionarios fiscalizaron un local de juegos de azar y destreza que operaría sin la correspondiente patente comercial.
En ese contexto, el ciudadano habría entregado dinero a un carabinero y a dos funcionarios municipales con el propósito de dejar sin efecto la sanción. Los hechos dieron origen a una investigación por el presunto delito de cohecho activo.
Fiscalía pidió prisión preventiva, pero el tribunal la rechazó.
La audiencia de control de detención y formalización se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Carahue, donde el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado.
Sin embargo, la jueza de Garantía, Graciela Riubó, no acogió esa petición y resolvió imponer arresto domiciliario total y arraigo nacional, medidas destinadas a asegurar la comparecencia del imputado durante el procedimiento judicial.
El fiscal Carlos Obreque confirmó la decisión y precisó que el tribunal optó por medidas cautelares distintas de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.
La resolución judicial se fundamentó en que las medidas impuestas fueron consideradas proporcionales y suficientes para garantizar la comparecencia del imputado al procedimiento, según lo expuesto en la audiencia.
Investigación se extenderá por 90 días.
El tribunal fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación, período durante el cual la Fiscalía deberá reunir los antecedentes necesarios para esclarecer los hechos y sustentar su imputación.
El caso pone de relieve las consecuencias penales que puede tener el presunto ofrecimiento de dinero a funcionarios públicos para interferir en el cumplimiento de sus funciones. No obstante, la responsabilidad penal del imputado deberá determinarse conforme al desarrollo de la investigación y las decisiones que adopten los tribunales.
Mientras tanto, Chen deberá cumplir las medidas cautelares decretadas por el Juzgado de Garantía de Carahue.
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