Una comunidad mapuche y organizaciones ambientales y turísticas cuestionan una iniciativa que pretende extraer más de 800 mil metros cúbicos de áridos durante 15 años en el sector Río Blanco Sur. Los opositores advierten posibles impactos sobre el río, humedales, flora y fauna, además del tránsito de camiones por un territorio de alto valor turístico y cultural. Exigen que la iniciativa sea sometida a un Estudio de Impacto Ambiental.
Un nuevo conflicto por el uso y protección del territorio comienza a tomar forma en Curacautín.
Una comunidad mapuche y organizaciones vinculadas al turismo y la defensa del medio ambiente manifestaron su rechazo al proyecto de extracción de áridos que la empresa Áridos El Chono 3 pretende desarrollar en el sector Río Blanco Sur, una zona que los opositores consideran particularmente sensible por su relación con el río, los humedales y la actividad turística.
La comunidad Quilape López Ancestral llegó hasta las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para entregar sus observaciones al proyecto.
El lonco Juan Ramón López cuestionó la magnitud de la iniciativa y puso el foco en el volumen de material que se pretende extraer.
“Este proyecto significa la extracción de alrededor de 52 mil cubos por año, un proyecto que se extiende a 15 años, en los cuales en estos 15 años van a sacar más de 800 mil cubos”, señaló.
La dimensión de la intervención es precisamente uno de los elementos que preocupa a quienes se oponen a la iniciativa.
Pero el conflicto no se limita al volumen de extracción.
El río como punto de conflicto.
Carlos Inaipil, presidente de la Asociación Gremial Ruta Curacautín-Conguillío, sostuvo que se trata de un proyecto privado que podría generar un impacto socioambiental significativo.
Su preocupación apunta especialmente a la intervención del río y al tránsito de vehículos pesados por un sector que constituye una de las principales puertas de entrada hacia áreas de interés turístico.
El dirigente señaló además que el camino utilizado por los camiones atraviesa territorio de la comunidad mapuche.
“Creemos que merece una discusión seria y una evaluación muy rigurosa”, afirmó Inaipil, quien destacó el valor recreativo, cultural y turístico que el territorio tiene para numerosas familias.
La discusión, por tanto, no sólo enfrenta a quienes impulsan una actividad económica con quienes la rechazan. También pone en juego una pregunta mayor: qué tipo de desarrollo quiere la comuna para sectores donde convergen actividad productiva, turismo, patrimonio natural y territorio indígena.
La alerta por los humedales.
Desde el Comité Ambiental Comunal de Curacautín también manifestaron reparos.
Su presidente, Felipe Venegas, advirtió sobre los eventuales efectos que la extracción podría generar sobre la flora y fauna del sector, especialmente debido a que parte de los polígonos contemplados en el proyecto corresponderían a islotes ubicados dentro del río.
“Estos ocho polígonos de extracción son, en su mayoría, islotes que están insertos dentro del río”, afirmó Venegas.
A su juicio, la intervención alcanzaría no sólo las riberas, sino también el cauce y los propios islotes, espacios que —sostuvo— poseen diversidad de flora y fauna.
Pero existe otro antecedente que, para los opositores, resulta todavía más relevante.
Venegas afirmó que información del propio Servicio de Evaluación Ambiental señala que los polígonos del proyecto se encuentran dentro del Humedal Río Cautín y Tributarios, incorporado al Inventario Nacional de Humedales.
De confirmarse las características y alcances señalados por los dirigentes, el proyecto enfrentaría así un escenario ambiental particularmente sensible, en el que la evaluación de sus impactos sobre el sistema hídrico y los ecosistemas asociados adquiere especial importancia.
¿Declaración o Estudio de Impacto Ambiental?.
Uno de los principales puntos de controversia está ahora en el mecanismo mediante el cual debería evaluarse el proyecto.
Las organizaciones y la comunidad mapuche que se oponen sostienen que la iniciativa no debería avanzar únicamente mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y que, por sus eventuales impactos, correspondería un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
La diferencia no es menor.
Un Estudio de Impacto Ambiental implica un proceso de evaluación más exhaustivo y contempla mecanismos de participación ciudadana bajo las condiciones establecidas por la legislación ambiental.
Para los opositores, la magnitud de la extracción proyectada, la intervención del río y sus islotes, la eventual afectación del humedal, el tránsito de camiones y la presencia de una comunidad mapuche en el área hacen necesario elevar el estándar de evaluación.
Por ahora, el proyecto deberá enfrentar las observaciones planteadas durante su tramitación ambiental.
La controversia recién comienza, pero el escenario ya está definido: de un lado, una iniciativa extractiva que busca aprovechar recursos del territorio; del otro, una comunidad mapuche y organizaciones que advierten que el costo ambiental, cultural y turístico podría ser demasiado alto.
La decisión final corresponderá a la institucionalidad ambiental.
Y será esa evaluación la que deberá determinar si las medidas propuestas son suficientes para descartar o mitigar los impactos advertidos.
Mientras tanto, en Curacautín crece la pregunta que suele aparecer cuando un proyecto productivo se instala en territorios ambientalmente sensibles:
¿Cuánto puede intervenirse un río antes de que el desarrollo deje de ser una oportunidad y comience a convertirse en un riesgo para el propio territorio que pretende aprovechar?
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