OPINIÓN: «El 6,5% del PIB que la reforma decidió ignorar»

Por: Marco Antonio Vásquez Ulloa, Contador Público y Auditor de la Universidad de la Frontera es además Ingeniero Comercial, licenciado en Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Chile.

En el debate tributario chileno existe una cifra que debería ser imposible de ignorar: la brecha de cumplimiento tributario alcanza en torno a 6,5% del PIB, según estimaciones del Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda. En términos simples, esto representa recursos que el Estado no recauda por evasión, elusión o errores. Más aún, una parte relevante de ese monto —entre 2% y 4% del PIB, de acuerdo con la evidencia internacional— sería potencialmente recuperable mediante políticas efectivas de control y cumplimiento

Sin embargo, la propuesta de reforma tributaria del gobierno del presidente José Antonio Kast parece omitir este dato clave. El foco de su diseño está puesto en la reducción de impuestos, especialmente a las empresas, la reintegración del sistema y una serie de incentivos a la inversión. Se trata de una apuesta clara: reactivar el crecimiento económico para, a través de ese mayor dinamismo, incrementar la recaudación fiscal en el largo plazo. No obstante, este enfoque deja fuera un instrumento que la evidencia comparada considera fundamental: la reducción de la evasión.

La omisión no es menor. La literatura empírica muestra que las mejoras en cumplimiento tributario generan aumentos efectivos de recaudación sin necesidad de subir tasas. Países de la OCDE han logrado incrementos del orden de hasta 1% del PIB mediante medidas como facturación electrónica, intercambio de información y mayor fiscalización basada en datos. En contraste, el impacto recaudatorio de las rebajas tributarias vía crecimiento es mucho más incierto y, en la mayoría de los casos, no logra compensar la caída inicial de ingresos.

Esto plantea un problema de consistencia fiscal. La reforma reconoce un escenario de estrechez en las cuentas públicas, pero reduce ingresos tributarios en el corto plazo y confía en efectos dinámicos de largo plazo que incluso sus propios impulsores admiten que tardarían años en materializarse. Al mismo tiempo, no incorpora una estrategia robusta para cerrar la brecha de cumplimiento, a pesar de que esta representa una de las mayores fuentes potenciales de financiamiento disponibles.

Más aún, la estructura del problema en Chile refuerza esta crítica. La evasión en el impuesto corporativo es particularmente elevada, con estimaciones que superan el 40% del potencial. En este contexto, resulta discutible priorizar la reducción de tasas a ese mismo segmento sin abordar primero el problema del incumplimiento. Es, en el fondo, actuar sobre el “precio” del impuesto, pero no sobre su efectiva recaudación.

Por cierto, esta decisión no es casual. Responde a un enfoque económico específico —de corte “oferta” o supply-side— que privilegia el crecimiento como motor de ingresos fiscales. También refleja consideraciones políticas: combatir la evasión implica mayor fiscalización, acceso a información y conflictos con actores económicos relevantes. No es un camino neutro ni de bajo costo político.

Pero precisamente por eso resulta necesario explicitar la elección. La reforma no es simplemente un conjunto de medidas técnicas, sino una definición estratégica: apostar por un mecanismo indirecto e incierto de recaudación, mientras se deja de lado uno directo y ampliamente validado.
En un país donde el espacio fiscal es limitado y las demandas sociales siguen creciendo, esa decisión merece ser al menos discutida con mayor profundidad. Porque, al final, la pregunta no es solo cuánto recauda el Estado, sino cómo decide hacerlo.

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