El mérito académico desde 7º básico podría usarse como criterio para elegir alumnos con la fórmula de «elección mutua» propuesta por el Gobierno para establecimientos sobredemandados.
Aunque el Gobierno tenía previsto presentar esta semana el proyecto que busca reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), finalmente optó por postergar su ingreso al Congreso para la próxima semana. La decisión se produce en medio de una compleja coyuntura que cambió la agenda de La Moneda, a raíz de la investigación respecto de los menores haitianos que ingresaron al país mediante reunificación familiar y cuyo paradero hoy es desconocido.
Desde su implementación gradual a partir de 2016, el SAE ha sido objeto de numerosos cuestionamientos. Los que defienden el sistema de algoritmos sostienen que puso fin a prácticas de selección arbitrarias, pero sus detractores han criticado que restringió la libertad de elección de las familias y terminó asignando vacantes mediante un mecanismo percibido como aleatorio —conocido como “la tómbola”— en aquellos establecimientos con más postulantes que cupos.
La reforma a este sistema responde a uno de los principales compromisos de campaña del Presidente José Antonio Kast en materia educativa y que reiteró en su primera Cuenta Pública cuando señaló que “tras una década en que un sistema centralizado entregó la admisión escolar prácticamente al azar, ingresaremos un proyecto de ley que ponderará el mérito de los alumnos y el derecho de los padres a elegir un proyecto educativo”.
Cambios en la asignación de cupos.
Según participantes de las conversaciones en torno a la mencionada propuesta, durante la elaboración de la iniciativa se evaluaron al menos dos caminos.
El primero consistía en mantener el S.A.E. actual, pero incorporando modificaciones internas, especialmente nuevos criterios de priorización vinculados al mérito académico. El segundo apuntaba a crear un mecanismo complementario, más autónomo, en el que los establecimientos pudieran desarrollar procesos propios de admisión.
La alternativa que tomó más fuerza va en la línea de mantener el SAE, pero permitiendo que ciertos establecimientos —particularmente aquellos con mayor demanda que vacantes— puedan contar con procedimientos de selección propios, sin eliminar completamente el sistema centralizado. En estos casos, las familias seguirían postulando a través de una misma plataforma, pero los colegios tendrían mayores atribuciones para definir cómo asignar sus cupos.
En esa línea, en el texto figurará la posibilidad de que los colegios puedan considerar criterios asociados a su proyecto educativo, incluyendo el rendimiento académico desde 7º básico, entrevistas o asistencia.
De aprobarse, la reforma no alcanzaría a aplicarse en el proceso de admisión 2027 (cuyo período principal de postulación se inicia en agosto) debido a los plazos operativos del sistema, por lo que su eventual implementación se proyectaría, en el mejor de los casos, para la admisión 2028.
Tras ser consultado, el Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó —a última hora de este jueves— que la iniciativa propone facultar a los colegios con mayor demanda a implementar criterios de selección como “adhesión al proyecto educativo; asistencia previa; participación en reuniones informativas; aptitudes para programas de especialización; rendimiento académico desde 7° básico; entrevistas; criterios de proximidad territorial”.
También resguarda una “reserva de cupos para estudiantes prioritarios según la Subvención Escolar Preferencial (SEP) o reserva de cupos para alumnos con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes”.
El Mineduc asegura que “se proponen dos mecanismos complementarios e integrados, administrados en una plataforma única del Ministerio de Educación que otorga trazabilidad y transparencia”. Estos serían “Elección Mutua (EM)”, para los colegios sobredemandados, y “Asignación Aleatoria (AA)” para el resto.
Las implicancias de un sistema dividido.
Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos, presidió la mesa técnica que hizo recomendaciones al SAE el año pasado (de la cual también formó parte la hoy ministra María Paz Arzola), y manifiesta que “no veo la necesidad de tener dos sistemas distintos de admisión escolar; por el contrario, sí veo las desventajas, por lo pronto, la complejización del sistema y la pérdida de optimización en la asignación que termina por perjudicar a las familias”.
Mauricio Bravo, vicedecano de Educación en la U. del Desarrollo, sostiene que “yo estoy de acuerdo en que efectivamente se reponga el mérito como un criterio de priorización para seleccionar a los estudiantes. Creo que es una pésima señal no hacerlo (…). También estoy de acuerdo en que tenemos que darles mayor autonomía a los sostenedores o directores de colegios para que ellos puedan, de un conjunto de criterios de priorización, elegir”.
En cuanto a la posibilidad de que se apliquen entrevistas a las familias o se considere el rendimiento académico desde 7º básico, Alejandro Carrasco, decano de Educación en la UC, dice que “Chile y sus familias conocieron o sufrieron estas prácticas permitidas antes de 2015, que transgredían la igualdad de trato que posee cada niño y niña. La Ley de Inclusión y SAE ahora permite que esos mecanismos selectivos se reduzcan en colegios con financiamiento público. Y las cifras son contundentes en ese logro de la educación chilena”.
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