El canciller Francisco Pérez manifestó que la investigación que el Ministerio Público inició contra el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, por un presunto vínculo con el caso Hermosilla, no modifica la decisión que tomaron respecto a su nombramiento, continuando así el diplomático en su cargo.
“Una investigación no modifica las decisiones que se han tomado”, indicó la autoridad la mañana de este jueves tras ser consultado sobre qué determinación tomaría el Gobierno frente a este hecho.
“Nosotros básicamente somos, respecto a las cosas que se han informado, muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, así que no tengo más opinión que dar al respecto“, sentenció.
Gobierno mantiene a Zaliasnik como embajador en Israel pese a investigación por chats con Hermosilla.
Al ministro de Relaciones Exteriores se le preguntó de igual manera si existiría, entonces, un criterio en el caso de que la investigación fuera avanzando, lo que evitó responder.
“Como le he dicho, esto es una investigación que se ha iniciado recién y somos muy respetuosos del Ministerio y los tribunales de justicia, así que no voy a opinar más al respecto“.
Recordemos que ayer miércoles, la Fiscalía acogió una denuncia presentada por el diputado Daniel Manouchehri (PS) y la senadora Daniella Cicardini (PS) en contra del embajador Zaliasnik luego de revelarse conversaciones que habría tenido con Luis Hermosilla, envuelto en el caso audio.
En concreto, los parlamentarios socialistas solicitaron que se indaguen los presuntos delitos que se extraen de tales diálogos entre ambos abogados, los que fueron expuestos por Reportea.
De acuerdo a los legisladores, los antecedentes que sustentan su denuncia surgen por lo revelado en tal medio. Subrayan que Zaliasnik fue parte del círculo de abogados que se coordinaba con Hermosilla en causas sensibles vinculadas al segundo Gobierno de Sebastián Piñera.
Así, la Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación contra la recientemente nombrada autoridad.
Los antecedentes incluidos en la denuncia, ingresada el pasado lunes 8 de junio, apuntan a eventuales delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.
Entre los hechos denunciados, figura una solicitud explícita para acceder a gastos reservados del Estado con el objeto de financiar una defensa penal privada.
Lo anterior, además de gestiones de honorarios a través de la entonces presidenta del directorio de ENAP, en paralelo a un contrato con esa misma empresa estatal en 2020; intervención en nombramientos judiciales y solicitudes de fallos favorables; además de pedidos de interceptación de teléfonos y seguimientos ilegales contra dirigentes políticos de oposición, sin orden judicial.
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