Por Alberto Mayol, Sociólogo. Académico Universidad de Santiago.
En ese escenario complejo, Brasil aparece como un caso particularmente revelador, porque ha intentado enfrentarlos de manera explícita y sistemática.
1. El escenario de los países subdesarrollados.
Hay una ilusión persistente en buena parte del pensamiento económico y político. Se trata de la idea de que el desarrollo sigue siendo, ante todo, un problema de buenas decisiones internas, de políticas públicas bien diseñadas y de una inserción razonable en el mercado global. Pero esa ilusión pertenece a un mundo que ya no está. Muchos países subdesarrollados se mueven entre la ingenuidad de los recetarios de hace dos o tres décadas y algo peor, la convicción de que el poder político puede gestionarse de modo disruptivo (una enseñanza exitosa en lo electoral y catastrófica en la política).
Para los países subdesarrollados es fundamental comprender que ellos operan en un sistema donde las reglas no están dadas, sino que son continuamente reconfiguradas por quienes concentran poder tecnológico, financiero y geopolítico. Ya no basta con “hacer bien las cosas” hacia adentro, porque el afuera dejó de ser un entorno estable. Lo que hay afuera es un campo en disputa con muy relevante movilidad y complejidad.
Ahora bien, ese cambio no implica que las estructuras tradicionales hayan desaparecido o perdido relevancia. Los Estados siguen siendo actores decisivos —quizás más que hace una década—, y las grandes plazas financieras continúan organizando los flujos de capital a escala global. Las decisiones geopolíticas, las sanciones, los acuerdos comerciales, siguen teniendo como protagonistas centrales a los gobiernos. Las bolsas, los bancos, los sistemas financieros tradicionales, siguen marcando el ritmo de la economía mundial. No estamos ante un reemplazo del poder, pero…
El mundo que estamos viviendo muestra un escenario de reformulación particularmente claro, incluso dramáticamente explícito. La sismicidad del sistema es alta: cada día desde hace ya varios años, tiembla políticamente. A veces son crispaciones sociales, en otras ocasiones son crisis institucionales y en otros casos la lucha geopolítica que ya se encuentra en situación de desborde (aunque todavía no ha ocurrido realmente).
Hay una reconfiguración geopolítica.
Y en ese escenario lo que ha ocurrido es que ese poder se ha expandido hacia nuevos espacios, menos visibles y más difíciles de captar con las categorías clásicas. Hay un poder en nuevos espacios que se manifiesta de manera más opaca. Hablamos de las grandes tecnológicas, los fondos de inversión, las plataformas digitales, que no han sustituido al Estado ni al sistema financiero tradicional, pero han adquirido una capacidad de incidencia que antes no tenían. No gobiernan, pero condicionan. Operan en zonas donde la regulación es más difusa, donde la transparencia es menor, donde las decisiones se vuelven más difíciles de rastrear. Y eso altera profundamente la forma en que se ejerce el poder.
El resultado no es un sistema más simple, sino más complejo. El poder ya no está concentrado en unos pocos centros claramente identificables, sino distribuido en una red de actores que interactúan, compiten y, muchas veces, se superponen.
Los Estados negocian con empresas que tienen escala global; los mercados reaccionan a decisiones políticas que se toman en contextos opacos; las plataformas tecnológicas configuran espacios de acción que luego los gobiernos intentan regular. Todo ocurre al mismo tiempo, en distintos niveles, sin una jerarquía completamente clara. Esto es interpretativamente difícil de asir. Los legisladores no tienen la capacidad de vislumbrar el impacto de estos procesos ni sus estructuras de asesoría permiten una visión más amplia. Pasa lo mismo con los gobiernos, a pesar de que su dependencia de estos problemas es mayor. Pero aún así el escenario político no aparece muy capacitado para este nivel de decisiones.
Por esto, el poder se ha vuelto más difuso y más difícil de gobernar. Y en ese nuevo escenario, los países subdesarrollados enfrentan un desafío mayor, porque no solo deben lidiar con desigualdades tradicionales, sino también con un sistema cuya lógica de funcionamiento es cada vez menos transparente y más exigente en términos de capacidad estratégica. No basta con entender el mundo; hay que aprender a moverse dentro de él sin perderse.
En ese entorno, el desarrollo deja de ser un proceso lineal y se convierte en una trayectoria incierta, sometida a fuerzas externas que pueden habilitar o bloquear caminos enteros.
La brecha tecnológica se ha transformado en el núcleo duro de esta desigualdad. No se trata simplemente de producir bienes más sofisticados, sino de controlar los sistemas que organizan la producción global: los chips, los algoritmos, las plataformas, las redes logísticas. Es ahí donde se decide quién define las reglas y quién las sigue. Para los países subdesarrollados, esto implica una paradoja, pues incluso cuando avanzan, lo hacen sobre infraestructuras que no controlan. La dependencia ya no es visible en la balanza comercial; está incrustada en la arquitectura del sistema. En vez de alejarnos del diagnóstico de Faletto y Cardoso, nos acercamos.
A esto se suma la dimensión financiera, que opera como una especie de fuerza gravitacional. Las monedas fuertes, los centros financieros, las agencias de riesgo, todos ellos configuran un entorno donde la estabilidad de un país depende, en gran medida, de percepciones externas. Cuando un país intenta modificar su trayectoria —por ejemplo, mediante políticas industriales o cambios en su inserción internacional— puede enfrentar presiones cambiarias, salidas de capital o encarecimiento del crédito. No es necesario un “ataque” coordinado; basta con que el sistema interprete que hay riesgo para que se active una dinámica de disciplinamiento.
En paralelo, las cadenas globales de valor han dejado de ser meros mecanismos de eficiencia para convertirse en instrumentos de poder. La re localización productiva, la búsqueda de proveedores confiables, todo ello responde a una lógica donde la geopolítica redefine la economía. Mover una empresa cuya instalación cuesta tres mil millones de dólares es cada vez más frecuente. Y lo es porque se ha cambiado el paradigma: no se trata solo de buscar lo más barato, sino lo más seguro.
Esto implica que un país que tiene numerosas industrias de distintos rubros puede verse afectado por cambios normativos que se consideraban lógicos o por aumento del crimen organizado o la delincuencia habitual. Incluso un alineamiento político puede afectar. Hace pocos años grandes instalaciones de alto costo de movimiento garantizaban la permanencia, hoy no es así.
Para los países subdesarrollados, esto abre oportunidades —integrarse como alternativas a ciertos nodos—, pero también introduce una dependencia más volátil, porque esas decisiones pueden revertirse rápidamente si cambian las prioridades estratégicas de las grandes potencias. Además, supone desafíos de formación técnica y científica que suelen quedar lejos cuando se comienza este camino desde sistemas educativos deficientes, como es habitual en países subdesarrollados.
La diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados no es solo una cuestión de ingreso, sino de capacidades acumuladas —educativas, tecnológicas, institucionales— que se reflejan, por ejemplo, en brechas de aprendizaje equivalentes a varios años de escolaridad según PISA. Esa distancia no se corrige con medidas puntuales ni en un ciclo político: avanzar de manera significativa mediante políticas públicas requiere una o dos décadas de intervención sostenida, especialmente en educación, productividad y capacidades estatales. Y, pese a momentos de convergencia parcial en algunos países, la tendencia general ha sido más bien de separación o estancamiento relativo.
Ahora bien, dentro de este escenario adverso, no todos los países han permanecido inmóviles. Algunos han comenzado a avanzar por una ruta distinta, marcada por la planificación estratégica y la adaptación consciente al nuevo entorno. India ha desarrollado una política explícita de “autonomía estratégica”, combinando inversión en infraestructura digital propia, política industrial en sectores tecnológicos y una diplomacia que evita alineamientos rígidos; Vietnam ha optado por una inserción intensiva en cadenas globales de valor con fuerte control estatal y orientación exportadora; Indonesia ha impulsado su estrategia “Making Indonesia 4.0”, basada en industrialización avanzada y control de recursos críticos como el níquel. Ninguno de estos casos es exitoso en términos absolutos, pero todos muestran una intencionalidad clara: no aceptar pasivamente su posición.
Lo que caracteriza a estos países no es tanto el resultado como el enfoque. Hay un reconocimiento explícito de que el contexto global ha cambiado y que, por lo tanto, las recetas tradicionales ya no son suficientes. Se diseñan políticas industriales, se regulan inversiones extranjeras en sectores sensibles, se construyen infraestructuras críticas, se diversifican socios comerciales. Todo ello responde a una lógica que podríamos describir como búsqueda de autonomía relativa, no de independencia absoluta.
En este marco, la antigua dicotomía entre apertura y cierre pierde sentido. Ningún país puede aislarse sin pagar costos prohibitivos, pero tampoco puede abrirse sin condiciones y esperar que el mercado global resuelva sus problemas. La integración pasiva conduce a la dependencia; la autarquía, al estancamiento. Lo que emerge es una zona intermedia, incómoda, donde los países deben participar activamente del sistema mientras intentan protegerse de sus efectos más adversos. Es un equilibrio frágil, que requiere capacidad de coordinación y una lectura fina del entorno.
Esta situación redefine el papel del Estado. Lejos de retirarse, el Estado vuelve a ocupar un lugar central como articulador de estrategias, como inversor en sectores clave, como regulador de flujos críticos. Pero no se trata de un retorno al estatismo clásico, sino de una forma más compleja de intervención, orientada a gestionar interdependencias. El Estado no sustituye al mercado. Lo que se busca es encauzarlo, protegerlo en ciertos ámbitos y asumir los riesgos de exposición en otros, según una lógica estratégica que no siempre es visible en el corto plazo.
Aquí aparece una tensión particularmente compleja. Se trata de la necesidad de políticas de largo plazo frente a sistemas políticos de corto plazo. La industrialización, la construcción de infraestructura, el desarrollo tecnológico, todo ello requiere décadas de inversión sostenida. Sin embargo, los sistemas políticos de muchos países subdesarrollados son volátiles, fragmentados, sujetos a cambios abruptos de dirección. La continuidad estratégica se vuelve difícil, y cada interrupción no solo detiene el proceso, sino que puede desarticular lo ya construido.
En ese contexto, el desarrollo deja de ser un horizonte claramente definido y se transforma en un proceso de ajuste permanente. Ya no se trata de alcanzar un estado final, sino de mejorar la posición relativa dentro de un sistema dinámico y desigual. Reducir vulnerabilidades, diversificar dependencias, construir capacidades en nichos estratégicos: esos son los nuevos objetivos. Es un enfoque menos épico, pero más realista, que asume que el desarrollo, hoy, es ante todo una práctica de supervivencia inteligente.
2. La apuesta de Lula en Brasil.
En ese escenario complejo, Brasil aparece como un caso particularmente revelador, porque ha intentado enfrentarlos de manera explícita y sistemática. Bajo el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva, el país ha desplegado una estrategia que combina elementos defensivos y ofensivos, con el objetivo de aumentar su autonomía relativa sin romper con el sistema global. Brasil no parte desde cero: tiene escala, recursos, nivel científico razonable y una base industrial significativa, pero también arrastra limitaciones que condicionan su margen de acción.
La primera característica de esta estrategia es su forma de alineamiento, que si bien es con los BRICS (lo que le une a Rusia y China), ha tenido la habilidad para evitar aislarse ni alinearse completamente con una potencia específica. En lugar de ello, adopta un enfoque de multialineamiento, manteniendo relaciones funcionales con distintos actores. Esta posición le permite negociar desde una mayor flexibilidad, evitando compromisos que reduzcan su autonomía. Pero también exige una diplomacia sofisticada, capaz de sostener equilibrios en un entorno complicado.
Un elemento central es la construcción de redundancias en áreas críticas. En el plano financiero, la participación en los BRICS y el fortalecimiento del Nuevo Banco de Desarrollo buscan ofrecer alternativas parciales al sistema dominado por el dólar. Los acuerdos en monedas locales con socios estratégicos apuntan en la misma dirección. No se trata de abandonar el sistema existente, sino de reducir la exposición a sus riesgos.
En el ámbito industrial, Brasil ha impulsado programas de reindustrialización que buscan recuperar capacidades y desarrollar nuevas áreas estratégicas. El rol del banco del desarrollo (BNDES) es fundamental, actuando como brazo financiero del Estado. La apuesta es selectiva, orientada a sectores con potencial de impacto futuro, más que a una industrialización generalizada.
La energía constituye uno de los pilares más sólidos de la estrategia. La combinación de recursos fósiles y renovables le otorga a Brasil una base de autonomía poco común. La empresa estatal Petrobras desempeña un rol central, mientras que la apuesta por biocombustibles e hidrógeno verde proyecta al país hacia la transición energética global. Esta dualidad le permite operar en el presente y prepararse para el futuro.
En infraestructura, el país ha retomado proyectos de integración y mejora logística. Los corredores bioceánicos, la modernización de puertos y la inversión en transporte buscan reducir costos y facilitar el comercio. Brasil no se ha alineado con la “ruta de la seda” de China, sino que ha diseñado su propio camino. Ha enfatizado su autonomía estratégica aun cuando es evidente que su proximidad es con China y que sus jugadas van más encaminadas a disputar poder en la zona americana con Estados Unidos, pero entiende que es un desafío mayor y que aún está lejos. Es un diagnóstico serio y un diseño particularmente sólido, aunque no otorga garantías.
Sin embargo, la historia de estos proyectos muestra que la ejecución es un desafío persistente. La estrategia depende tanto del diseño como de la capacidad de implementación.
3. El proyecto PIX.
El proyecto PIX probablemente avance en escalamiento internacional y es probable que tenga relevancia hemisférica en los próximos años. Este proyecto es un sistema de pagos, que ha transformado el sistema financiero interno.
PIX es, en apariencia, algo muy simple: un sistema que permite enviar dinero en segundos desde el móvil, a cualquier hora, cualquier día, sin tener que recordar números interminables ni esperar a que “abra el banco”. Pero esa simplicidad es engañosa. Detrás hay una decisión estructural que es la clave del diseño: que el sistema de pagos —esa capa invisible por donde circula toda la economía cotidiana— deje de depender de intermediarios privados y pase a organizarse desde una infraestructura pública.
En la práctica, basta un número de teléfono, un correo o un código QR, y el dinero se mueve de una cuenta a otra de forma inmediata y definitiva. Ha penetrado fuertemente en pago en tiendas y en transferencias personales. No hay datáfono en la tienda, solo un código QR. Y las comisiones son exiguas y solo para las tiendas, siendo mucho más baratas que las privadas. Hoy PIX tiene el 55% de las transacciones, es decir, ya es el método dominante.
PIX reduce costos y amplía el acceso. Es en la vista cotidiana. Pero también altera el mapa del poder. Donde antes operaban redes privadas que cobraban por cada transacción y controlaban el flujo de pagos, ahora aparece un sistema donde el Estado define la base sobre la cual todos tienen que operar. No elimina a los actores privados, pero los reordena y les exige una competencia que orogue más poder a los actores más pequeños.
Pero hay más.
Las plataformas de pago tienen un gran poder internacional. Y Brasil está construyendo una pieza nueva en el tablero de la soberanía. Y la pieza juega dentro del juego principal, es decir, dónde y cómo se mueve el dinero.
Para varias empresas PIX es un riesgo y para países dominantes en el concierto internacional también lo es. Todo indica que esos actores han aceptado (de mala gana) el caso brasileño, pero temen que esto se proyecte a otros países.
Este tipo de innovaciones demuestra que es posible desarrollar soluciones propias en ciertos ámbitos. No obstante, en tecnologías de frontera, el país sigue dependiendo de actores externos, lo que limita su autonomía. Pero es justamente en este punto donde se verifica un valor excepcional de PIX: y es que demuestra que es posible construir sistemas críticos a escala nacional sin depender completamente de proveedores externos.
No se trata de competir en la frontera más avanzada de la tecnología —como ocurre con los semiconductores o la inteligencia artificial—, sino de intervenir en un nivel distinto, pero igualmente estratégico: la arquitectura de uso masivo. PIX es una tecnología de infraestructura, no de laboratorio, y en ese sentido su impacto es inmediato y profundo.
Ahora bien, no debemos dejar pasar que las tecnologías de punta para el futuro son cruciales y que estar fuera del juego de chips, superconductores, inteligencia artificial avanzada y computación cuántica implica aceptar una posición subordinada en la arquitectura del poder global, donde no solo se consumen tecnologías diseñadas por otros, sino que además se depende de decisiones externas para acceder a ellas, condicionando así la capacidad de desarrollo, la autonomía estratégica y, en última instancia, el margen real de soberanía de los países.
En definitiva, PIX no reemplaza a las redes globales, pero reduce la dependencia de ellas en el ámbito interno y abre la posibilidad de conexiones alternativas a nivel internacional. En ese sentido, no es solo una innovación técnica, sino un movimiento estratégico: una forma de disputar, desde la periferia, el control sobre los circuitos fundamentales del dinero.
La defensa también forma parte de esta lógica de autonomía relativa. Empresas como Embraer y proyectos estratégicos reflejan un intento de mantener capacidades propias en un ámbito sensible. Aunque la escala es limitada, estas iniciativas contribuyen a reducir la dependencia.
La integración regional es otro componente clave, aunque menos desarrollado. El fortalecimiento del Mercosur y la búsqueda de mayor coordinación latinoamericana son vistos como condiciones necesarias para aumentar la escala de acción. Sin embargo, la fragmentación política de la región dificulta avances sostenidos.
El mayor desafío de la estrategia brasileña no está en su diseño, sino en su sostenibilidad. Todas estas políticas requieren tiempo, inversión y continuidad política. Los ciclos electorales, las tensiones internas y las presiones externas pueden interrumpir o revertir los avances. El éxito dependerá de la capacidad de las futuras administraciones para comprender y continuar esta lógica. De momento solo Lula ha logrado imprimir en sus gobiernos esta perspectiva. Será relevante saber si los continuadores tendrán la capacidad para continuar el camino.
4. ¿Tiene Chile algo que aprender del caso brasileño?
Hay algo problemático en la manera en que Chile se está pensando a sí mismo: la tendencia a convertir un éxito pasado en una identidad permanente. Lo que ocurrió en los años noventa no fue menor. Hubo crecimiento, estabilidad, inserción internacional, una institucionalidad que funcionaba razonablemente bien. Eso generó una convicción, casi una certeza cultural, de que el camino estaba encontrado. Y cuando un país cree que ya encontró su camino, deja de mirar con suficiente atención el terreno por el que está caminando. Ningún país ha logrado traspasar umbrales con una sola fórmula. Cada era tiene su afán.
La situación actual es clara. El terreno cambió y lo hizo de manera radical. El mundo en el que Chile logró ese desempeño era un mundo donde la globalización premiaba la apertura, donde las cadenas de valor buscaban eficiencia, donde la política tenía menos capacidad de intervenir en la economía global y donde seguir las recetas de entidades como el FMI o el Banco Mundial garantizaban flujos de inversiones. Hoy nada de eso es plenamente cierto.
La seguridad económica reemplazó a la eficiencia como criterio, la geopolítica atraviesa las decisiones productivas y la tecnología redefine jerarquías a una velocidad difícil de seguir. Muchas de las grandes fortunas funcionan distinto al pasado. Hoy esas grandes fortunas no se juegan únicamente en la bolsa, donde todo es visible, medible y, en cierta forma, regulado. Una parte creciente de ese poder se mueve en circuitos más opacos: fondos privados, estructuras de inversión difíciles de rastrear, arquitecturas financieras que no están expuestas al mismo nivel de escrutinio. La bolsa sigue siendo central, pero ya no es el único escenario. El poder económico se ha desplazado parcialmente hacia zonas donde mirar es más difícil. Esto supone dificultades de gobernanza.
Y frente a eso, Chile no parece haber hecho el ajuste conceptual necesario.
Lo que se observa es más bien una especie de repetición. No en el sentido caricaturesco, sino en algo más sutil: una insistencia en perfeccionar un modelo que fue exitoso, pero en condiciones que ya no existen. Se discute cómo mejorar la apertura, pero no cómo operar en un mundo donde abrirse puede implicar vulnerabilidad. Se insiste en la estabilidad macroeconómica —que sigue siendo valiosa—, pero sin complementarla con estrategias de resiliencia frente a shocks externos. Se valora la inserción global, pero no se problematiza su forma, ni los riesgos asociados a depender de decisiones que se toman fuera. Chile ha hablado de cadenas de valor, pero no las ha construido. Y en el camino ha cometido errores elementales.
Hay, en el fondo, una dificultad para aceptar que el problema cambió de naturaleza. Y cuando el problema cambia, las soluciones también deben hacerlo.
A esto se suma un sistema político que ha entrado en una fase de alta fragmentación. La conflictividad de los últimos años no solo ha tensionado a las instituciones, sino que ha dificultado la posibilidad de construir horizontes compartidos.
Pero quizás el punto más delicado no está en la política ni en la economía, sino en algo más profundo: en la forma en que el país se representa a sí mismo. Chile sigue mirándose como un caso exitoso que necesita ajustes, cuando en realidad enfrenta un problema de reposicionamiento en un sistema global que cambió. Chile no puede seguir jugando al táctico, sino que necesita una nueva estrategia. Y esa diferencia es clave. Porque ajustar no es lo mismo que avanzar en redefiniciones estructurales.
El ejemplo de Brasil debiera ser un caso de estudio parta el gobierno y los congresistas. Analizar sus aciertos y errores ayudaría a retomar la discusión sobre el desarrollo, que tanto ha quedado relegada desde que asumimos (según parece por el silencio cómplice) que era promesa no existe más.
Editor: contacto@noticiascomunitarias.cl
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