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El balance del Poder Judicial revela que más de $3 billones se han ordenado pagar mediante retenciones de fondos previsionales de AFP y otros $822 mil millones desde cuentas bancarias e instrumentos financieros. Sin embargo, todavía existen más de $54.833 millones en deudas vigentes registradas, mientras 376 mil inscripciones continúan activas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

A cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.389, conocida popularmente como Ley Papito Corazón, el Poder Judicial dio a conocer un balance que dimensiona el alcance de los mecanismos de cobro de pensiones alimenticias en Chile: entre noviembre de 2022 y noviembre de 2026, los tribunales han ordenado pagar más de $3,88 billones a favor de quienes tienen derecho a recibir estos recursos.

La cifra, equivalente al 1,98% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile, fue informada por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien destacó los resultados obtenidos mediante la aplicación de la Ley N.º 21.484, sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos.

Se trata de una de las cifras más significativas desde la implementación de los mecanismos legales destinados a enfrentar el incumplimiento de las obligaciones alimenticias, particularmente aquellas que durante años permanecieron impagas pese a las resoluciones judiciales que ordenaban su cumplimiento.

Más de $3 billones salieron de fondos previsionales.

El balance revela que la mayor parte de los montos cuyo pago ha sido ordenado por los tribunales proviene de los ahorros previsionales de los deudores.

En concreto, mediante el procedimiento extraordinario, que permite utilizar los fondos de capitalización individual de cotizaciones obligatorias administrados por las AFP, se han decretado órdenes de pago por $3.063.238.130.057, beneficiando a 307.734 representantes legales.

A esto se suman otros $822.205.170.505 correspondientes al procedimiento especial, que permite retener recursos desde cuentas bancarias e instrumentos financieros de los deudores. Este mecanismo ha alcanzado a 404.400 representantes legales.

En conjunto, ambos procedimientos suman $3.885.443.300.562 en órdenes de pago decretadas por los tribunales.

El resultado muestra la dimensión de una legislación que cambió sustancialmente las herramientas disponibles para exigir el cumplimiento de las pensiones alimenticias, permitiendo perseguir directamente los recursos financieros y previsionales de quienes mantienen obligaciones impagas.

Más de 376 mil deudores siguen inscritos.

Sin embargo, las cifras de recuperación conviven con otra realidad: el incumplimiento de las obligaciones alimenticias continúa siendo un problema de gran magnitud.

De acuerdo con las estadísticas consolidadas del Poder Judicial, entre el 18 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, los 141 tribunales con competencia en materia de Familia del país han ordenado un total de 728.700 inscripciones en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

De ellas, 376.644 permanecen vigentes, mientras que otras 352.056 han sido canceladas.

Esto significa que más de la mitad de las inscripciones acumuladas continúa activa, una señal de que, pese a los avances en los mecanismos de cobro, el problema está lejos de desaparecer.

Aún más ilustrativo es el monto que permanece registrado como deuda: $54.833.093.126 en pensiones alimenticias impagas correspondientes a las causas vigentes en el sistema administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

La advertencia de la presidenta de la Corte Suprema.

La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, destacó la importancia de garantizar el pago oportuno de las pensiones alimenticias, especialmente por su impacto directo en las condiciones de vida y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

«El pago oportuno de las pensiones de alimentos es trascendental para que las personas puedan satisfacer sus necesidades espirituales y materiales desde su infancia, pues así tendremos una sociedad conformada por personas sanas y equilibradas. Si bien la ley va en el camino correcto, no es suficiente, pues se deben adoptar todas las medidas necesarias para respetar los derechos fundamentales de todas las personas y en especial, de los niños, niñas y adolescentes», señaló.

Pero la autoridad también puso sobre la mesa una dificultad institucional que suele quedar relegada frente a las cifras de recuperación: la sobrecarga de trabajo que enfrentan los tribunales de Familia.

Chevesich reconoció que los resultados alcanzados han sido posibles gracias al esfuerzo de los funcionarios judiciales y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pese a que, según advirtió, no se entregaron los recursos necesarios para enfrentar las nuevas exigencias legales.

La presidenta de la Corte Suprema sostuvo que los trabajadores han debido asumir estas nuevas responsabilidades sin contar con los medios suficientes, lo que ha significado un importante costo humano para quienes deben responder a la creciente demanda de los tribunales.

Una deuda que todavía interpela al sistema.

El balance de los primeros cuatro años de la legislación deja dos conclusiones que deben analizarse conjuntamente.

Por una parte, los mecanismos de cobro han permitido que los tribunales ordenen pagos por casi $3,9 billones, utilizando recursos financieros y previsionales que anteriormente podían resultar difíciles de alcanzar para quienes reclamaban el cumplimiento de las obligaciones alimenticias.

Por otra, la persistencia de más de 376 mil inscripciones vigentes y de una deuda superior a los $54.833 millones demuestra que la legislación, pese a sus resultados, no ha conseguido resolver completamente el problema.

El desafío no consiste únicamente en incrementar las órdenes de pago, sino también en garantizar que las pensiones se cumplan oportunamente, que los mecanismos de cobro funcionen con eficacia y que los tribunales dispongan de los recursos humanos y materiales necesarios para responder a esta demanda.

Cuatro años después de la puesta en marcha de la Ley Papito Corazón, las cifras muestran un cambio relevante en la capacidad del Estado para perseguir las deudas alimenticias. Pero también recuerdan que detrás de cada inscripción vigente existe una obligación pendiente y, muchas veces, una familia que continúa esperando recursos indispensables para su subsistencia.

Distribución territorial y gestión de tribunales.

El desglose a nivel nacional de envíos vigentes al Registro Nacional de Deudores es el siguiente:

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