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Por: Marco Antonio Vásquez Ulloa, Contador Público y Auditor de la Universidad de la Frontera es además Ingeniero Comercial, licenciado en Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Chile. Obtuvo su título de Magister en Gestión mención Gestión empresarial en posgrado dictado por la Universidad de la Frontera en alianza con la Write State University de Ohio de U.S.A.. En el último periodo se ha especializado en Gerencia Social y Políticas Públicas con cursos desarrollados en FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) Chile, y en Entrepreneurship Education Babson College U.S.A.

Las cifras macroeconómicas suelen ser frías. Hablan de inflación, crecimiento y empleo como si fueran conceptos abstractos. Sin embargo, la economía se vive todos los días en la fila del supermercado, al pagar la cuenta de la luz o al cargar combustible. Y es allí donde miles de familias chilenas sienten que, pese a las promesas, ya no hay bolsillo que aguante.

Es cierto que la inflación general ha retrocedido respecto de los niveles extraordinarios observados tras la pandemia. Durante 2026 el IPC acumula una variación cercana al 4,5%, una cifra distante de los máximos registrados años atrás. Sin embargo, el problema es que los precios no vuelven atrás. Lo que subió se quedó arriba, transformando en permanentes aumentos que originalmente se presentaban como transitorios.

El golpe tampoco ha sido igual para todos. Los hogares de menores ingresos destinan una proporción mucho mayor de sus recursos a alimentación, transporte, electricidad y combustibles. Utilizando la metodología del llamado IPC-Q1 o «IPC de los pobres», desarrollada para reflejar la realidad del primer quintil de ingresos, la inflación efectivamente enfrentada por estos hogares podría acercarse al 5,7% durante 2026, superando ampliamente el promedio nacional.

A ello se suman las alzas de las tarifas eléctricas, el encarecimiento de los combustibles y los mayores costos de transporte que terminan trasladándose al precio de prácticamente todos los bienes y servicios. El resultado es evidente: cada mes alcanza para menos.

Pero el costo de la vida no es el único problema. La otra cara de la moneda es un mercado laboral debilitado. La tasa de desocupación bordea el 9,8%, mientras la suma de desempleo y subempleo involuntario alcanza un preocupante 16,5%. A ello se agrega una informalidad superior al 26%, reflejando que muchas personas trabajan, pero sin estabilidad ni protección social.

Lo más preocupante es que Chile parece haberse acostumbrado a crecer poco. Una economía que durante décadas exhibió expansiones cercanas al 5% hoy se conforma con cifras que apenas permiten sostener el empleo y los ingresos. Sin crecimiento, no hay aumento sostenible de salarios, ni oportunidades para las pymes, ni recursos suficientes para financiar mejores políticas públicas.

La evidencia internacional demuestra que sí es posible revertir esta situación. Países como Nueva Zelanda, Irlanda, y Canadá recuperaron el dinamismo mediante reglas claras para la inversión, disciplina fiscal, modernización del Estado y una decidida apuesta por la productividad.
Chile necesita retomar ese camino. Menos incertidumbre, menos burocracia y más crecimiento. Porque cuando la economía deja de generar oportunidades y el costo de la vida sigue avanzando, son las familias las que terminan financiando los errores. Y para ellas, simplemente, ya no hay bolsillo que aguante.

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