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La denuncia contra el persecutor de La Araucanía habría surgido durante una declaración relacionada con otra investigación. El funcionario fue suspendido de sus funciones y enfrenta un sumario administrativo, mientras la investigación penal quedó en manos de la Fiscalía Regional de Los Lagos para garantizar su independencia.

Una estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Temuco (UCT) sería quien denunció al fiscal adjunto de La Araucanía, Miguel Ángel Velásquez, por hechos que podrían constituir un delito de abuso sexual. Así lo señalaron fuentes consultadas, que sitúan el origen de la denuncia en una declaración prestada por la alumna en el contexto de otra investigación.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por este medio, la estudiante habría sido citada a declarar a propósito de una denuncia presentada por otra alumna contra un tercero. Sin embargo, durante esa instancia habría relatado una situación que la afectaba directamente y que involucraría al persecutor.

A partir de esos antecedentes, los hechos habrían sido puestos en conocimiento de la Policía de Investigaciones (PDI), dando inicio a las actuaciones correspondientes y posteriormente a la intervención del Ministerio Público.

Hasta ahora, la Universidad Católica de Temuco no ha entregado una declaración pública sobre la eventual vinculación de la denunciante con la institución ni sobre los antecedentes que han trascendido respecto del caso.

Fiscalía ordenó suspensión y abrió sumario administrativo.

La denuncia tuvo consecuencias inmediatas en el ámbito institucional. Una vez conocidos los antecedentes, el fiscal regional de La Araucanía, Héctor Leiva, dispuso la instrucción de un sumario administrativo y la suspensión de funciones del persecutor denunciado.

La Fiscalía Nacional resolvió, además, que la investigación penal fuera asumida por la Fiscalía Regional de Los Lagos, encabezada por Carmen Gloria Wittwer, con el propósito de resguardar la independencia y objetividad de las diligencias.

A través de un comunicado, el Ministerio Público informó:

«La Fiscalía Nacional informa que, tras recibirse una denuncia en contra de un fiscal adjunto de la Región de La Araucanía por hechos que podrían constituir un delito de abuso sexual, el fiscal regional, Héctor Leiva, dispuso de manera inmediata la instrucción de un sumario administrativo y la suspensión de funciones del funcionario denunciado».

La institución agregó que ha puesto especial énfasis en proteger los derechos, la integridad y la privacidad de la denunciante, procurando evitar su revictimización durante el desarrollo del procedimiento.

La decisión de trasladar la investigación penal a otra región busca evitar eventuales conflictos de interés y entregar garantías de imparcialidad, considerando que el denunciado pertenece precisamente a la institución encargada de investigar delitos.

La defensa asegura que desconoce los antecedentes.

Frente a la denuncia, Verónica Aliaga, abogada de Miguel Ángel Velásquez, confirmó que existe una presentación ante la Policía de Investigaciones, aunque manifestó que su representado todavía no conoce formalmente su contenido.

«Efectivamente, existe una denuncia ante la Policía de Investigaciones. Sin embargo, no conocemos los hechos ni el contexto de esta supuesta denuncia. Y tampoco la conoce nuestro representado», señaló la profesional.

La abogada también manifestó que tanto ella como otras personas mantienen su confianza en la inocencia del fiscal.

De esta manera, mientras el Ministerio Público desarrolla las investigaciones penales y administrativas, la defensa sostiene que todavía desconoce los hechos específicos que motivaron la denuncia.

El silencio de la universidad.

Uno de los aspectos que permanece sin aclarar es el eventual vínculo de la denunciante con la Universidad Católica de Temuco y las circunstancias en que los antecedentes habrían surgido durante una declaración relacionada con otra investigación.

La institución universitaria no se ha pronunciado públicamente sobre estos antecedentes, pese a que la denuncia tendría como protagonista a una estudiante de su carrera de Derecho, según las fuentes consultadas por este medio.

En este escenario, resulta relevante conocer si la universidad ha tomado conocimiento formal de los hechos, si ha activado algún protocolo de acompañamiento o protección y si ha dispuesto medidas para resguardar la privacidad de la estudiante.

Por ahora, el caso sigue bajo investigación y será responsabilidad de las instancias competentes establecer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades penales o administrativas.

Mientras tanto, la suspensión del fiscal, el sumario interno y la derivación de la investigación a otra región constituyen las primeras decisiones institucionales adoptadas frente a una denuncia que, por su naturaleza y por el cargo del funcionario involucrado, exige especial rigurosidad, independencia y transparencia.

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