Una mesa interinstitucional reunió a organismos públicos para abordar las condiciones de salud, maternidad y primera infancia en contextos de encierro. Actualmente, Gendarmería registra seis lactantes y una mujer embarazada en establecimientos penitenciarios de la región, bajo el programa Creciendo Juntos.
El embarazo, la maternidad y la primera infancia adquieren una dimensión particularmente compleja cuando transcurren detrás de los muros de una cárcel. Se trata de una realidad que plantea exigencias especiales al Estado, no solo en materia de atención sanitaria, sino también en protección de derechos, condiciones de crianza y desarrollo integral de niños y niñas que viven junto a sus madres privadas de libertad.
Esta problemática fue abordada en una nueva sesión de la Mesa Regional de Mujeres Embarazadas y Niños en Contexto de Encierro de La Araucanía, instancia de coordinación interinstitucional encabezada por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Stephanie Caminondo Eyssautier, y en la que participaron representantes de distintos servicios públicos.
El encuentro tuvo como propósito revisar las necesidades de las mujeres gestantes y madres que cumplen condena o permanecen privadas de libertad, así como las condiciones de atención de los niños y niñas que residen con ellas en unidades penales de la región.
Entre las materias analizadas estuvieron el acceso oportuno a controles prenatales y pediátricos, la atención de salud física y mental, el acompañamiento durante la maternidad y la disponibilidad de espacios adecuados para el juego, el aprendizaje y el desarrollo emocional de los menores.
Sin embargo, más allá de la coordinación institucional, el desafío de fondo es garantizar que la privación de libertad de una madre no termine convirtiéndose en una vulneración adicional de los derechos de sus hijos. Una condición que obliga a las instituciones a adoptar medidas especiales y a situar el interés superior del niño por encima de las limitaciones propias del sistema penitenciario.
La seremi de Justicia y Derechos Humanos, Stephanie Caminondo, sostuvo que el trabajo de la mesa se enmarca en el compromiso gubernamental de promover la dignidad y el bienestar de las personas que se encuentran en establecimientos penitenciarios.
La autoridad señaló que la coordinación entre los distintos servicios busca impulsar acciones concretas de protección, procurando que el interés superior de niños y niñas sea un criterio central en las decisiones que afectan su vida cotidiana.
Por su parte, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Lagos Jofré, puso énfasis en la necesidad de garantizar que las mujeres privadas de libertad puedan ejercer sus derechos y acceder a las prestaciones de salud correspondientes. Entre las prioridades mencionó los controles preventivos, incluidas las mamografías, y el acompañamiento en salud mental para las mujeres embarazadas y aquellas que ejercen labores de crianza al interior de los recintos penitenciarios.
Seis lactantes y una mujer embarazada.
Uno de los antecedentes concretos entregados durante la jornada fue la situación actual de la población atendida por Gendarmería de Chile en el marco del programa Creciendo Juntos.
La directora regional de Gendarmería, coronel Denisse Melgarejo Gómez, informó que los establecimientos penitenciarios de La Araucanía registran seis lactantes y una mujer embarazada incorporados a este programa.
La oficial destacó la importancia de la coordinación con las seremías de Justicia, Mujer y Equidad de Género y Desarrollo Social y Familia, señalando que el trabajo conjunto permite abordar las necesidades de los menores que viven esta realidad.
La cifra, aunque acotada en términos numéricos, representa una responsabilidad institucional que exige respuestas permanentes y especializadas. La atención de estos niños no puede quedar supeditada exclusivamente a la disponibilidad de recursos o a las dinámicas administrativas de los establecimientos penitenciarios.
El desafío de pasar de la coordinación a las garantías efectivas.
La mesa regional reúne a representantes de Gendarmería de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el Servicio de Salud, la Defensoría Penal Pública y las seremías de Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Equidad de Género, y Desarrollo Social y Familia.
Su propósito es fortalecer las redes de apoyo, mejorar el acceso a prestaciones sanitarias y resguardar los vínculos familiares de las mujeres privadas de libertad y sus hijos.
No obstante, el principal desafío de este trabajo interinstitucional está en traducir los compromisos y las coordinaciones en medidas verificables: atención de salud oportuna, acompañamiento psicológico, condiciones adecuadas de habitabilidad y espacios que permitan a los niños desarrollarse en un entorno protegido.
La maternidad en contextos de encierro constituye una realidad que demanda una mirada que vaya más allá de la administración penitenciaria. Supone reconocer que los niños y niñas no están cumpliendo una condena y que, por tanto, sus derechos deben contar con garantías efectivas, independientemente de la situación judicial de sus madres.
En ese escenario, el trabajo de la mesa regional abre un espacio de coordinación necesario. El desafío pendiente es que sus acuerdos se traduzcan en respuestas concretas, con responsabilidades institucionales claras y mecanismos que permitan evaluar sus resultados. Porque cuando se trata de mujeres embarazadas y niños que viven en una cárcel, la protección de sus derechos no puede quedarse únicamente en una declaración de buenas intenciones.
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