Las familias de la comunidad Juan Bautista Gineo, en el sector Las Mariposas, aseguran que la operación de una planta de la empresa Pehuén Limitada ha deteriorado su calidad de vida y afectado sus actividades agrícolas y tradicionales. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente para exigir una fiscalización.
Vivir en sus propias casas se ha convertido, según denuncian, en un problema cotidiano. Desde hace aproximadamente 20 años, las familias de la comunidad mapuche Juan Bautista Gineo, ubicada en el sector Las Mariposas de Victoria, aseguran convivir con una persistente proliferación de moscas y malos olores provenientes de una planta porcina de la empresa Pehuén Limitada, emplazada a escasos metros de sus viviendas.
La situación, afirman sus habitantes, no solo ha deteriorado sus condiciones de vida, sino que también ha limitado el desarrollo de actividades agrícolas y tradicionales, afectando la relación de las familias con sus propios terrenos.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que, pese a los años transcurridos y a las distintas gestiones realizadas ante las autoridades, el problema continúa sin una solución definitiva.
La empresa ha mantenido un sistema de fumigaciones cada 15 días, acordado con las familias para enfrentar la proliferación de insectos. Sin embargo, la medida estaría lejos de resolver el problema.
Jimena Mila, presidenta de la comunidad, explicó que el procedimiento implica importantes dificultades para los habitantes, quienes deben abandonar temporalmente sus viviendas mientras se realizan los trabajos.
La fumigación se extiende durante aproximadamente dos horas y posteriormente es necesario efectuar labores de limpieza y desinfección antes de que las familias puedan regresar a sus casas.
«Es muy agotador», resumió la dirigenta, dando cuenta de una situación que, según sostiene, se ha prolongado durante años sin que las medidas implementadas consigan terminar con las molestias.
Dos décadas de reclamos sin una solución definitiva.
Las familias aseguran que han participado en distintas mesas de trabajo y reuniones con autoridades, incluida la Municipalidad de Victoria, buscando una respuesta al problema. No obstante, consideran que las gestiones no han conseguido modificar sustancialmente sus condiciones de vida.
La posición de la comunidad es que la permanencia de la planta porcina resulta incompatible con la tranquilidad y las actividades que desarrollan en el sector.
Su vocera, Orieta Millalén, sostuvo que la expectativa de las familias es que la empresa retire sus instalaciones del lugar, ante la falta de una solución que permita terminar con las afectaciones denunciadas.
La controversia, por tanto, ya no se limita a las molestias ocasionadas por los olores o los insectos. También plantea cuestionamientos sobre la eficacia de las medidas de fiscalización y la capacidad de las instituciones públicas para responder a comunidades que denuncian problemas ambientales durante períodos prolongados.
INDH lleva el caso ante la Superintendencia del Medio Ambiente.
Ante la persistencia de las denuncias, el Instituto Nacional de Derechos Humanos decidió intervenir institucionalmente. Federico Aguirre, jefe regional del organismo, confirmó la presentación de una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), con el objetivo de que se investiguen eventuales infracciones ambientales asociadas al funcionamiento de la planta.
La intervención del INDH busca que los organismos competentes examinen los antecedentes y determinen si la operación de la instalación cumple con las exigencias ambientales y sanitarias correspondientes.
La abogada del organismo, Pamela Nahuelcheo, explicó que fiscalizaciones realizadas por la Seremi de Salud a comienzos de año ya habían detectado incumplimientos que derivaron en la aplicación de multas.
Sin embargo, advirtió que las sanciones económicas no necesariamente resuelven el problema que enfrentan las familias, especialmente si la actividad continúa desarrollándose mientras persisten las afectaciones en los predios vecinos.
El cuestionamiento apunta precisamente a la efectividad de las medidas adoptadas: si las infracciones detectadas terminan únicamente en sanciones económicas, sin conseguir corregir las condiciones que originan las denuncias, las comunidades continúan soportando las consecuencias.
Una respuesta que sigue pendiente.
El caso de la comunidad Juan Bautista Gineo vuelve a poner sobre la mesa la convivencia entre actividades industriales y comunidades rurales, particularmente cuando existen denuncias de afectaciones ambientales que se prolongan durante años.
La pregunta de fondo es qué medidas concretas pueden garantizar que las familias desarrollen su vida cotidiana sin tener que convivir permanentemente con malos olores, proliferación de insectos y procedimientos de fumigación en sus propias viviendas.
Mientras el INDH solicita la intervención de la Superintendencia del Medio Ambiente, los habitantes de Las Mariposas siguen esperando una respuesta que vaya más allá de las reuniones, las fumigaciones periódicas y las sanciones económicas.
Este medio intentó reiteradamente obtener una versión de la empresa Pehuén Limitada respecto de las denuncias y los cuestionamientos formulados por la comunidad, pero no obtuvo respuesta a sus requerimientos.
Diario Noticias Comunitarias
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