La PDI indaga un grupo de Telegram en el que se habrían difundido fotografías y videos íntimos de mujeres de Temuco, Padre Las Casas y Gorbea. Una abogada feminista advierte que también se publicaban datos que podrían facilitar el acoso a las víctimas y denuncia que algunas afectadas habrían recibido respuestas disuasivas al intentar denunciar. La Fiscalía ha recibido tres denuncias.
La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y la exposición de datos personales de mujeres están en el centro de una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) en La Araucanía. El caso apunta a un grupo de Telegram que, según los antecedentes conocidos, reuniría a más de mil usuarios y habría sido utilizado para compartir fotografías y videos de mujeres de distintas comunas de la región.
Entre las afectadas habría mujeres de Temuco, Padre Las Casas y Gorbea. De acuerdo con los antecedentes expuestos por una abogada que participa en una organización de profesionales feministas, el material habría sido obtenido desde redes sociales, aplicaciones de citas y registros privados, para luego circular de manera anónima en la plataforma.
La gravedad del caso no se limitaría a la distribución de imágenes. Según la misma profesional, en el grupo también se habrían publicado direcciones y otros datos personales de las mujeres, una práctica que podría exponerlas a nuevas formas de hostigamiento y comprometer su seguridad.
Difusión de imágenes y exposición de datos: el alcance de las denuncias.
La abogada Claudia Valdés, integrante de una asociación de profesionales feministas, sostuvo que los antecedentes apuntarían a una dinámica organizada de difusión de material íntimo y datos personales.
“Estamos en presencia de una agrupación delictual. Es un grupo de personas que se organizó para cometer un delito y esto es difundir no solo imágenes, sino que además links, datos, direcciones de las mujeres para efectos de que sean en el fondo acosadas”, afirmó.
La calificación jurídica de los hechos deberá ser determinada por los organismos competentes. Sin embargo, los antecedentes descritos plantean interrogantes sobre el alcance de la circulación del material, el eventual uso de los datos personales para facilitar el acoso y las responsabilidades que podrían derivarse de la participación de los usuarios.
Valdés también aseguró que habrían detectado un grupo con características similares en Talca, en la Región del Maule. Ese antecedente, de confirmarse, abriría la posibilidad de que este tipo de prácticas no se limite a una sola zona del país. Por ahora, no se han aportado en los antecedentes disponibles detalles que permitan establecer si ambos grupos están relacionados o si existe una estructura común entre ellos.
Denuncias que no habrían prosperado: Cuestionamientos a la respuesta policial.
Uno de los aspectos más preocupantes de los testimonios recogidos por la abogada apunta a la respuesta que habrían recibido algunas mujeres al intentar denunciar los hechos.
Según Valdés, hubo afectadas que acudieron a Carabineros y a quienes se les habría indicado que los hechos no constituían delito o que denunciar no tendría resultados. La profesional afirmó que una situación similar habría ocurrido con una mujer en Temuco.
“Fueron a Carabineros y resulta que Carabineros les dijo que no, que no estaban en presencia de un delito, que no sacaban nada con hacer la denuncia”, relató.
Estas afirmaciones requieren ser contrastadas con la versión institucional de Carabineros y con los antecedentes específicos de cada caso. No obstante, ponen sobre la mesa una cuestión relevante: cómo se reciben y tramitan las denuncias por violencia digital, qué orientación se entrega a las víctimas y qué mecanismos existen para evitar que una primera respuesta institucional termine desincentivando la búsqueda de protección.
La recepción de una denuncia es un paso fundamental para que los hechos puedan ser investigados y para que las autoridades determinen si existen responsabilidades penales. Por ello, las eventuales dificultades denunciadas deben ser esclarecidas, sin anticipar conclusiones sobre la actuación policial en ausencia de una versión oficial y de antecedentes verificables.
Fiscalía registra tres denuncias y la PDI investiga.
La fiscal Nelly Marabolí informó que, hasta ahora, el Ministerio Público ha recibido tres denuncias relacionadas con el caso. La investigación fue encomendada a detectives de la unidad de Cibercrimen de la PDI, que deberán establecer las circunstancias en que se difundió el material, identificar a los eventuales responsables y determinar el alcance de los hechos denunciados.
La persecutora también recordó que la presencia de víctimas menores de edad puede incidir en la gravedad penal de los hechos, de acuerdo con las circunstancias y los delitos que eventualmente se configuren.
La diferencia entre la magnitud que se atribuye al grupo —más de mil usuarios— y las tres denuncias informadas por la Fiscalía constituye un antecedente relevante, aunque no permite concluir por sí solo que exista una cifra determinada de víctimas ni establecer cuántas personas habrían participado efectivamente en conductas delictivas. Esos elementos deberán ser aclarados durante la investigación.
Por su parte, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género en La Araucanía, Carolina Lagos, calificó lo ocurrido como una forma de violencia contra las mujeres y manifestó su expectativa de que la investigación permita identificar a todos los involucrados y establecer las responsabilidades correspondientes.
La violencia digital y las preguntas que siguen abiertas.
El caso vuelve a poner en discusión la capacidad de las instituciones para responder ante formas de violencia que se despliegan en entornos digitales, pero cuyas consecuencias pueden extenderse mucho más allá de una pantalla. La circulación no consentida de imágenes íntimas, sumada a la eventual publicación de direcciones y datos personales, puede exponer a las afectadas a humillaciones, hostigamiento y riesgos para su privacidad y seguridad.
La investigación deberá esclarecer quiénes administraban el grupo, qué grado de participación tuvieron sus integrantes, cómo se obtuvo el material y si hubo conductas adicionales destinadas a facilitar el acoso. También será relevante determinar si existen otros canales similares y si los antecedentes sobre Talca guardan alguna relación con el caso de La Araucanía.
Por ahora, las autoridades cuentan con tres denuncias y una investigación especializada en curso. La identificación de los responsables, la protección de las afectadas y el esclarecimiento de las eventuales fallas en la recepción de denuncias serán aspectos centrales para determinar el alcance real de un caso que expone los riesgos de la violencia digital y los desafíos institucionales para enfrentarla.
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