Las denuncias por sustracción de vehículos motorizados subieron entre enero y agosto de 2026, mientras las órdenes de investigar del Ministerio Público aumentaron un 66%. El analista criminal Israel Campusano llamó al Gobierno a impulsar una estrategia preventiva ajustada a la realidad regional y advirtió que la respuesta no puede limitarse a actuar después de los delitos.
El aumento de las denuncias por robo de vehículos motorizados en La Araucanía vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central para la política de seguridad regional: ¿están las autoridades anticipándose a la evolución de estos delitos o la respuesta continúa concentrada principalmente en la reacción policial?
Los antecedentes difundidos por la Policía de Investigaciones (PDI) indican que las denuncias por este tipo de ilícitos aumentaron un 22% entre enero y agosto de 2026, en comparación con igual período del año anterior. En paralelo, las órdenes de investigar emanadas del Ministerio Público por estos delitos registraron un incremento del 66%, según los antecedentes reportados por medios regionales.
Las cifras constituyen una señal que merece atención, aunque ambos indicadores deben interpretarse por separado: el aumento de las denuncias da cuenta de la evolución de los hechos registrados, mientras que el incremento de las órdenes de investigar refleja la actividad investigativa asociada a estos delitos. Por sí solo, ninguno de estos porcentajes permite establecer todas las causas del fenómeno ni determinar si existe una relación directa entre ambas variaciones.
Frente a este escenario, Israel Campusano, analista criminal, diplomado en inteligencia estratégica de la ANEPE y primer seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, planteó la necesidad de que el Gobierno impulse una estrategia preventiva específica para enfrentar las encerronas, los portonazos y otras modalidades de robo violento de vehículos.
En entrevista con Meganoticias, Campusano sostuvo que la persecución penal y las detenciones son herramientas indispensables, pero insuficientes si no se acompañan de medidas destinadas a reducir las oportunidades de comisión de estos delitos.
“No podemos esperar a que el delito se consolide para empezar a actuar. La seguridad exige anticipación, no explicaciones después de la crisis”, afirmó.
Una estrategia de seguridad ajustada a la realidad regional.
El planteamiento del analista apunta a que La Araucanía desarrolle una respuesta que considere sus particularidades territoriales, las dinámicas de desplazamiento en Temuco y otras comunas, la dependencia del automóvil en determinados sectores y las dificultades de conectividad y transporte que enfrentan algunas localidades.
A juicio de Campusano, las políticas preventivas no deberían limitarse a reproducir medidas diseñadas para la Región Metropolitana, sino incorporar información territorial y patrones delictuales propios de la región.
Entre las herramientas que propone evaluar se encuentran el análisis criminal para identificar zonas y circunstancias de mayor riesgo, el uso de tecnología para detectar vehículos sustraídos y una coordinación más estrecha entre las policías, los municipios y las instituciones responsables de la seguridad pública.
También planteó la necesidad de investigar eventuales circuitos de comercialización ilícita de automóviles y piezas, considerando que el robo de vehículos puede estar vinculado a mercados ilegales. Sin embargo, la existencia de conexiones entre distintos hechos o de estructuras criminales específicas debe establecerse mediante antecedentes investigativos y no darse por acreditada únicamente a partir del aumento de las denuncias.
El desafío, en ese sentido, no consiste solo en reaccionar ante cada sustracción, sino también en determinar cómo operan los responsables, qué condiciones facilitan los delitos y qué medidas podrían reducir las posibilidades de que vuelvan a ocurrir.
Prevención, coordinación y evaluación de resultados.
Campusano sostuvo que la responsabilidad de enfrentar el problema no recae exclusivamente en las policías. Según indicó, el Gobierno debe impulsar la prevención, coordinar a las instituciones competentes y definir una respuesta acorde con los riesgos identificados en el territorio.
“Las policías investigan los hechos y cumplen una función indispensable. Pero el Gobierno también tiene la responsabilidad de impulsar la prevención, coordinar a las instituciones y definir una respuesta acorde con los riesgos que enfrenta la región”, señaló.
Su planteamiento también abre una discusión sobre la evaluación de las políticas de seguridad: no basta con anunciar planes o desplegar recursos; resulta necesario establecer objetivos verificables, definir responsabilidades institucionales y comunicar periódicamente los resultados.
En esa línea, el analista destacó la importancia de que la ciudadanía conozca los objetivos de la estrategia regional de seguridad y los mecanismos utilizados para medir su eficacia, resguardando al mismo tiempo la información operativa cuya divulgación pudiera perjudicar investigaciones o procedimientos policiales.
Para dimensionar el alcance del problema y evaluar la respuesta institucional, será relevante contar con información desagregada sobre las comunas afectadas, las modalidades de sustracción, la recuperación de vehículos, los resultados de las investigaciones y la evolución de los casos a lo largo del tiempo. Estos antecedentes permitirían distinguir tendencias generales de situaciones localizadas y orientar las medidas preventivas con mayor precisión.
El desafío de actuar antes de que el delito se consolide.
El aumento reportado de los robos de vehículos plantea una exigencia concreta para las autoridades regionales: traducir las cifras en medidas preventivas con objetivos claros y resultados evaluables.
La propuesta de Campusano pone el acento en la anticipación y en la adaptación de las políticas públicas a las condiciones de La Araucanía. Su implementación, sin embargo, requiere precisar qué acciones se priorizarán, qué instituciones asumirán las responsabilidades y con qué indicadores se determinará si las medidas producen resultados.
El analista manifestó su disposición a contribuir a la búsqueda de soluciones y reiteró su llamado a actuar oportunamente.
“La autoridad debe anticiparse. Aún estamos a tiempo de actuar para evitar que estas modalidades se consoliden y para entregar mayor seguridad a las familias de La Araucanía”, concluyó.
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