Por: Gemita Álvarez Sepúlveda, Médica Veterinaria, Magíster en Recursos Naturales, Académica en el Área Ambiental, Segunda vicepresidenta Nacional Federación Regionalista Verde Social (FREVS)
De los eventos extremos a la planificación territorial: Chile enfrenta el desafío de transformar sus compromisos climáticos en políticas públicas con financiamiento, descentralización y capacidad real de ejecución.
En julio de este año publiqué una columna titulada “Chile aprendió a convivir con los terremotos. Ahora debe aprender a convivir con el cambio climático”. En ella planteaba una reflexión que hoy, apenas tres meses después, adquiere una relevancia aún mayor: si Chile fue capaz de desarrollar normas, infraestructura y una cultura de prevención frente a los terremotos, ¿por qué seguimos enfrentando los fenómenos climáticos extremos principalmente desde la emergencia?
Desde mi experiencia como docente en materias ambientales, he insistido en que comprender el funcionamiento de los ecosistemas es fundamental para entender los riesgos que enfrentan nuestras comunidades. Los fenómenos naturales no ocurren de manera aislada: interactúan con las transformaciones que hemos realizado sobre el territorio, nuestras decisiones de planificación y las capacidades institucionales que desarrollamos para prevenir sus consecuencias.
Los acontecimientos de los últimos meses vuelven a poner esta discusión sobre la mesa. Los intensos sistemas frontales de julio, las inundaciones, las remociones en masa y, recientemente, el aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, nos recuerdan que los riesgos climáticos no pueden continuar abordándose exclusivamente desde la respuesta a las emergencias.
Lo ocurrido en Las Condes introduce, además, una dimensión que merece especial atención: la vulnerabilidad frente a los fenómenos climáticos extremos no es exclusiva de los sectores económicamente más desfavorecidos.
Una comuna puede disponer de importantes recursos económicos, infraestructura y capacidad de respuesta, pero seguir expuesta a amenazas asociadas a la dinámica natural de sus quebradas, cuencas y laderas. La capacidad económica puede mejorar las posibilidades de preparación y recuperación, pero no elimina los riesgos derivados de la ocupación y transformación del territorio.
El agua no distingue niveles socioeconómicos. Sin embargo, nuestras decisiones sobre dónde construimos, cómo planificamos y cuánto invertimos en prevención sí determinan la magnitud de sus consecuencias.
Desde una perspectiva técnica, el riesgo surge de la interacción entre las amenazas, la exposición y las condiciones de vulnerabilidad. Por ello, la planificación territorial debe incorporar las características ecológicas e hidrológicas de cada cuenca, los procesos de escorrentía, la estabilidad de los suelos y los efectos acumulativos de las intervenciones humanas.
Lo ocurrido en Las Condes exige examinar las medidas preventivas, los sistemas de alerta temprana, las obras de protección y la planificación urbana. No corresponde establecer responsabilidades sin una evaluación técnica de los hechos, pero sí preguntarnos si nuestros instrumentos de prevención están respondiendo adecuadamente a las condiciones actuales.
Y aquí es donde esta discusión deja de ser exclusivamente ambiental para transformarse en un problema de política pública.
Chile cuenta con una Ley Marco de Cambio Climático, la Ley N.º 21.455, que establece instrumentos de gestión a escala nacional, regional y comunal. Entre ellos se encuentran los Planes de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC) y los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC), destinados a incorporar la adaptación y mitigación en las decisiones de desarrollo territorial.
Estos instrumentos representan un avance importante. Reconocen que Chile no es un territorio homogéneo y que cada región enfrenta amenazas y vulnerabilidades distintas, determinadas por sus características geográficas, ecológicas, productivas y sociales.
Sin embargo, su existencia plantea una pregunta fundamental: ¿de qué sirve contar con planes de adaptación climática si no aseguramos las capacidades técnicas, institucionales y financieras necesarias para ejecutarlos?
Los planes regionales deben permitir identificar riesgos, establecer prioridades, definir medidas y articular a los distintos organismos públicos. Los planes comunales deben traducir esos objetivos en acciones concretas, vinculadas con los instrumentos de planificación urbana, el desarrollo local y la gestión del riesgo de desastres.
Pero elaborar un plan no significa que el territorio esté preparado.
La adaptación requiere inversión en infraestructura, monitoreo ambiental, protección de cuencas, restauración de ecosistemas, ordenamiento territorial y fortalecimiento de las capacidades municipales.
Desde mi mirada política, vinculada a la Federación Regionalista Verde Social, esta discusión tiene una dimensión particularmente relevante: la descentralización y la justicia territorial.
El Estado no puede descentralizar las obligaciones de adaptación climática mientras mantiene centralizadas las decisiones y los recursos necesarios para cumplirlas.
No podemos exigir a los gobiernos regionales y municipios que identifiquen sus vulnerabilidades, elaboren planes y ejecuten medidas preventivas si no cuentan con equipos técnicos, financiamiento suficiente y mecanismos permanentes de coordinación institucional.
La descentralización no consiste solamente en transferir responsabilidades. También implica entregar capacidades reales para ejercerlas.
Esta discusión adquiere especial relevancia cuando el Congreso Nacional examina el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, que contempla reducciones significativas en determinadas asignaciones relacionadas con la política climática.
Según las cifras difundidas durante la presentación del proyecto, la asignación destinada a Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) registra una disminución aproximada del 59,1%, mientras que el programa de Adaptación y Mitigación para el Cambio Climático presenta una reducción cercana al 19,3%.
Es importante precisar que estas cifras corresponden a partidas específicas del Ministerio del Medio Ambiente y no representan la totalidad de los recursos que el Estado destina a la acción climática. Sin embargo, las reducciones propuestas merecen una explicación técnica y presupuestaria sobre sus efectos en la implementación de los compromisos nacionales.
La discusión no puede limitarse a determinar cuánto disminuye o aumenta una partida. Debe establecer qué funciones se verán afectadas, qué capacidades institucionales se mantendrán, qué programas serán financiados por otras vías y cómo se asegurará el cumplimiento de las obligaciones legales.
Porque una política pública no se sostiene únicamente mediante declaraciones, leyes o planes. Requiere continuidad institucional y recursos que permitan transformar sus objetivos en resultados verificables.
Es legítimo que un gobierno revise sus prioridades presupuestarias y busque mayor eficiencia en el gasto público. Sin embargo, la responsabilidad fiscal también exige considerar los costos económicos y sociales de postergar inversiones preventivas.
El costo de no adaptarnos al cambio climático no desaparece porque se reduzca una asignación presupuestaria. Puede reaparecer posteriormente como gasto en emergencias, reconstrucción, salud, vivienda, infraestructura y recuperación productiva.
Cuando un aluvión destruye viviendas, cuando un incendio forestal afecta comunidades o cuando una inundación interrumpe caminos y servicios esenciales, las consecuencias deben ser enfrentadas por las personas, las instituciones públicas y las actividades económicas.
En otras palabras, la falta de prevención también tiene un costo fiscal.
Por ello, la discusión sobre el presupuesto ambiental debe incorporar una mirada de largo plazo. No basta con evaluar el ahorro inmediato de una reducción presupuestaria; también debemos considerar los riesgos que podrían aumentar si se debilitan las capacidades de adaptación.
Existe, además, una cuestión política que no podemos desconocer. Los gobiernos pueden tener distintas visiones respecto de la relevancia del cambio climático, sus causas o las medidas necesarias para enfrentarlo. Pero esas diferencias no modifican los procesos físicos y ecológicos que afectan a nuestros territorios.
La Ley Marco de Cambio Climático establece responsabilidades del Estado que trascienden los ciclos electorales y las prioridades de una administración particular.
El cambio climático no depende del reconocimiento político que un gobierno quiera otorgarle. Sus consecuencias continúan manifestándose y los costos de una adaptación insuficiente terminan siendo asumidos por el Estado y la ciudadanía.
Por eso, el debate presupuestario debería responder preguntas concretas: ¿Cómo se financiará la implementación de los planes regionales y comunales?, ¿Qué recursos permitirán transformar los diagnósticos de vulnerabilidad en medidas preventivas?, ¿Cómo se fortalecerán las capacidades técnicas de los municipios?, ¿Qué inversiones se priorizarán en los territorios más expuestos y cómo se evaluarán sus resultados?
Estas preguntas son especialmente relevantes para regiones como La Araucanía, donde confluyen ecosistemas de alto valor ecológico, actividades forestales y agrícolas, comunidades rurales, cuencas hidrográficas y amenazas asociadas a incendios forestales, inundaciones y cambios en la disponibilidad hídrica.
Una política climática diseñada desde una mirada exclusivamente centralista difícilmente podrá responder de manera adecuada a esta diversidad territorial.
La adaptación requiere comprender que las cuencas no reconocen límites administrativos y que los ecosistemas funcionan mediante relaciones que conectan bosques, suelos, humedales, ríos, asentamientos humanos y actividades productivas.
Los bosques nativos, la vegetación ribereña, los humedales y los suelos saludables pueden contribuir a regular procesos hidrológicos, estabilizar terrenos y reducir determinados riesgos. Esta infraestructura natural debe integrarse con las obras públicas, los sistemas de alerta temprana y los instrumentos de planificación.
No se trata de elegir entre infraestructura tradicional y conservación ambiental, sino de comprender que ambas pueden cumplir funciones complementarias en una estrategia de adaptación.
Chile aprendió una lección importante frente a los terremotos: la prevención requiere conocimiento científico, regulación, fiscalización, inversión y continuidad institucional.
Hoy necesitamos trasladar esa misma lógica a la adaptación climática.
En julio planteaba que Chile debía aprender a convivir con el cambio climático. Hoy agregaría que adaptarse no significa acostumbrarse a las catástrofes ni aceptar que cada evento extremo se transforme inevitablemente en una emergencia.
Adaptarse significa transformar nuestras decisiones de desarrollo, planificación e inversión para reducir los riesgos antes de que se materialicen.
El proyecto de Presupuesto 2027 ofrece una oportunidad para examinar si los recursos públicos están alineados con las obligaciones climáticas del Estado y con las necesidades reales de las regiones y comunas.
Esta no debería ser una discusión entre protección ambiental y responsabilidad fiscal. La prevención también es una forma de administrar responsablemente los recursos públicos.
Tampoco debería ser una discusión limitada a las diferencias ideológicas de un gobierno. La adaptación climática exige políticas de Estado capaces de mantenerse en el tiempo, fortalecerse mediante evidencia científica y responder a las particularidades de cada territorio.
Una política pública que reconoce los riesgos, pero no asegura los medios para reducirlos, corre el peligro de convertirse en una planificación sin capacidad de ejecución.
Y cuando esa prevención no llega oportunamente, las consecuencias no quedan contenidas en una partida presupuestaria.
Las pagan las comunidades, las regiones, las actividades productivas y el propio Estado.
Porque el verdadero desafío político, económico y ambiental no consiste solamente en determinar cuánto estamos dispuestos a invertir para enfrentar el cambio climático, sino en comprender cuánto terminaremos pagando por no haberlo hecho a tiempo.
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