A cinco años del Estado de Excepción en la Macrozona Sur: «Comunidades mapuches exigen el fin de la militarización y gremios piden mantener a las Fuerzas Armadas».

Mientras cerca de mil personas marcharon en Temuco en apoyo a los comuneros mapuches encarcelados y contra la presencia militar en el territorio, los contratistas forestales defendieron la continuidad del despliegue de las Fuerzas Armadas. El balance vuelve a enfrentar dos demandas: recuperación territorial y derechos indígenas, por una parte, y seguridad para las actividades productivas, por otra.

TEMUCO. — A cinco años del inicio del despliegue de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur, las posiciones sobre la continuidad del Estado de Excepción siguen enfrentadas. Mientras comunidades mapuches cuestionan la militarización del territorio y denuncian la criminalización de sus reivindicaciones, representantes del sector forestal sostienen que la presencia militar debe mantenerse hasta que los grupos armados dejen de representar una amenaza para la seguridad.

La tensión volvió a expresarse el 12 de octubre, fecha que para numerosos integrantes de los pueblos originarios representa el inicio de un proceso histórico de conquista y ocupación territorial. En La Araucanía, la jornada estuvo marcada por una movilización en Temuco en apoyo a los comuneros mapuches encarcelados y en rechazo a la presencia militar en el territorio que las comunidades identifican como Wallmapu.

De acuerdo con los antecedentes entregados sobre la convocatoria, cerca de mil personas pertenecientes a distintas comunidades participaron en la marcha. Los manifestantes exigieron la libertad de comuneros presos y cuestionaron la continuidad de una medida de excepción que comenzó el 12 de octubre de 2021, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

En la vereda opuesta, los gremios vinculados a la actividad forestal plantearon que el despliegue militar sigue siendo necesario para enfrentar la violencia y entregar condiciones de seguridad a quienes desarrollan actividades productivas en las provincias afectadas.

Cinco años después, la discusión continúa sin reducirse a una evaluación exclusivamente policial. El debate involucra también las reivindicaciones territoriales mapuches, la situación judicial de los comuneros encarcelados, la protección de las víctimas de atentados y la capacidad del Estado para ofrecer una respuesta duradera al conflicto.

Comunidades mapuches mantienen sus demandas territoriales.

Durante la movilización en Temuco, el dirigente Fidel Tranamil, del Lof Rofue, reafirmó que las comunidades continuarán con sus demandas de recuperación territorial y expresó su respaldo a los comuneros que cumplen condenas de cárcel.

“Darle un apoyo a nuestros presos políticos mapuche, todo centrado en las altas condenas que hoy día estamos viviendo como pueblo, en la militarización que ya lleva más de cuatro años en un Estado de Excepción y en las políticas de esta administración y las anteriores que han venido a criminalizar la justa y noble y legítima causa mapuche”, afirmó.

Sus declaraciones reflejan la posición de un sector del movimiento mapuche que considera que la respuesta estatal ha privilegiado el control territorial y la persecución penal, sin resolver las demandas históricas de las comunidades.

Tranamil sostuvo, además, que continuará el proceso de recuperación de tierras y que las comunidades mantienen su compromiso con el weichan, concepto asociado a la lucha y resistencia en determinados contextos del movimiento mapuche.

Las reivindicaciones territoriales, sin embargo, no constituyen una posición uniforme entre todas las comunidades mapuches. Tampoco deben confundirse las demandas políticas y culturales con las acciones violentas cometidas por grupos o personas, cuya responsabilidad debe establecerse conforme a la ley.

Los contratistas forestales defienden la continuidad del despliegue militar.

Desde el sector productivo, el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, sostuvo que los registros de atentados permiten dimensionar la violencia que ha afectado a la actividad forestal en la zona.

Muñoz identificó 2022 como el año más complejo para el gremio desde la implementación del Estado de Excepción, con 104 atentados registrados por la asociación.

“El año 2022 es el año más violento que hemos tenido como asociación gremial, con 104 atentados en el año. Estamos hablando de entre 8 y 10 atentados mensuales. Objetivamente, si uno analiza los números, se ha reducido de manera notable la violencia, permanece marcada así en la región de La Araucanía”, señaló.

El representante gremial agregó que cerca de 100 mil hectáreas no podrían explotarse debido a la ocupación de predios o al riesgo de atentados, según los antecedentes entregados por la asociación.

Estas cifras corresponden a estimaciones del sector y requieren considerar su fuente, período de referencia y metodología de cálculo. En particular, la afirmación sobre la superficie forestal afectada no permite establecer, por sí sola, cuántas hectáreas están efectivamente ocupadas, cuántas permanecen sin actividad por razones de seguridad y cuántas enfrentan otras restricciones.

Para los contratistas forestales, la continuidad del despliegue militar constituye una herramienta para mantener condiciones de seguridad y permitir el desarrollo de sus actividades. Desde esa perspectiva, una eventual retirada de las Fuerzas Armadas debería considerar las condiciones de protección de trabajadores, empresas y propietarios afectados por hechos de violencia.

Cinco años de Estado de Excepción: ¿Qué muestran los resultados?.

El despliegue militar comenzó el 12 de octubre de 2021, cuando el gobierno de Sebastián Piñera decretó el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y Malleco y Cautín, en La Araucanía.

La medida permitió la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a las policías, en un contexto de atentados y hechos de violencia que afectaban a distintos sectores de la Macrozona Sur.

Desde entonces, la discusión sobre su continuidad ha estado marcada por dos evaluaciones diferentes. Para los gremios afectados por atentados, la disminución de determinados hechos violentos constituye un argumento para sostener que el despliegue ha contribuido a mejorar la seguridad. Para las comunidades que cuestionan la militarización, la prolongación de la medida representa la continuidad de una estrategia que consideran insuficiente para resolver las causas históricas y políticas del conflicto.

Determinar el impacto efectivo del Estado de Excepción requiere, sin embargo, algo más que contrastar declaraciones. Es necesario revisar series comparables de atentados, homicidios, ataques incendiarios y otros delitos antes y después de su implementación, además de considerar la evolución de las denuncias, las detenciones, las investigaciones y las condiciones de seguridad de las comunidades.

También resulta indispensable distinguir entre una reducción de determinados delitos y la resolución del conflicto territorial. Son fenómenos relacionados, pero no equivalentes.

Dos demandas frente a un conflicto que sigue abierto.

La movilización mapuche y las declaraciones del sector forestal muestran la distancia entre las prioridades de los actores involucrados.

Por una parte, las comunidades movilizadas reclaman el reconocimiento de sus demandas territoriales, cuestionan las condenas impuestas a comuneros y rechazan la continuidad de la presencia militar. Por otra, los contratistas forestales exigen mantener las medidas de seguridad ante los atentados y las restricciones que, según afirman, afectan su actividad.

Ambas posiciones remiten a problemas que el Estado debe abordar, aunque sus diagnósticos y propuestas sean diferentes. La protección de las personas frente a la violencia y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas no son objetivos necesariamente incompatibles; el desafío consiste en diseñar políticas capaces de responder a ambos sin sustituir la evidencia por consignas.

A cinco años de su implementación, el Estado de Excepción continúa en el centro de una controversia que exige una evaluación pública de sus resultados, sus costos y sus límites. La pregunta ya no es solamente cuánto tiempo debe mantenerse el despliegue militar, sino qué condiciones permitirían avanzar hacia una seguridad duradera y una solución política e institucional del conflicto.

Mientras las comunidades mapuches insisten en sus reivindicaciones territoriales y los gremios productivos reclaman garantías de seguridad, la discusión sigue pendiente de respuestas que permitan evaluar los resultados de la estrategia estatal y determinar qué medidas pueden contribuir a reducir la violencia y abordar las causas de fondo.

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