La controversia por la eventual reducción de dos jornadas docentes prolonga el conflicto en el establecimiento. La comunidad educativa cuestiona los cambios al PADEM 2027 y exige respuestas al DAEM y al alcalde Roberto Neira. Los estudiantes también denuncian un intento de censura tras una instrucción para retirar pancartas instaladas en el frontis del liceo.
TEMUCO. — Más de diez días de movilizaciones, clases interrumpidas y una comunidad educativa que exige respuestas mantienen abierto el conflicto en el Liceo Bicentenario de Temuco. El desacuerdo se centra en los cambios propuestos a la dotación docente del establecimiento, particularmente en la eventual reducción de dos jornadas de profesores, una medida que estudiantes y apoderados consideran una amenaza para la continuidad del proyecto educativo.
La controversia apunta al director del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), Rodrigo Garrido, por su insistencia en reducir dos jornadas docentes, equivalentes, según los antecedentes entregados por los movilizados, a 84 horas. Los ajustes forman parte de las modificaciones al Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM) 2027, que también contemplan cambios en las horas financiadas mediante la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
La comunidad escolar sostiene que estas modificaciones podrían afectar las condiciones de enseñanza y el funcionamiento del establecimiento, que ha obtenido resultados destacados en las pruebas SIMCE y PAES, según sus representantes.
El conflicto plantea una pregunta de fondo para la administración municipal: ¿Cómo justificar los ajustes a la dotación docente sin comprometer las condiciones que permiten desarrollar el proyecto educativo del liceo?
Hasta ahora, los estudiantes y sus familias aseguran que las gestiones realizadas no han permitido alcanzar una solución satisfactoria, mientras la prolongación de las movilizaciones mantiene en suspenso el desarrollo normal de las actividades académicas.
Recorte de horas docentes en el centro de la disputa.
La principal preocupación de estudiantes y apoderados es la eventual eliminación de dos jornadas docentes. Para la comunidad movilizada, la medida no constituye solamente un ajuste administrativo, sino que podría afectar la disponibilidad de horas pedagógicas y las condiciones necesarias para sostener el proyecto educativo.
Los cuestionamientos se concentran en las modificaciones al PADEM 2027, instrumento de planificación de la educación municipal que contempla ajustes a las horas SEP y a la dotación docente.
Sin embargo, para dimensionar el alcance de la medida es necesario conocer sus fundamentos técnicos y presupuestarios, así como el impacto concreto que tendría en la distribución de las horas de clases.
El DAEM debe explicar qué criterios justifican la reducción propuesta, qué necesidades busca resolver y cómo se garantizará la continuidad del proyecto educativo. Sin esos antecedentes, la discusión permanece marcada por las posiciones contrapuestas de la administración y la comunidad escolar.
Estudiantes denuncian intento de censura.
A la disputa por la dotación docente se sumó una controversia por el retiro de pancartas instaladas en el frontis del establecimiento. Los estudiantes sostienen que los lienzos tenían como objetivo visibilizar sus demandas y que su contenido no promovía el odio ni la violencia.
La denuncia fue difundida por la denominada Coalición Estudiantil Insurgente, junto con el Centro de Estudiantes del Liceo Bicentenario de Temuco, organizaciones que aseguran haber buscado espacios de diálogo y recurrido a las redes sociales para exponer sus inquietudes.
En su declaración, los estudiantes señalaron que, pese a esas gestiones, no habían recibido una respuesta satisfactoria de las autoridades municipales que garantizara la continuidad del proyecto educativo.
Respecto de las pancartas, afirmaron que el 22 de septiembre la dirección del establecimiento recibió una llamada telefónica en la que Carolina Cea, asesora del jefe del DAEM, habría ordenado retirarlas de inmediato, señalando que la instrucción se impartía a nombre del alcalde Roberto Neira.
Según el comunicado estudiantil, el jefe comunal posteriormente descartó tener vinculación con esa decisión. No obstante, los movilizados sostienen que, al momento de emitir su declaración, todavía no habían recibido una aclaración formal que permitiera esclarecer lo ocurrido.
Los estudiantes calificaron el episodio como un intento de censura. Para establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades, resulta necesario conocer la versión de Carolina Cea, del director del DAEM y del alcalde, además de precisar los fundamentos de la instrucción denunciada.
Apoderados respaldan la movilización.
La protesta también cuenta con el respaldo de padres y apoderados, quienes manifiestan preocupación por las consecuencias que una reducción de horas docentes podría tener en la formación de sus hijos.
Una apoderada resumió la posición de las familias: “Estamos peleando una educación de calidad para que nuestros profesores no sean despedidos y mantengan la excelencia que brindan a nuestros hijos”.
El respaldo de los padres amplía el alcance de la controversia. Ya no se trata únicamente de una diferencia entre estudiantes y autoridades administrativas, sino de una preocupación compartida por las condiciones educativas del establecimiento y la continuidad de su proyecto formativo.
La prolongación de las movilizaciones plantea, además, una preocupación inmediata: recuperar la normalidad de las clases y evitar que el desacuerdo administrativo siga afectando el proceso educativo de los estudiantes.
Concejo municipal bajo presión.
Otro de los cuestionamientos de los movilizados apunta al concejo municipal, al que reclaman una intervención más activa frente a la controversia. Entre sus demandas está mantener la dotación docente y solicitar la salida de Rodrigo Garrido de la dirección del DAEM.
La discusión pone bajo presión a la administración del alcalde Roberto Neira, tanto por las decisiones relacionadas con la planificación educativa como por la necesidad de aclarar las denuncias formuladas por los estudiantes.
Según los antecedentes entregados, se habían anunciado nuevas manifestaciones y no se descartaba la presencia de estudiantes en una sesión del concejo municipal programada para esa jornada.
La eventual intervención de los movilizados en esa instancia podría trasladar la controversia directamente al espacio institucional donde se discuten las decisiones que afectan a la educación municipal.
Sin embargo, más allá de las demandas de renuncia y de las diferencias entre las partes, el punto central sigue siendo la necesidad de transparentar los fundamentos de los cambios propuestos y establecer una salida que permita recuperar la normalidad académica.
Un conflicto que comenzó antes de conocerse el presupuesto-
Un antecedente temporal resulta especialmente relevante: las movilizaciones comenzaron en septiembre, antes de que se conocieran los detalles y las prioridades del proyecto de Presupuesto 2027, según la información entregada.
Por ello, no corresponde atribuir automáticamente el origen del conflicto a ese presupuesto sin establecer una relación documentada entre ambos procesos.
La controversia se relaciona directamente con las modificaciones al PADEM 2027 y con las decisiones sobre la dotación docente, pero la fundamentación de esas medidas, su estado de tramitación y sus consecuencias concretas requieren mayor precisión.
Distinguir entre propuestas, decisiones aprobadas y medidas ejecutadas es indispensable para comprender el alcance real del conflicto y determinar qué responsabilidades corresponden a cada autoridad.
Las respuestas que siguen pendientes.
La comunidad educativa continúa exigiendo explicaciones sobre la reducción de horas docentes, las modificaciones a las horas SEP y el futuro del proyecto educativo del Liceo Bicentenario de Temuco.
Al mismo tiempo, la denuncia por el retiro de las pancartas requiere una aclaración de las autoridades involucradas, de modo que se establezca cómo se impartió la instrucción cuestionada y cuál fue su fundamento.
El municipio y el DAEM enfrentan así el desafío de entregar información clara sobre las medidas propuestas, sus consecuencias académicas y los mecanismos disponibles para resolver las diferencias con estudiantes y apoderados.
La prioridad inmediata es recuperar la continuidad normal de las clases. Pero la salida del conflicto también exige transparencia en las decisiones administrativas y respuestas concretas a una comunidad que cuestiona cambios que considera relevantes para la calidad de la educación que reciben sus hijos.
Mientras no se conozcan los fundamentos completos de la reducción propuesta y no exista una solución aceptada por las partes, el conflicto seguirá abierto, con el DAEM y la administración municipal bajo presión por la forma en que se está conduciendo la controversia.
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