El exintegrante del Movimiento Lautaro, condenado a 42 años de cárcel por delitos que incluyen el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano, falleció a los 53 años mientras permanecía internado por un cáncer terminal. Había solicitado al Presidente José Antonio Kast la posibilidad de pasar sus últimos días junto a su familia.
Juan Manuel Aliste Vega murió la mañana del domingo 11 de octubre en el Hospital Penitenciario de Santiago, donde permanecía internado desde el 19 de agosto debido a un cáncer en etapa cuatro. Su fallecimiento se produjo seis días después de que ingresara al Ministerio de Justicia una solicitud de indulto humanitario dirigida al Presidente José Antonio Kast, que no alcanzó a ser resuelta.
El exintegrante del Movimiento Lautaro cumplía una condena de 42 años de presidio por diversos delitos, entre ellos el homicidio del cabo segundo de Carabineros Luis Moyano, ocurrido durante el asalto a una sucursal del Banco Security, en Santiago, el 18 de octubre de 2007. También fue condenado por el homicidio frustrado de otro funcionario policial y por asaltos bancarios.
Gendarmería de Chile confirmó su fallecimiento mediante un comunicado, en el que informó que, tras sufrir una descompensación, fue atendido por personal de salud del recinto, cuyos funcionarios constataron su muerte.
Una petición que no alcanzó a resolverse.
El 5 de octubre, Aliste Vega solicitó al Presidente Kast que se evaluara la posibilidad de indultarlo, invocando la gravedad de su enfermedad y su deseo de pasar el tiempo que le quedara de vida junto a su esposa e hijos.
En la carta dirigida al mandatario, el condenado reconoció la gravedad de las sentencias y el sufrimiento provocado por los delitos que cometió.
«Sé que mis condenas son graves y que esta solicitud exige una decisión fundada y responsable. No pretendo desconocerlas ni restar importancia al sufrimiento de las víctimas y sus familias», señaló en el escrito.
En otro pasaje, pidió que su solicitud fuera examinada con urgencia, ante la incertidumbre sobre el tiempo que le quedaba de vida.
Sin embargo, la petición no alcanzó a ser resuelta antes de su muerte. Según los antecedentes difundidos por la prensa nacional, el procedimiento se encontraba en una etapa de recopilación de información para su evaluación.
La muerte de Aliste Vega deja sin efecto práctico su petición personal y mantiene abierta una discusión de alcance más amplio: cómo debe responder el Estado ante solicitudes de carácter humanitario presentadas por personas que cumplen condenas por delitos graves y padecen enfermedades terminales.
El debate sobre los indultos humanitarios.
La solicitud del ex lautarista adquirió una dimensión política al coincidir con el debate sobre eventuales indultos a personas condenadas por violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, algunas de ellas recluidas en Punta Peuco y con problemas de salud.
El caso generó diferencias dentro del oficialismo y puso sobre la mesa la discusión acerca de los criterios que deberían aplicarse a este tipo de solicitudes, independientemente de la identidad del condenado o de su posición política.
No obstante, cada caso exige examinar por separado los delitos acreditados, las circunstancias de la condena, los antecedentes médicos y el marco jurídico aplicable. La existencia de una enfermedad terminal plantea una cuestión humanitaria, pero no elimina la gravedad de los crímenes ni el derecho de las víctimas y sus familias a que el daño sufrido sea reconocido.
En su petición, Aliste Vega manifestó que no pretendía desconocer sus condenas ni minimizar el sufrimiento causado. Esa declaración, sin embargo, no equivale por sí sola a una expresión explícita de arrepentimiento.
Su muerte, ocurrida antes de que el Ejecutivo resolviera la solicitud, deja una pregunta pendiente en el debate público: qué criterios deben orientar las decisiones humanitarias del Estado cuando se trata de personas condenadas por delitos de extrema gravedad, y cómo garantizar que esos criterios sean consistentes, fundados y aplicados caso a caso.
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