Los recursos, asignados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, podrán financiar inversiones, adquisición de activos y proyectos vinculados al Programa de Pavimentos Participativos. La distribución revela, además, diferencias importantes en los montos asignados entre las comunas beneficiadas.
Un total de 13 municipalidades de La Araucanía recibirán recursos correspondientes al Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal (FIGEM) 2026, mecanismo mediante el cual el Estado asigna financiamiento adicional a gobiernos locales que alcanzan determinados resultados en indicadores de gestión.
La Contraloría General de la República tomó razón de las resoluciones N°36 y N°43 de 2026 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), que establecen la distribución de estos recursos.
En conjunto, los municipios beneficiados de la región recibirán más de $1.360 millones, fondos que deberán ser destinados a iniciativas de inversión, adquisición de activos no financieros y transferencias de capital asociadas al Programa de Pavimentos Participativos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Los municipios beneficiados.
Los recursos asignados presentan diferencias relevantes entre una comuna y otra. Padre Las Casas encabeza la distribución regional, con $134,8 millones, seguida por Collipulli, con $133,9 millones, y Traiguén, con $126,7 millones.
En el otro extremo se encuentra Temuco, que recibirá $72,8 millones, el monto más bajo entre los 13 municipios favorecidos.
La distribución es la siguiente:
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Padre Las Casas: $134.824.703
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Collipulli: $133.977.846
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Traiguén: $126.728.498
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Villarrica: $122.919.013
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Pitrufquén: $120.590.551
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Nueva Imperial: $96.309.031
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Saavedra: $95.607.906
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Perquenco: $95.271.838
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Purén: $94.348.063
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Cholchol: $93.940.732
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Cunco: $88.917.692
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Pucón: $87.618.414
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Temuco: $72.872.928
Un incentivo asociado a la gestión municipal.
El FIGEM no constituye simplemente una transferencia general de recursos. Su lógica es utilizar determinados indicadores para reconocer el desempeño de las municipalidades y entregar financiamiento adicional a aquellas que cumplen las condiciones establecidas.
Entre los aspectos considerados se encuentran el cumplimiento de obligaciones previsionales, la entrega y reportabilidad de información requerida por la Contraloría, la eficacia en el cobro de patentes municipales, la gestión de ingresos y determinados estándares vinculados con transparencia y responsabilidad administrativa.
Sin embargo, el alcance del reconocimiento debe entenderse dentro de esos parámetros. Obtener recursos del FIGEM significa cumplir los indicadores establecidos por el mecanismo, pero no equivale, por sí solo, a una evaluación integral de la calidad de la gestión municipal ni del desempeño general de una administración.
La distinción resulta relevante en momentos en que las municipalidades enfrentan crecientes exigencias financieras, administrativas y de transparencia, y cuando la capacidad de transformar recursos públicos en obras y servicios concretos constituye uno de los principales desafíos de los gobiernos locales.
Recursos con plazo y obligaciones de rendición.
Los fondos asignados no son de libre disposición. De acuerdo con las condiciones establecidas para el FIGEM, las iniciativas financiadas deberán ejecutarse dentro de los plazos correspondientes, con un límite máximo situado en diciembre de 2027.
Además, la rendición de cuentas deberá realizarse a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC), mecanismo destinado a respaldar y controlar el uso de los recursos públicos transferidos a las entidades ejecutoras.
Así, el desafío para los municipios beneficiados no termina con la asignación de los fondos. La etapa decisiva será ahora convertir estos recursos en proyectos ejecutados, obras concretas y resultados verificables para las comunidades, manteniendo al mismo tiempo los estándares de transparencia y rendición exigidos por la normativa.
El FIGEM 2026 deja, de esta manera, una doble lectura para las municipalidades de La Araucanía: por una parte, representa una fuente adicional de financiamiento vinculada al cumplimiento de indicadores de gestión; por otra, pone nuevamente el foco en la capacidad de los gobiernos locales para administrar, ejecutar y rendir cuenta de recursos públicos que finalmente deben traducirse en beneficios tangibles para sus habitantes.
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