El Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli declaró admisible una acción presentada por un empresario que acusa a dos funcionarios policiales de detención ilegal, cohecho y una supuesta alteración de evidencia durante un procedimiento ocurrido en marzo de 2023. La querella solicita peritajes y otras diligencias para esclarecer lo ocurrido. La resolución judicial no acredita los hechos denunciados ni establece responsabilidades penales.
Una querella que acusa a dos funcionarios de Carabineros de presunto cohecho, detención ilegal y manipulación de evidencia continuará su tramitación en tribunales, luego de que el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli declarara admisible la acción judicial.
La querella fue presentada por el abogado José Fernández Palma, en representación del empresario Julio Rodrigo Herrera Gallardo, quien atribuye a los funcionarios una serie de actuaciones que, según su versión, ocurrieron durante un procedimiento policial realizado el 15 de marzo de 2023.
Los funcionarios mencionados en la acción judicial son el capitán Michael Andrés Daza Romero y el sargento segundo Juan Manuel David Chamorro Ramos.
La resolución que declaró admisible la querella permite que la acción avance, pero no significa que el tribunal haya dado por acreditados los delitos denunciados ni que haya establecido responsabilidad de los funcionarios. Esos hechos deberán ser investigados por el Ministerio Público.
El procedimiento denunciado.
Según los antecedentes expuestos por Herrera Gallardo, el día de los hechos se encontraba trabajando para FEPASA S.A. y había gestionado un acuerdo indemnizatorio por $1,3 millones con una comunidad mapuche de Pailahueque, luego de que un tren atropellara a dos vacunos.
Tras retirar el dinero en Angol, el empresario regresaba por la Ruta 182 cuando habría sido fiscalizado por los dos funcionarios policiales.
De acuerdo con su declaración incorporada en la querella, Herrera portaba un arma debidamente inscrita y contaba con autorización para practicar tiro deportivo. Pese a ello, sostiene que fue detenido y trasladado hasta una unidad policial.
En ese lugar, según su versión, habría constatado además la desaparición de su billetera, en la que llevaba el dinero retirado horas antes.
La acusación por presunto cohecho.
Uno de los principales antecedentes contenidos en la querella corresponde a la denuncia de una supuesta exigencia de $2 millones.
Herrera Gallardo sostiene que los funcionarios le habrían solicitado ese monto a cambio de dejar sin efecto el procedimiento y permitir su liberación.
El empresario afirma que rechazó dicha exigencia y que posteriormente se inició una imputación en su contra por porte ilegal de arma.
La acusación deberá ser contrastada con otros antecedentes de la investigación para determinar si efectivamente existió una solicitud de dinero vinculada al procedimiento policial.
Por ahora, se trata de la versión sostenida por el querellante en la acción judicial.
La denuncia sobre la evidencia.
La querella plantea además una acusación particularmente grave: que una munición calibre 9 milímetros habría sido incorporada deliberadamente al procedimiento con el objetivo de incriminar al empresario.
El escrito solicita que esta afirmación sea investigada mediante distintas diligencias, entre ellas peritajes balísticos e informáticos, revisión de registros policiales y análisis de comunicaciones radiales.
También se solicita que los dos funcionarios sean interrogados en calidad de imputados.
El objetivo de estas diligencias es establecer qué ocurrió durante el procedimiento, cómo se registró la evidencia y si existen antecedentes que respalden o contradigan el relato presentado por Herrera Gallardo.
Lo que deberá esclarecer la investigación.
La admisibilidad de la querella marca el inicio de una etapa en la que deberán reunirse y contrastarse los distintos antecedentes relacionados con el procedimiento.
Entre las materias que deberán ser esclarecidas se encuentran la legalidad de la detención, el destino del dinero que el empresario afirma haber llevado consigo, la eventual existencia de una solicitud de dinero por parte de los funcionarios y el origen de la munición mencionada en la querella.
También será relevante establecer qué registros existen del procedimiento y si estos coinciden con la versión entregada por el denunciante.
En ese proceso deberán considerarse tanto los antecedentes aportados por el querellante como aquellos que puedan favorecer o contradecir su relato.
Una acusación que todavía debe probarse.
El caso plantea acusaciones graves contra funcionarios públicos, pero la resolución judicial conocida hasta ahora tiene un alcance específico: permitir que la querella sea tramitada.
No constituye una condena, no acredita la existencia de cohecho y tampoco establece que haya existido manipulación de evidencia.
La determinación de esos hechos corresponde a la investigación penal y, eventualmente, a los tribunales competentes si el Ministerio Público decide avanzar con una acusación.
Por ahora, el expediente contiene una denuncia que deberá ser sometida a prueba.
La pregunta central ya no es solamente qué afirma el querellante, sino qué evidencia podrá reunir la investigación para confirmar o descartar cada una de sus acusaciones.
&Fcc
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