Vecinos de la zona lacustre acusan deficiencias en la conservación de caminos y buscan impedir que Constructora Trancura vuelva a adjudicarse las denominadas “globales”. La empresa pertenece al padre y al hermano del director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá Kunze. Él no figura como socio de la compañía ni registra participación en ella en su declaración de intereses. Los cuestionamientos vecinales, sin embargo, se arrastran desde 2023 y existen antecedentes de reclamos públicos contra trabajos de la firma desde 2018.
Una empresa familiarmente vinculada a la máxima autoridad técnica del Ministerio de Obras Públicas enfrenta una nueva ofensiva de vecinos que cuestionan la calidad de los trabajos de conservación vial ejecutados en la zona lacustre de La Araucanía.
Se trata de Constructora Trancura SpA, compañía que actualmente ejecuta contratos de conservación global de caminos para el MOP y que ha sido objeto de reiterados reclamos de dirigentes y usuarios de las rutas.
Esta vez, los vecinos llegaron hasta el Gobierno Regional de La Araucanía con una solicitud concreta: que la empresa no vuelva a adjudicarse el contrato cuando se realice la próxima licitación de las obras de conservación.
La controversia tiene un ingrediente adicional. La sociedad está vinculada a familiares directos del actual director general de Obras Públicas del MOP, Joaquín Dagá Kunze.
Los antecedentes societarios revisados para esta nota muestran que la sociedad de la cual deriva Constructora Trancura estaba compuesta en un 95% por Jorge Dagá Cepeda y en un 5% por Javier Dagá Kunze, padre y hermano, respectivamente, del director general de Obras Públicas.
Un dato resulta relevante para dimensionar correctamente el vínculo: Joaquín Dagá Kunze no figura como socio de Constructora Trancura y su declaración de intereses disponible públicamente tampoco registra participación en esta empresa.
El punto, por tanto, no es atribuirle una propiedad que no aparece en los antecedentes disponibles, sino establecer cómo se desarrolla la contratación pública de una empresa vinculada a su círculo familiar directo y qué mecanismos de fiscalización existen para garantizar la transparencia del proceso.
Un contrato por más de $6 mil millones.
La Constructora Trancura se adjudicó un contrato por más de $6 mil millones para la conservación de caminos del Ministerio de Obras Públicas en la zona lacustre.
Se trata de las llamadas “conservaciones globales”, contratos mediante los cuales el MOP entrega a empresas privadas la responsabilidad de mantener determinados conjuntos de caminos durante un período establecido.
Es precisamente la ejecución de este tipo de contrato la que concentra las críticas de los vecinos.
Los dirigentes sostienen que los problemas comenzaron a hacerse evidentes desde 2023, año en que se adjudicaron las obras que actualmente ejecuta la compañía.
Ahora, con un nuevo proceso de licitación en el horizonte, los vecinos pretenden que su experiencia sea considerada antes de que el MOP adopte una nueva decisión.
“He sido afectada durante cuatro años ya por el mal estado del camino”, señaló una vecina del sector, quien llamó a habitantes de Río Blanco, Llanquihue y Trafampulli a respaldar las acciones para impedir que la empresa vuelva a obtener la concesión de estos trabajos.
La mujer atribuyó a la situación el deterioro de los vehículos de quienes utilizan diariamente las rutas.
Se trata de una acusación vecinal, no de una conclusión técnica independiente. Para establecer si existieron incumplimientos contractuales corresponde revisar los informes de inspección fiscal, eventuales multas, sanciones y demás antecedentes administrativos de cada contrato.
“Ha sido asqueroso el trabajo”.
Los dirigentes fueron recibidos en el Gobierno Regional por el consejero regional Cristian Herrera, de Demócratas, quien se sumó a las críticas y utilizó una expresión particularmente dura para describir la ejecución de los trabajos.
“Por decirlo suavemente, ha sido asqueroso el trabajo que ha tenido y que ha dejado a todos estos sectores abandonados por mucho tiempo”, afirmó el CORE.
Herrera planteó además su preocupación ante la posibilidad de que la compañía vuelva a competir por el contrato.
“Hoy día estamos a expensas de que esta empresa se vuelva a adjudicar este contrato”, sostuvo.
El consejero anunció el inicio de acciones destinadas a evitar una nueva adjudicación a Trancura.
Sus declaraciones corresponden a una valoración política y personal de la autoridad regional y no constituyen, por sí mismas, una acreditación técnica de incumplimientos contractuales.
La diferencia no es menor. En una controversia que involucra recursos públicos, la pregunta central no debería quedar reducida a quién califica de “asqueroso” el trabajo, sino a qué dicen los documentos oficiales sobre el cumplimiento de los contratos.
Reclamos que vienen desde 2023.
Los vecinos aseguran que sus cuestionamientos no comenzaron ahora.
Otro dirigente, esta vez de Curarrehue, sostuvo que la movilización busca representar a personas que llevan años reclamando por el estado de los caminos.
“Estamos sacando la voz por la gente que durante mucho tiempo ha estado reclamando”, señaló.
El dirigente también hizo un llamado a los usuarios de las rutas a participar de las acciones destinadas a evitar que la empresa continúe a cargo de la conservación vial.
Los reclamos tuvieron además un episodio visible durante 2025, cuando vecinos de Curarrehue realizaron una protesta que incluyó el corte del tránsito de la ruta internacional.
El conflicto, por tanto, no se limita a una discrepancia puntual surgida durante las últimas semanas. Existe una secuencia de manifestaciones públicas y reclamos que los dirigentes sitúan al menos desde 2023.
La magnitud y fundamento técnico de esos reclamos, sin embargo, es una cuestión que debe contrastarse con la documentación oficial del MOP.
El antecedente de Panguipulli: 2018.
Hay un elemento adicional que vuelve más extensa la historia.
En mayo de 2018, años antes del actual conflicto en La Araucanía, el entonces concejal de Panguipulli Eduardo Salgado Romero (RN) cuestionó públicamente trabajos realizados por Constructora Trancura en el sector del paso Huahum, en la Región de Los Ríos.
Según informó en aquella oportunidad Diario Panguipulli, la empresa se encontraba a cargo de la Conservación Global Mixta Valdivia, Sector Cordillera, Etapa II, contrato que contemplaba la conservación de aproximadamente 340 kilómetros de caminos secundarios o rurales.
Salgado relató que había concurrido hasta Pirehueico luego de recibir reclamos de vecinos y que había observado deficiencias en los trabajos.
“El trabajo había quedado mal perfilado, no se trabajó en todo el camino, quedó mucha piedra sobre la ruta y eso perjudica el tránsito de los vehículos”, afirmó entonces.
El concejal también anunció que enviaría antecedentes a la Dirección Regional de Vialidad y a la Seremi del MOP, cuestionando que algunas máquinas permanecieran detenidas mientras, según su versión, los caminos requerían trabajos de conservación.
Estos antecedentes constituyen un registro de cuestionamientos públicos efectuados en 2018, pero no permiten por sí solos establecer que la empresa haya incumplido contratos posteriores ni que las actuales denuncias sean necesariamente consecuencia de aquellos hechos.
Sí permiten constatar, en cambio, que los cuestionamientos públicos a trabajos asociados a Constructora Trancura no comenzaron con la actual disputa en la zona lacustre.
El entramado societario.
El vínculo familiar también merece ser observado con precisión.
Jorge Dagá Cepeda, padre del actual director general de Obras Públicas, aparece con el 95% de participación en la sociedad de la cual deriva Constructora Trancura SpA. El 5% restante correspondía a Javier Dagá Kunze, hermano de la autoridad.
Javier Dagá Kunze, además, registra participación o vínculos con otras sociedades, entre ellas Prana Developments SpA, Kinegreen SpA, JD Capital SpA, Prana Bridge Consulting SpA y Huber y Compañía Limitada.
Nada de ello demuestra que el director general de Obras Públicas tenga participación económica en Constructora Trancura. Los antecedentes revisados no muestran tal participación.
Tampoco permite concluir, sin antecedentes adicionales, que las adjudicaciones de contratos públicos a la empresa hayan estado influenciadas por ese vínculo familiar.
Pero sí plantea una pregunta legítima desde el punto de vista de la transparencia pública: ¿Qué controles existen para asegurar que una empresa vinculada a familiares directos de una alta autoridad del MOP sea evaluada y fiscalizada bajo exactamente los mismos estándares que cualquier otro contratista?
La declaración de intereses.
La revisión de la declaración de intereses del director general de Obras Públicas entrega otro elemento relevante.
En la plataforma InfoProbidad, Joaquín Dagá Kunze no declara participación en sociedades y tampoco registra, en el apartado correspondiente, otras fuentes de conflicto de interés.
Ese antecedente debe ser considerado en cualquier análisis sobre el caso.
Al mismo tiempo, que una autoridad no declare una participación societaria no significa, por sí solo, que una relación familiar deje de ser un elemento que pueda ser escrutado periodísticamente. Son cuestiones distintas: una cosa es la propiedad o participación económica directa y otra, los estándares de transparencia y prevención de conflictos que deben aplicarse a la contratación pública.
La licitación que viene.
El próximo proceso de conservación global será, probablemente, el punto decisivo de esta controversia.
Los vecinos ya hicieron pública su posición: no quieren que Constructora Trancura continúe a cargo de sus caminos.
El MOP, en cambio, deberá resolver conforme a las reglas del proceso de contratación y a los antecedentes técnicos y administrativos que correspondan.
Por eso, más allá de las acusaciones, los calificativos y las protestas, hay una serie de preguntas concretas que deberían poder responderse con documentos públicos:
¿Qué nivel de cumplimiento registró la empresa en el contrato vigente? ¿Cuántas observaciones, multas o sanciones recibió? ¿Qué informes emitieron los inspectores fiscales? ¿Qué evaluación técnica obtuvo? ¿Hubo incumplimientos acreditados? ¿Cómo se comparará su desempeño con el de otros oferentes en la próxima licitación?
Y existe una pregunta adicional, inevitable por el vínculo familiar: ¿Qué medidas de transparencia y control aplicará el MOP para garantizar que el próximo proceso sea completamente trazable y verificable?
Mientras los vecinos denuncian caminos en malas condiciones y exigen que Trancura no vuelva a adjudicarse el contrato, la discusión de fondo debería trasladarse desde las declaraciones a los documentos.
Porque en una contratación pública de más de $6 mil millones, la calidad de los caminos puede ser discutida en terreno; pero la calidad del proceso de adjudicación debe poder comprobarse en los expedientes.
&Fcc
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