La controversia gira en torno a quién tiene la facultad de definir y modificar la distribución del 8% del presupuesto del FNDR. Mientras el gobernador sostiene que se trata de atribuciones que le corresponden exclusivamente, consejeros regionales cuestionan la propuesta presentada y reclaman su derecho a intervenir en la distribución de los recursos. La Contraloría aún no entrega su pronunciamiento.
Casi $10 mil millones de recursos públicos y más de 1.700 proyectos para las 32 comunas de La Araucanía permanecen en suspenso mientras el gobernador regional René Saffirio y el Consejo Regional mantienen una disputa respecto de sus respectivas atribuciones para aprobar y distribuir el 8% del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
La controversia ya fue trasladada a la Contraloría General de la República, organismo al que Saffirio recurrió para obtener un pronunciamiento que permita despejar la interpretación jurídica sobre las facultades que corresponden al gobernador y al Consejo Regional.
Mientras ese dictamen no llegue, los recursos continúan sin aprobación.
“Estamos hablando de una suma muy cercana a los 10.000 millones de pesos, poquito más de 1.700 proyectos para las 32 comunas. Es una materia que yo espero que se resuelva pronto”, señaló el gobernador.
Pero detrás de las cifras existe una disputa política e institucional de fondo: quién tiene la última palabra sobre la distribución territorial de estos recursos.
El conflicto por la distribución territorial.
Desde el Consejo Regional, los cuestionamientos apuntan a la propuesta presentada originalmente por el gobernador.
El consejero Cristian Herrera sostuvo que el planteamiento era técnicamente elaborado, pero que no incorporaba, a juicio de los consejeros, criterios suficientes de equidad territorial.
“Había comunas que en este criterio estaban siendo muy perjudicadas”, afirmó.
Según Herrera, el conflicto se produjo cuando los consejeros intentaron intervenir sobre la propuesta y modificar determinados aspectos. A su juicio, el gobernador no tendría atribuciones para impedir que el Consejo Regional vote una propuesta sometida a su consideración.
La discusión, por tanto, no se limita a dónde van los recursos. También involucra la delimitación de las competencias entre ambas instancias del Gobierno Regional.
Un acuerdo que terminó en desacuerdo.
El consejero José Lizama agregó otro elemento a la controversia: según su versión, previamente se habían sostenido conversaciones entre los consejeros y el equipo asesor del gobernador para establecer criterios respecto de los proyectos que serían financiados.
Lizama aseguró que existía un entendimiento para respetar aquellos proyectos que habían obtenido las evaluaciones más altas.
“Los proyectos que alcanzaron los 100 y 95 puntos se declararon intocables. Eso no lo modificamos”, sostuvo.
La consejera Marisol Wickel, en tanto, planteó que el problema se relaciona también con la forma en que se desarrollaron las conversaciones entre los consejeros y el equipo del gobernador.
Según su versión, se había acordado que cada consejero pudiera revisar cuáles eran los proyectos considerados emblemáticos en sus respectivas comunas.
Wickel cuestionó además la conducción del proceso por parte de Saffirio y afirmó que existe desconfianza entre ambas partes.
Sus declaraciones corresponden a su interpretación del conflicto y forman parte de una controversia que aún no ha sido resuelta por el organismo fiscalizador.
Saffirio marca el límite.
El gobernador, por su parte, sostiene que tampoco pretende intervenir en las atribuciones propias del Consejo Regional.
Pero establece el mismo límite respecto de sus facultades.
“No voy a ceder en materia de proteger tanto mis facultades como las facultades del Consejo Regional”, afirmó Saffirio.
Su planteamiento es que existe una frontera de competencias que ambas partes deben respetar: el gobernador no debe invadir las atribuciones del Consejo, pero los consejeros tampoco deberían intervenir en materias que corresponden exclusivamente al gobernador.
“Yo no voy a invadir jamás una facultad del Consejo, ni tampoco voy a permitir que el Consejo invada facultades que son propias del gobernador”, enfatizó.
Contraloría tiene ahora la palabra.
El problema es que mientras ambas partes defienden interpretaciones distintas, los recursos siguen detenidos.
La controversia adquiere especial relevancia por el volumen de recursos involucrados y por el número de iniciativas que dependen de su aprobación. Son proyectos destinados a las 32 comunas de Malleco y Cautín, lo que convierte la disputa jurídica en un problema que trasciende las paredes del Gobierno Regional.
La Contraloría deberá determinar cuál es la interpretación que corresponde respecto de las atribuciones en cuestión.
Hasta entonces, gobernador y consejeros mantienen posiciones enfrentadas sobre un fondo que no es menor: quién puede decidir sobre una bolsa de recursos cercana a los $10 mil millones y bajo qué criterios debe distribuirse entre las comunas de La Araucanía.
La respuesta, por ahora, está en manos del organismo fiscalizador.
Y mientras no llegue, los proyectos esperan y los recursos permanecen inmovilizados.
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