La Superintendencia del Medio Ambiente detectó cuatro incumplimientos en la planta de tratamiento de San Ramón. Uno fue calificado como gravísimo: descargas de efluentes al río Huichahue sin contar con la autorización ambiental exigida.
Más de $669 millones deberá pagar la empresa sanitaria San Isidro por una serie de incumplimientos ambientales detectados en su planta de tratamiento de aguas servidas de Padre Las Casas.
Pero detrás de la millonaria sanción hay una historia que comenzó bastante antes de que apareciera la resolución administrativa: fueron los propios vecinos quienes denunciaron lo que estaba ocurriendo.
Habitantes del sector San Ramón habían advertido malos olores, presencia de plagas y, según sus denuncias, vertimientos de aguas servidas hacia cauces y canales de riego.
Las alertas terminaron dando paso a una fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que constató cuatro incumplimientos en la operación de la planta.
Y uno de ellos terminó adquiriendo especial gravedad.
Descargas al Huichahue.
Según informó la autoridad ambiental, la planta realizaba descargas de efluentes líquidos directamente al río Huichahue sin haber efectuado previamente el trámite ambiental exigido para este tipo de operaciones.
La situación fue calificada como gravísima por la SMA.
El superintendente del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, destacó que la investigación tuvo su origen precisamente en las denuncias de los habitantes del sector.
“Aquí se originó un trabajo fiscalizador que parte de la denuncia de los propios vecinos. En ese contexto se constató que habían falencias operativas complejas, habían falta de monitoreo y habían descargas no regularizadas que estaban impactando en el río Huichahue”, explicó.
La frase resume buena parte del problema: si los vecinos no hubieran denunciado, ¿Cuánto tiempo más habrían continuado esas condiciones?
Esa es una de las preguntas que inevitablemente deja el caso.
Cuatro incumplimientos.
La fiscalización detectó cuatro incumplimientos asociados al funcionamiento de la planta.
Entre ellos se encuentra la ausencia de un filtro destinado a la retención de sólidos, la utilización de un sistema de riego del lombrifiltro distinto del que había sido considerado en la evaluación ambiental y la falta de un sistema de decloración.
A ello se suma el episodio de las descargas al río Huichahue sin la regularización ambiental correspondiente.
No se trata, por tanto, de una única falla operacional aislada, sino de un conjunto de deficiencias que terminó generando una sanción millonaria.
La planta utiliza tecnología de lombrifiltro y forma parte de la ampliación del sistema de tratamiento de aguas servidas asociado a un loteo del sector San Ramón.
Su capacidad proyectada alcanza a 1.055 viviendas, lo que da una dimensión adicional al problema: no se trata de una instalación menor ni de una operación de alcance limitado.
Una multa que supera los $669 millones.
Por los incumplimientos constatados, la empresa deberá pagar una multa de 778 Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a más de $669 millones.
El plazo establecido para el pago es de diez días hábiles.
La cifra puede parecer el punto final del caso, pero en realidad abre una discusión mucho más amplia.
Porque una sanción económica, por millonaria que sea, no responde por sí sola a la pregunta fundamental: ¿qué ocurrió con las personas que durante meses o años convivieron con malos olores, plagas o eventuales impactos sobre cursos de agua?
Tampoco resuelve automáticamente la preocupación ambiental asociada al río Huichahue.
La multa sanciona incumplimientos detectados. El desafío posterior es garantizar que las deficiencias sean efectivamente corregidas y que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.
El papel incómodo de los vecinos.
Hay otro elemento que merece atención.
Una vez más, una comunidad local aparece como la primera línea de alerta frente a un eventual problema ambiental.
Fueron los vecinos de San Ramón quienes denunciaron olores, plagas y vertimientos. Luego vino la fiscalización y finalmente una resolución con una sanción de cientos de millones de pesos.
El caso deja una pregunta incómoda sobre el funcionamiento de los mecanismos de control ambiental: ¿Cuántas situaciones permanecen invisibles mientras nadie denuncia?
La respuesta es especialmente relevante en instalaciones destinadas precisamente a tratar aguas servidas, donde la operación adecuada no es un asunto accesorio, sino una condición básica para proteger la salud de las personas y el medioambiente.
Más que una multa.
El caso de Padre Las Casas vuelve a poner en discusión la distancia que puede existir entre lo que se aprueba en el papel y lo que finalmente ocurre en terreno.
Una planta puede contar con una determinada evaluación ambiental, pero si en la práctica opera con sistemas distintos a los evaluados, carece de mecanismos comprometidos o realiza descargas que no cuentan con la regularización correspondiente, la protección ambiental queda reducida a una declaración formal.
Esta vez hubo denuncias, fiscalización y sanción.
La empresa deberá responder económicamente por los incumplimientos establecidos por la autoridad. Pero para los vecinos de San Ramón, probablemente la verdadera pregunta sea otra:
¿Quién garantiza que desde ahora la planta funcionará como corresponde y que el río Huichahue no volverá a recibir descargas que no deberían llegar hasta sus aguas?
Los $669 millones pueden cerrar una resolución administrativa.
La respuesta a esa pregunta, en cambio, recién comienza.
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