IANSA decidió no contratar remolacha chilena para la temporada 2026-2027. Su planta de San Carlos continuará operativa, pero procesando azúcar cruda importada. La decisión vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿Qué lugar ocupa la producción nacional en la política comercial de Chile?
La noticia debería preocupar mucho más allá de los campos de Ñuble y de los agricultores que durante décadas han abastecido de remolacha a la industria azucarera nacional.
IANSA anunció que no contratará remolacha chilena para la temporada 2026-2027. La planta de San Carlos seguirá funcionando, pero bajo un esquema distinto: procesará azúcar cruda importada.
La diferencia no es menor. La industria continúa operativa, pero el productor nacional queda fuera de la cadena de abastecimiento.
Y aquí aparece la primera pregunta que el Gobierno debería responder: ¿Qué sentido tiene mantener capacidad industrial instalada mientras, al mismo tiempo, se reduce hasta desaparecer la producción agrícola que históricamente la abasteció?
El problema adquiere una dimensión mayor cuando se observa el escenario internacional.
Chile importa azúcar desde distintos mercados, entre ellos Guatemala. Y la producción de caña de azúcar guatemalteca ha sido objeto de observaciones en materia laboral por parte de organismos internacionales y figura en listados del Departamento de Trabajo de Estados Unidos relacionados con bienes producidos mediante trabajo infantil.
No se trata de establecer automáticamente una equivalencia entre todo el azúcar importado y una práctica laboral determinada. Se trata de algo más básico: si Chile exige a sus agricultores cumplir estándares laborales, ambientales, sanitarios y productivos cada vez más elevados, ¿está verificando que los productos importados compitan bajo condiciones efectivamente equivalentes?
La discusión resulta todavía más pertinente cuando el precio internacional del azúcar vuelve a tensionarse.
Mientras la producción nacional pierde espacio, Chile mantiene una política que facilita el ingreso de azúcar extranjera mediante la aplicación de rebajas de derechos aduaneros. La pregunta, entonces, deja de ser solamente agrícola y pasa a ser estratégica.
¿Estamos privilegiando el precio de importación de corto plazo por sobre la capacidad productiva nacional de largo plazo?
El concepto de libre mercado también merece una revisión.
La competencia puede ser beneficiosa cuando todos los actores juegan con reglas comparables. Pero ¿qué ocurre cuando un agricultor chileno enfrenta costos laborales, ambientales, tributarios y regulatorios crecientes, mientras compite con productos provenientes de cadenas productivas sometidas a estándares diferentes?
Eso no significa cerrar las fronteras ni eliminar la competencia internacional. Significa preguntarse si existe una competencia con equivalencia de condiciones, con trazabilidad y reglas que sean efectivamente comparables.
Porque una vez que una cadena productiva desaparece, reconstruirla puede ser mucho más caro —y difícil— que conservarla.
La remolacha no es solamente un cultivo. Es empleo, conocimiento productivo, infraestructura, capacidad industrial y actividad económica en territorios agrícolas que dependen de estas cadenas.
Por eso, la decisión de IANSA abre una discusión que el país no debería eludir: ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la eficiencia inmediata y qué valor le asignamos a mantener una capacidad productiva propia?
La seguridad alimentaria no significa producir absolutamente todo dentro de las fronteras. Pero sí implica preguntarse qué productos estratégicos queremos seguir teniendo la capacidad de producir y qué costo tendría depender completamente del exterior.
El Gobierno, y particularmente el Ministerio de Hacienda, tiene una explicación pendiente.
¿Cuál es la política de Chile para la producción nacional de azúcar y remolacha? ¿Se está evaluando el impacto de las decisiones arancelarias sobre los agricultores chilenos? ¿Y qué mecanismos existen para garantizar que las importaciones compitan bajo estándares equivalentes a los exigidos a la producción nacional?
No basta con que la planta siga funcionando.
La pregunta de fondo es otra:
¿Queremos conservar una industria chilena de azúcar con agricultores chilenos, o estamos asistiendo silenciosamente a la sustitución de nuestra producción por importaciones?
Porque si primero dejamos desaparecer al productor y después descubrimos que importar es más caro, recuperar lo perdido no será cuestión de subir un arancel.
Será demasiado tarde.
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