El senador Rodolfo Carter afirmó públicamente que menores de edad serían víctimas de explotación sexual por parte de personas de alto poder adquisitivo en La Araucanía. El Ministerio Público decidió iniciar una investigación de oficio y encargó diligencias a la PDI. El parlamentario no había presentado una denuncia formal ante Fiscalía.
Una grave denuncia formulada públicamente por el senador republicano Rodolfo Carter provocó la apertura de una investigación de oficio por parte del Ministerio Público en La Araucanía.
Durante el lanzamiento de la agenda nacional “Chile cuida a sus niños”, el parlamentario afirmó que existirían niñas en Villarrica que estarían siendo explotadas sexualmente por personas de la región con alto poder adquisitivo.
La acusación fue realizada en el contexto de un discurso en el que Carter abordó la necesidad de fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes, relatando además su experiencia como padre adoptivo.
“En Villarrica hay un hogar donde están acosados por narcotraficantes y delincuentes”, afirmó el senador.
A continuación realizó la acusación que provocó la reacción del Ministerio Público:
“Niñitas que son explotadas sexualmente por gente de la región —de La Araucanía— con alto poder adquisitivo”.
Carter agregó que la sociedad se convierte “todos los días” en cómplice si no actúa frente a situaciones en que un niño o una niña es víctima de vulneraciones relacionadas con su intimidad sexual.
Fiscalía actuará de oficio.
La gravedad de las afirmaciones llevó a la Fiscalía Regional de La Araucanía a iniciar una investigación, pese a que —según confirmó el propio Ministerio Público— no había recibido una denuncia formal del senador respecto de los hechos que mencionó públicamente.
El fiscal regional César Schibart confirmó la apertura de la indagatoria.
“Habiendo tomado conocimiento la Fiscalía de las declaraciones del senador, se decidió aperturar investigación de oficio, la cual está radicada en la Fiscalía Local de Villarrica”, señaló.
La investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), que deberá realizar las diligencias instruidas por el Ministerio Público para determinar si existen antecedentes que permitan establecer la ocurrencia de los delitos denunciados y eventuales responsabilidades.
El paso dado por Fiscalía resulta especialmente relevante debido a la naturaleza de la acusación. Si existen menores víctimas de explotación sexual, se trata de hechos de extrema gravedad que requieren una respuesta investigativa inmediata y especializada.
Pero, al mismo tiempo, la apertura de una investigación no significa que las acusaciones del senador hayan sido comprobadas.
Ese será precisamente el objetivo de la indagatoria: establecer qué ocurrió, quiénes podrían estar involucrados y si existen víctimas que requieran protección.
Carter pide al Gobierno reforzar la protección de menores.
Las declaraciones se produjeron durante la presentación de la agenda “Chile cuida a sus niños”, instancia en la que Carter hizo un llamado al Gobierno del presidente José Antonio Kast a entregar mayor apoyo a las familias que buscan hacerse cargo de niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.
“Lo que estamos tratando de hacer es salvar la patria, esa patria chiquita que muchas veces no habla, no marcha, no grita, no hace barricadas. Pero que es violentada todos los días en silencio”, sostuvo.
En ese contexto situó su referencia al supuesto hogar de Villarrica y a las niñas que, según afirmó, serían víctimas de explotación sexual.
La acusación, sin embargo, dejó abierta una pregunta fundamental: ¿en qué antecedentes concretos se sustenta?
Hasta ahora, públicamente no se conocen detalles de los elementos que llevaron al senador a formular una afirmación de tal gravedad, ni tampoco se ha informado la identidad de eventuales víctimas o de las personas que podrían estar detrás de los hechos denunciados.
Precisamente por eso, la investigación del Ministerio Público adquiere especial importancia.
Delegación Presidencial: los antecedentes deben llegar a Fiscalía.
Consultado por las declaraciones del parlamentario, el delegado presidencial regional, Francisco Ljubetic, señaló que no conocía el detalle de la acusación.
Sin embargo, recordó que frente a la eventual comisión de un delito existe una obligación legal de poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público.
“Tiene que ser puesto en conocimiento del Ministerio Público para que se realice la investigación correspondiente”, sostuvo.
Ese escenario finalmente se concretó.
La Fiscalía ya abrió una causa de oficio y dispuso diligencias a cargo de la PDI.
Ahora será la investigación la que deberá determinar si detrás de la grave denuncia existe una red de explotación sexual de menores, si hay víctimas que necesitan protección y quiénes serían eventualmente responsables.
Mientras tanto, la acusación del senador Carter permanece en el terreno que corresponde a toda denuncia aún no acreditada judicialmente: una afirmación de extrema gravedad que deberá ser respaldada o descartada mediante una investigación formal.
Y en este caso, por tratarse de posibles delitos contra niñas y adolescentes, el desafío para las instituciones es doble: esclarecer los hechos con rapidez y rigor, pero también proteger a eventuales víctimas y evitar que una denuncia pública termine convirtiéndose, por falta de antecedentes o precisión, en una nueva forma de exposición para quienes podrían estar siendo vulneradas.
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