Un operativo conjunto entre la PDI, la Fiscalía y la Seremi de Salud dejó al descubierto la desnutrición y desprotección en que vivían las víctimas. La permanencia de esta residencia ilegal por más de dos décadas expone una severa falla en los sistemas regionales de fiscalización.
Un operativo policial y sanitario en Traiguén, Región de La Araucanía, culminó con el rescate de 13 adultos mayores desde un hogar de ancianos clandestino donde permanecían en condiciones deplorables de salud y desnutrición. La diligencia terminó con la detención de dos mujeres encargadas del recinto, quienes fueron puestas a disposición del Tribunal de Garantía de Traiguén.
Hacinamiento, desnutrición y traslados de urgencia.
El allanamiento, ejecutado por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI junto a la Fiscalía y la Seremi de Salud, reveló la gravedad del trato infligido a los residentes:
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Atención médica crítica: Cuatro de las personas rescatadas debieron ser derivadas de urgencia al Hospital de Traiguén debido a cuadros severos de desnutrición y lesiones no tratadas.
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Captación de vulnerables: La investigación preliminar determinó que las regentas reclutaban activamente a personas de avanzada edad y en situación de abandono o vulnerabilidad social para mantenerlas en el inmueble.
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Cero autorización: El recinto no contaba con resoluciones sanitarias, patentes municipales ni supervisión técnica de ningún organismo público.
El dato crítico: 25 años fuera del radar estatal La investigación penal se activó a raíz de denuncias por lesiones graves. No obstante, las pesquisas de la PDI confirmaron que la residencia ilegal operaba impunemente desde hace 25 años, abriendo una profunda interrogante sobre la eficacia de los controles sanitarios y municipales en la provincia de Malleco.
Imputaciones y falla sistémica.
El fiscal Marco Pavez confirmó que las dos detenidas enfrentan cargos por las condiciones del establecimiento y las lesiones infligidas a los residentes. Más allá de la responsabilidad penal individual, el caso deja al descubierto un vacío estructural en la fiscalización de los Establecimientos de Larga Estancia para Adultos Mayores (ELEAM) en la zona sur, donde la precariedad de la red asistencial formal suele ser aprovechada por recintos al margen de la ley.
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