La advertencia de juristas sobre los riesgos autoritarios en la agenda del Ejecutivo desató una reacción destemplada en La Moneda. Lejos de responder las dudas de fondo, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, tildó de «opinólogos» a los académicos Arturo Fontaine y Javier Couso, esquivando el debate sobre los vacíos constitucionales que proyecta la iniciativa.
La propuesta gubernamental para combatir el crimen organizado encendió las alarmas en la academia por su diseño institucional. A través de una carta en El Mercurio, Fontaine y Couso advirtieron que el proyecto otorga facultades de rasgo iliberal que podrían pavimentar el camino hacia una «dictadura constitucional», no solo bajo la actual administración, sino para cualquier mandatario futuro.
Las grietas autoritarias de la reforma.
-
El bucle del Estado de Excepción: La facultad presidencial de decretar estados de excepción por hasta 240 días sin venia previa del Congreso esconde una trampa de origen: suspender la medida brevemente y volver a decretarla, permitiendo gobernar por años con derechos restringidos y sin fiscalización parlamentaria.
-
Listas negras politizadas: Permitir que el Ejecutivo y el Senado definan el registro de organizaciones terroristas desplaza a los tribunales de justicia, otorgando potestad política para etiquetar y perseguir disidencias u organizaciones sociales.
-
Poder militarizado: El despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de orden público y la quita permanente de prestaciones sociales configuran, según los expertos, una «demagogia constitucional» que busca efectismo antes que soluciones reales.
La estrategia de La Moneda: Evasión y descalificación.
Frente al llamado de los académicos a retirar el proyecto, el ministro Martín Arrau reaccionó desacreditando a los voceros antes que al argumento. Aunque Arrau defendió que el registro sigue estándares internacionales de Canadá o EE.UU. y tildó de «conversable» el plazo de 240 días, evitó responder cómo se impedirá que un mandatario encadene decretos para prolongar el estado de excepción de forma indefinida.
Al catalogar a doctores en Derecho y académicos de la U. de Chile y la UDP como «opinólogos», el Ejecutivo transparenta su incomodidad frente al escrutinio técnico. La insistencia del Gobierno en calificar el debate de «campaña de desinformación» esquiva el problema central: el peligro de desmantelar los contrapesos democráticos bajo la promesa de una eficacia policial inmediata.
——-&——–
Para cualquier comunicación, entrega de antecedentes de forma privada o denuncia,
a través del teléfono +56 9 9841 47462, WhatsApp +56 9 6419 5500, o al correo contacto@noticiascomunitarias.cl
"Para pensar, comentar y compartir"