Mientras la Cámara de Diputados aprobó con una contundente mayoría prohibir y penalizar estas competencias, parlamentarios de la derecha rural insisten en blindar un negocio clandestino y de apuestas bajo el romántico relato de las costumbres patrias.
La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile propinó un golpe legislativo que busca desmantelar una de las zonas grises del maltrato animal en la ruralidad chilena. Con 80 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones, la sala aprobó en general el proyecto que prohíbe de forma absoluta las carreras de perros galgos en el país, despachando de paso al archivo la propuesta paralela impulsada por las bancadas derechistas que pretendía “regular” y legitimar la actividad.
La votación parlamentaria no solo dejó en evidencia una nueva sensibilidad hacia los derechos de los animales sintientes, sino también la profunda desconexión de ciertos sectores políticos que intentan defender lo indefendible. Entre quienes votaron por mantener activas estas prácticas se encuentran dos conocidos rostros de la Región de La Araucanía: el diputado del Distrito 23, René Manuel García, y la diputada del Distrito 22, Gloria Naveillan.
El vacío del argumento costumbrista.
El argumento de García para justificar la continuidad de las carreras se reduce a un cliché desgastado: “Es una tradición”. Detrás de ese romanticismo folclórico, sin embargo, se esconde una realidad ampliamente documentada por organizaciones de bienestar animal: el dopaje de ejemplares, las apuestas ilegales, el sobreesfuerzo físico y el masivo abandono de perros cuando dejan de ser competitivos o útiles para el lucro.
Por su parte, la diputada Naveillan se sumó a la defensa corporativa de los gremios «galgueros» bajo la tesis de que la actividad «debe ser regulada» en lugar de prohibida. Una postura que la mayoría de la Cámara consideró inviable, entendiendo que la «regulación» de una práctica inherentemente abusiva solo serviría para normalizar la explotación institucionalizada bajo la fachada de un espectáculo deportivo que ni siquiera cuenta con el reconocimiento del Instituto Nacional del Deporte.
El costo de insistir en el abuso.
La iniciativa legal aprobada modifica de raíz la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas (conocida como Ley Cholito). El proyecto no se queda en las buenas intenciones declarativas, sino que establece garras penales y económicas:
- Cárcel efectiva: Penas de presidio menor en su grado medio para quienes organicen estas actividades.
- Multas severas: Sanciones que van desde las 20 a 40 UTM para los organizadores, y de 5 a 20 UTM para quienes promuevan o difundan los eventos.
- Inhabilitación perpetua: Quienes resulten condenados perderán de por vida el derecho a tener cualquier tipo de animal.
- Decomiso y rescate: Los ejemplares incautados serán retirados a los maltratadores y entregados a fundaciones inscritas en el Registro Nacional para su rehabilitación y posterior adopción.
El gallito que viene.
Al rechazar de plano el proyecto de regulación, el Congreso sepultó toda posibilidad de que las mafias de apuestas de galgos obtengan un marco legal durante el próximo año. Al defender esta práctica, los diputados García y Naveillan no solo se colocaron del lado opuesto de los estándares internacionales de bienestar animal —siguiendo ejemplos como el de Nueva Zelanda, que erradicó por completo esta industria— sino que blindaron un nicho electoral rural a costa del sufrimiento de seres vivos.
El proyecto de ley deberá regresar ahora a la Comisión de Medio Ambiente debido a indicaciones particulares antes de enfrentar su prueba de fuego final en el Senado. Es en la Cámara Alta donde se medirá si el peso del lobby agrario y el conservadurismo de ciertos sectores territoriales vuelven a usar el viejo comodín de la “identidad nacional” para salvar un negocio que, a luces de la sociedad civil contemporánea, ya no tiene cabida.
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