El Servicio de Salud Araucanía Norte confirmó una denuncia ante el Ministerio Público por hechos que podrían constituir delitos y faltas administrativas al interior del Hospital Intercultural de Collipulli. Un audio, entregado a la Fiscalía, registra un supuesto intercambio de dinero entre un funcionario del recinto y el representante de una empresa contratista de seguridad.
“Hoy día me debes dos millones de pesos”.
La frase, atribuida a un funcionario público del Hospital Intercultural de Collipulli, abre un nuevo flanco de preocupación al interior de la red asistencial de Malleco. La respuesta que se escucha en el mismo registro tampoco resulta menor: “¿Y los 500 que le pasé el otro día? Con esfuerzo se los tiré”.
El diálogo forma parte de un audio que fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con una denuncia presentada por el Servicio de Salud Araucanía Norte, a raíz de antecedentes que podrían dar cuenta de eventuales pagos de dinero vinculados a la relación contractual entre un funcionario del establecimiento y el representante de una empresa de seguridad que presta servicios en el hospital.
Por ahora, se trata de antecedentes que deberán ser investigados y acreditados por la Fiscalía. No existe, en consecuencia, una condena ni una determinación judicial respecto de la responsabilidad de las personas involucradas. Pero el contenido del registro es suficientemente grave como para haber activado los mecanismos administrativos y penales correspondientes.
Una denuncia que llegó a la Fiscalía.
El Servicio de Salud Araucanía Norte confirmó que tomó conocimiento de los antecedentes y decidió ponerlos en manos del Ministerio Público.
En una declaración, el organismo señaló que conoció antecedentes relacionados con hechos ocurridos en el Hospital Intercultural de Collipulli que “eventualmente podrían revestir carácter de delito y constituir faltas administrativas”.
La respuesta institucional fue instruir un sumario administrativo y remitir los antecedentes a la Fiscalía.
“Ante la naturaleza de lo denunciado y en coordinación inmediata con la Dirección del establecimiento, se instruyó un sumario administrativo destinado a esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades. Asimismo, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su correspondiente investigación”, informó el servicio.
La reacción oficial marca una diferencia importante: ya no se trata únicamente de un rumor o de una acusación circulando informalmente, sino de antecedentes que el propio organismo público decidió entregar a la justicia para determinar si existe o no un ilícito.
“Me debes dos millones”.
El elemento más delicado de los antecedentes es un registro de audio que, según se denunció, correspondería a una conversación entre el funcionario público y el representante de la empresa contratista.
En la grabación se escucha a quien sería el funcionario reclamando una suma de dinero:
“Hoy día me debes dos millones de pesos, porque ni siquiera estoy pensando en que me pagues los 150 mensuales, «hueón», eso me da lo mismo”.
La respuesta atribuida al representante de la empresa introduce otro monto:
“¿Y los 500 que le pasé el otro día? Con esfuerzo se los tiré”.
Si el registro es auténtico y las voces corresponden efectivamente a las personas denunciadas, su contenido podría ser relevante para determinar la existencia, naturaleza y destino de eventuales pagos.
Pero hay una cuestión todavía más importante: ¿qué relación tenían esos dineros con el contrato de seguridad del hospital y por qué un funcionario público estaría reclamando pagos al representante de una empresa que presta servicios al establecimiento?
Es precisamente ese tipo de interrogantes el que deberá despejar la investigación.
La pregunta que deberá responder la investigación.
La existencia de una conversación sobre dinero no permite, por sí sola, establecer que se haya cometido un delito. Tampoco permite determinar el motivo de los pagos mencionados. Podrían existir explicaciones que todavía no se conocen y que deberán ser examinadas por la Fiscalía.
Sin embargo, el contexto contractual vuelve especialmente sensible el contenido del audio.
Si un funcionario del hospital tenía algún grado de participación, influencia, fiscalización o responsabilidad sobre la relación con la empresa de seguridad, los eventuales pagos adquieren una dimensión particularmente relevante desde el punto de vista penal y administrativo.
Por eso, la investigación deberá determinar no solo si hubo dinero, sino también cuánto, cuándo, cómo, por qué concepto y a cambio de qué.
También será necesario establecer quiénes participaron, cuál era exactamente la función del funcionario dentro del hospital, qué relación mantenía con la empresa contratista y si existieron decisiones administrativas o contractuales que pudieran estar vinculadas con los pagos mencionados en el audio.
Sumario y Fiscalía.
El Servicio de Salud Araucanía Norte informó que inició un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades, mientras los antecedentes quedaron en manos del Ministerio Público.
La doble vía resulta relevante. La investigación administrativa deberá establecer posibles infracciones a las obligaciones funcionarias, mientras que la Fiscalía tendrá que determinar si los hechos podrían configurar delitos y quiénes serían eventualmente responsables.
Hasta ahora, la identidad de las personas involucradas no ha sido informada oficialmente en los antecedentes entregados públicamente.
Será la investigación la que deberá establecer también la autenticidad del registro, la identidad de quienes participan en la conversación, la existencia de eventuales transferencias o entregas de dinero y su relación con los servicios contratados por el hospital.
Un caso que recién comienza.
El episodio vuelve a poner bajo la lupa los controles existentes sobre las relaciones entre funcionarios públicos y empresas contratistas. En especial, cuando aparecen referencias explícitas a montos de dinero que, de acuerdo con el diálogo registrado, ya habrían sido entregados con anterioridad.
Por ahora, hay un audio, una denuncia y dos investigaciones en curso. No hay condenas ni responsabilidades determinadas.
Pero sí existe una obligación institucional que difícilmente puede ser relativizada: esclarecer hasta el último peso mencionado en esa conversación y determinar por qué aparece vinculado a un funcionario de un hospital público y a un contratista que presta servicios al mismo establecimiento.
La respuesta ya no depende de explicaciones informales. Está en manos del sumario administrativo y del Ministerio Público.
——-%——-
Para cualquier comunicación, entrega de antecedentes de forma privada o denuncia,
a través del teléfono +56 9 9841 47462, WhatsApp +56 9 6419 5500, o al correo contacto@noticiascomunitarias.cl
"Para pensar, comentar y compartir"