Tildó de «ignorante» a la autoridad regional por exigir su inhabilidad en las pesquisas sobre la Universidad Autónoma. Hoy, un lapidario informe de auditoría y una querella por tráfico de influencias desmantelan el blindaje con el que operaba en La Araucanía.
Lo que el entonces fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, calificó con altivez como «críticas desde la ignorancia», terminó convirtiéndose en un búmeran político y jurídico. La Contraloría General de la República (CGR) ratificó los planteamientos del gobernador regional René Saffirio, confirmando la existencia de eventuales delitos e irregularidades en los convenios entre el Gobierno Regional y la Universidad Autónoma, y dejando en evidencia la abierta infracción al deber de abstención del persecutor.
El conflicto de interés negado.
El fondo de la controversia nunca fue un desacuerdo procedimental, sino una colisión ética y legal directa:
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Dependencia económica: Garrido y su cónyuge mantenían un vínculo laboral remunerado con la Universidad Autónoma.
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Infracción a la ley: La legislación vigente prohíbe taxativamente a los fiscales investigar a sus propios empleadores, imponiendo la obligación legal de inhabilitarse.
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El fallo contundente: Mientras Garrido descartó de forma anticipada la existencia de ilícitos penales en favor de la casa de estudios, el informe de la CGR detectó anomalías graves que abren paso a la persecución penal de la persona jurídica, desmontando la tesis de la Fiscalía Regional.
Un blindaje institucional en fase de desmonte.
Durante meses, Garrido gozó de la protección del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien desoyó las alertas sobre el evidente conflicto de interés y congeló cualquier fiscalización interna. Sin embargo, el escenario político e institucional ha cambiado radicalmente:
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Fondo de los $200 millones: A Garrido se le cuestiona por haber solicitado recursos públicos al exgobernador Luciano Rivas para favorecer a una fundación, hecho por el cual hoy enfrenta una querella criminal por tráfico de influencias.
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Giro en el Ministerio Público: Fuentes internas confirman que el respaldo desde la Fiscalía Nacional llegó a su fin y que la apertura de un sumario administrativo contra el ex fiscal es inminente.
El pronunciamiento de la Contraloría no solo le «tapó la boca» a la exautoridad del Ministerio Público, sino que dejó expuestas las graves grietas del sistema de control interno de la Fiscalía cuando las redes de poder local terminan contaminando la persecución penal.
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