Un lapidario informe del órgano contralor detectó proyectos fantasma, facturas anuladas y aprobaciones exprés en convenios que superan los $21 mil millones. La crisis reactiva los cuestionamientos sobre el rol del exfiscal Roberto Garrido y desata una denuncia penal por lavado de activos y fraude al fisco.
Un esquema de traspasos millonarios sin ejecución real, aprobaciones de proyectos en menos de seis horas y una cadena de omisiones institucionales hoy tienen a la Región de La Araucanía en el centro de un nuevo escándalo de corrupción. El actual Gobernador Regional, René Saffirio, ingresó una denuncia penal ante el Ministerio Público que apunta directamente a la Universidad Autónoma de Chile, a exautoridades políticas y al comportamiento del exfiscal regional Roberto Garrido.
La acción judicial se fundamenta en una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) que examinó los convenios transferidos por el Gobierno Regional (GORE) a instituciones de educación superior entre 2021 y 2023. De los $40.604 millones repartidos en ese periodo, más de la mitad —$21.804 millones— terminaron en las arcas de la Universidad Autónoma a través de diez convenios.
Las 10 alarmas «Altamente Complejas» de Contraloría.
El examen de la Contraloría Regional revela un descontrol financiero crítico. Al cierre de la auditoría, la universidad mantenía $6.929 millones sin rendir. Sin embargo, el dato más grave radica en la calidad de lo ya rendido: $6.800 millones (el 47%) se encuentran bajo la condición de «observados».
Tras cruzar datos con el SII, el Servel y la Dirección del Trabajo, el organismo identificó diez observaciones catalogadas como “altamente complejas”, la categoría de mayor gravedad en la escala fiscalizadora. Entre los hallazgos principales destacan:
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- Proyectos fantasma: Programas visados como ejecutados y totalmente «rendidos» —con actas de supervisión en terreno e informes finales firmados— que jamás se materializaron en la realidad.
- Maquillaje contable: 73 facturas rendidas y posteriormente anuladas con notas de crédito por un monto de $127,5 millones, maniobra que impide verificar el destino real del dinero público.
- Burocracia exprés: Iniciativas de alta complejidad financiera cuyo ciclo completo de aprobación política y técnica se tramitó en menos de seis horas.
- Perdón de deudas amarrado: El hallazgo de que el exgobernador Luciano Rivas, su círculo directivo y el vicerrector de la sede Temuco pactaron dar por gestionados $134 millones en saldos no devueltos mediante el solo encargo a una empresa de cobranza externa, explicitando que se darían por pagados «independientemente del resultado concreto» de la gestión.
La red de imputaciones: De Teodoro Ribera a Luciano Rivas.
Dada la fisonomía de los hallazgos, la Contraloría remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Fiscalía al detectar caracteres de delito.
En respuesta, el gobernador Saffirio no solo ordenó dos sumarios administrativos internos, sino que denunció penalmente a la Universidad Autónoma como persona jurídica —representada por su rector, Teodoro Ribera Neumann— por los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, estafa y lavado de activos.
La denuncia abarca una cadena de responsabilidades políticas y académicas:
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- Ámbito académico: Emilio Guerra Bugueño, vicerrector de la sede Temuco, es sindicado como partícipe del fraude por viabilizar el castigo y la omisión de cobro de las deudas de la casa de estudios.
- Ámbito político: El peso recae sobre la administración anterior. El exgobernador Luciano Rivas, su exjefe de gabinete Juan Pablo Leonelli, y las exjefas de división Susan Alarcón y Camila Poff, son apuntados como la estructura decisional que consintió y facilitó el perjuicio fiscal.
La sombra del exfiscal Roberto Garrido.
El caso adquiere una gravedad institucional mayor al analizar el flanco judicial previo. Durante casi dos años, la Fiscalía Regional de La Araucanía mantuvo una investigación sobre estos convenios sin registrar avances significativos.
En ese periodo, el entonces fiscal regional, Roberto Garrido, rechazó sistemáticamente inhabilitarse de la causa, a pesar de que tanto él como su cónyuge ejercían funciones remuneradas para la propia Universidad Autónoma. El informe de Contraloría deja en una posición insostenible la anterior inacción penal del Ministerio Público local: mientras Garrido desestimó en la práctica la responsabilidad de su empleador institucional, la auditoría técnica de la CGR terminó demostrando que los mecanismos de control fallaron precisamente para blindar a la corporación universitaria.
Con los antecedentes en manos del fiscal regional subrogante César Schibar y el envío de los datos a la Cámara de Diputados, el caso deja de ser un problema de rendiciones administrativas para transformarse en una de las tramas de corrupción subnacional más severas detectadas en el sur del país.
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