El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó una condena de apenas 540 días de presidio que se dio por cumplida mediante abonos por arresto domiciliario. La familia acusa una «burla» judicial y económica tras perder a la joven kinesióloga en el volcán Lonquimay.
El precio de una vida perdida por la negligencia y la informalidad en el turismo aventura chileno parece haberse fijado en papel: 540 días de presidio sustituidos por abonos y una indemnización civil que la familia califica como un insulto. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco dio por cumplida la condena en su totalidad para el ingeniero en telecomunicaciones Sady Sepúlveda Flores, el falso guía turístico declarado culpable del cuasidelito de homicidio de la joven kinesióloga copiapina, Madeleine Segovia Valle. [1, 2, 3]
El trágico desenlace ocurrió el 3 de agosto de 2023 en las laderas invernales del volcán Lonquimay, en la comuna de Curacautín. Madeleine, quien viajó al sur para celebrar su cumpleaños cumpliendo el sueño de ascender al macizo andino, contrató los supuestos servicios profesionales de Sepúlveda. Durante el trayecto por la ladera norte, la joven cayó a un barranco de cerca de 20 metros de profundidad, perdiendo la vida en el lugar. [1, 2, 3]
Trampa legal: Cómo una condena se convierte en libertad inmediata.
Pese a que el Ministerio Público impulsó en su momento una reformalización por homicidio simple, el tribunal decantó el veredicto hacia la figura del cuasidelito de homicidio, lo que redujo drásticamente el marco de las penas. [1]
La paradoja jurídica que indigna a la opinión pública radica en los cálculos de los plazos de reclusión:
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- La condena: Se fijó en 540 días de presidio.
- El abono: El acusado acumuló 658 días bajo medidas cautelares de prisión preventiva y arresto domiciliario parcial durante el proceso.
- El resultado: Al superar el tiempo preventivo al de la condena final, la pena se decretó extinguida de forma inmediata. Sady Sepúlveda Flores no pasará un solo día tras las rejas de un centro penitenciario como rematado. []
Negligencia criminal sin certificación.
El juicio oral dejó al descubierto las brutales omisiones técnicas del imputado. Según los antecedentes de la investigación liderada por la Fiscalía de Curacautín, Sepúlveda Flores operaba de forma absolutamente ilegal: no poseía la certificación obligatoria como guía de alta montaña ni estaba registrado ante las autoridades correspondientes. [1]
Además, el ascenso se realizó bajo severas negligencias de seguridad: omitió el uso de implementos de vida críticos como arneses, cuerdas o equipos de comunicación aptos para el invierno, y eludió deliberadamente registrar la excursión ante el personal de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Carabineros de Chile. El acusado comercializaba un servicio profesional de alta montaña sin el más mínimo estándar para garantizar la vida de sus clientes.
La desolación de la familia: «Esto es una burla».
La sentencia no solo dejó un sabor amargo en lo penal, sino también en el ámbito civil. El tribunal impuso el pago de una indemnización de $20 millones por daño moral a favor de la madre de la víctima, Florentina Valle Flores.
La reacción del entorno cercano de Madeleine no se hizo esperar. Carla Jiménez, prima de la joven, rompió el silencio con una crítica feroz al dictamen: “Sentimos que es una burla el monto que se fijó, porque eso no cubre ni lo mínimo en lo que se incurrió para trasladar a mi prima o costear gastos de abogados. No hay una justicia real”. La familia enfatizó el desgaste de años de lucha judicial para lograr probar el dolo de una persona que vendía activamente un servicio fraudulento en redes sociales. [1]
El vacío de fondo: El peligroso negocio del turismo informal.
La resolución del caso de Madeleine Segovia abre un debate urgente sobre la desprotección de los usuarios de turismo aventura en los destinos de montaña de Chile. El fallo judicial envía un peligroso mensaje de impunidad hacia la proliferación de operadores informales en zonas extremas.
Mientras la familia de la kinesióloga impulsa demandas ciudadanas para endurecer las sanciones a los prestadores informales, la muerte en el volcán Lonquimay queda archivada en los tribunales con un culpable libre y un costo económico irrisorio para la magnitud de una tragedia evitable. La pregunta que hoy sacude a La Araucanía es evidente: ¿Cuántas vidas más deben perderse en las cumbres del país para que la ley penal castigue con cárcel efectiva a los falsos guías de montaña?
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