La polémica resolución administrativa del Servicio Agrícola y Ganadero enciende las alarmas en el sur. El gobernador René Saffirio acusa un intento de eludir al Congreso para favorecer a los consorcios agroalimentarios y anuncia una ofensiva judicial y política.
El fantasma de la privatización de la vida y el control corporativo de la alimentación vuelve a sobrevolar los campos de La Araucanía. Una silenciosa consulta pública impulsada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) busca establecer severas restricciones al comercio y flujo de semillas en el país. La medida ha desatado una tormenta política en el sur, donde comunidades mapuche, pequeños agricultores y la gobernación regional acusan un golpe directo a la soberanía alimentaria y a las prácticas culturales ancestrales.
El conflicto escaló institucionalmente tras una reunión clave entre organizaciones defensoras de las semillas nativas y el gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio. La máxima autoridad regional no se guardó calificativos y apuntó a la línea de flotación de la estrategia gubernamental: el uso de la vía administrativa para imponer normativas de alto impacto social, eludiendo el debate legislativo.
Eludir al Congreso: La estrategia del SAG.
«Nos preocupa la iniciativa del SAG que busca dictar una resolución, no una ley, porque no puede hacerlo», advirtió Saffirio de manera tajante. El análisis crítico de la autoridad devela una maniobra recurrente en la burocracia estatal: utilizar decretos y resoluciones para imponer agendas complejas «por secretaría», evitando el escrutinio del Congreso Nacional.
Para los detractores de la medida, el SAG está actuando con un «desarraigo absoluto de la realidad» local. Al intentar meter en el mismo saco normativo a los gigantes transnacionales de la agroindustria y a la agricultura familiar campesina, la resolución ignora deliberadamente las economías de subsistencia y los sistemas de reciprocidad indígena.
Trafkintu bajo amenaza: Confundir cultura con mercado.
El corazón del ataque de esta resolución apunta al trafkintu, la ceremonia ancestral mapuche de intercambio de bienes, conocimientos y, fundamentalmente, semillas tradicionales. Desde la perspectiva centralista del SAG, este flujo biológico se pretende encasillar bajo las lógicas del comercio tradicional.
«Ese intercambio no es comercialización. No es compraventa. Es intercambio que puede ser calificado dentro de nuestra legislación como permuta, pero no puede ser considerado dentro de la resolución», explicó el gobernador, desnudando la ceguera antropológica de la propuesta estatal.
La crítica del tejido social de la región va más allá: regular el trafkintu bajo estándares corporativos de propiedad intelectual no es un error técnico, sino una decisión política que busca criminalizar o asfixiar prácticas que han garantizado la biodiversidad y la subsistencia de los pueblos originarios por siglos.
Ofensiva judicial y económica: El blindaje regional.
Ante lo que consideran una agresión centralista, La Araucanía ya prepara su estrategia de resistencia institucional. El plan contempla dos vías de acción inmediata si el gobierno central no retira el polémico documento:
- Bloqueo Judicial: La presentación de recursos ante los tribunales de justicia para declarar la inconstitucionalidad de la norma, argumentando el vicio de utilizar una vía administrativa para pasar por encima de derechos fundamentales y tratados internacionales (como el Convenio 169 de la OIT).
- Contrapeso Financiero: La creación de programas e incentivos económicos financiados por el Gobierno Regional y aprobados por el Consejo Regional (CORE) para blindar, estimular y desarrollar el intercambio ancestral de semillas de forma autónoma.
El fondo del asunto: ¿A quién beneficia el SAG?
La controversia en La Araucanía expone una tensión global: la disputa entre el derecho de los pueblos a conservar su patrimonio genético frente a la presión de los consorcios alimentarios multinacionales por monopolizar el mercado de semillas certificadas.
Al tomar partido explícito por las comunidades indígenas y los pequeños productores, la gobernación regional asume un rol de confrontación directa con el nivel central. La pregunta que queda en el aire, y que el diario electrónico debe plantear a sus lectores, es evidente: ¿Busca el SAG proteger la sanidad vegetal del país, o actúa como el brazo ejecutor de un lobby empresarial diseñado para forzar a todo el mundo campesino a comprar semillas patentadas?
La batalla por la semilla ancestral en el sur de Chile recién comienza, y promete trasladarse de las comunidades rurales a los tribunales de justicia.
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