Mientras más de 2.200 personas completan días atrapadas en comunidades rurales y 600 camiones resisten en condiciones extremas, la respuesta gubernamental vuelve a quedar al desnudo. La falta de prevención estatal obliga a un municipio pequeño a subsidiar la inoperancia de los servicios públicos centralizados.
La tregua climática en la alta cordillera de la Región de La Araucanía no ha traído alivio, sino la constatación de un fracaso estructural. En Lonquimay, más de 2.200 personas continúan completamente aisladas debido a acumulaciones de nieve que superan el metro de altura en las zonas rurales. A este dramático escenario se suma el secuestro logístico de entre 500 y 600 camiones varados en el sector de Liucura ante el cierre del Paso Fronterizo Pino Hachado.
Con las clases totalmente suspendidas y cortes de luz crónicos, la emergencia vuelve a desnudar la desconexión de las autoridades políticas regionales y la lentitud criminal de la Dirección de Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El grito del alcalde: «No podemos hacerle el trabajo a los servicios públicos»
La indignación local no es para menos. Lejos de la condescendencia habitual de los balances oficiales, el alcalde de Lonquimay, Eduardo Yáñez, alzó la voz para romper el relato de «normalidad» del Gobierno y apuntó directamente contra el centralismo burocrático de Senapred y la Delegación Presidencial:
«Nosotros les pedimos a las autoridades que por favor agilicen los procesos, que eliminen un poco la burocracia y que reaccionen en ayuda de los vecinos. Nosotros somos un municipio pequeño que dependemos 100 por ciento del Fondo Común Municipal y no podemos estar con las pocas máquinas que tenemos haciéndoles el trabajo a los servicios públicos«, fustigó con dureza el jefe comunal.
Las palabras de Yáñez ponen el dedo en la llaga: el Estado central traspasa el costo de sus deficiencias a los presupuestos locales más vulnerables, reaccionando únicamente cuando el desastre ya es portada de prensa.
Comunidades en el olvido: «Las cajas de alimentos son un show de la tele».
El despliegue tardío de 21 máquinas compartidas entre el municipio, el MOP y empresas privadas no da abasto para la «macro zona sur» y sectores históricamente postergados como Marimenuco, Quinquén, Pedregoso, Guayipulli, Paulino Huaiquillán, Naranjo, Mallín del Treile, Troyo y Alaska.
Para los habitantes pewenches y rurales de la zona, la crisis evidencia que las promesas de conectividad del Ministerio de Obras Públicas son letra muerta. A través de redes comunitarias en el territorio, los vecinos han manifestado su profundo hastío con el asistencialismo reactivo de la Delegación Presidencial:
«El problema de todos los años es la conectividad y el pésimo trabajo de la empresa Global a cargo de los caminos, financiada con un bajo presupuesto que inyecta Obras Públicas. La canasta familiar no viene a dar ninguna solución, sino todo lo contrario: es una burla a la dignidad de los habitantes del territorio, un show político para mostrar en la televisión», denunciaron dirigentes locales a través de plataformas comunitarias.
Los vecinos acusan además que, al aislamiento físico, se suma la desconexión comunicacional: la señal telefónica se desploma con regularidad y la falta de postas rurales equipadas transforma cualquier urgencia médica en una ruleta rusa.
Una crisis crónica sepultada en carpetas.
Mientras la Delegación Presidencial se escuda tras el envío a cuentagotas de camiones o bulldozers adicionales tras reiteradas súplicas comunales, los choferes internacionales varados en las rutas fronterizas resisten sin acceso a agua potable, baños químicos ni alimentación básica.
El invierno en Lonquimay no es un evento imprevisto; es un ciclo geográfico predecible. Que año tras año la primera gran nevazón congele la vida de miles de chilenos no es culpa de la naturaleza, es la firma evidente de una flagrante negligencia ministerial y de un centralismo que solo mira a la cordillera cuando la nieve ya bloqueó los escritorios de Santiago.
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