LAUTARO.– Un insólito argumento administrativo esgrimió el municipio de Lautaro tras revelarse que el alcalde Ricardo Jaramillo Galindo (RN) firmó el contrato laboral de su pareja actual y madre de su hijo.
El caso, que fue denunciado ante la Contraloría General de la República (CGR) por una eventual falta al principio de probidad, se justificó desde la casa consistorial señalando que el jefe comunal «no se percató» de la identidad de la beneficiaria al momento de estampar su rúbrica.
La defensa institucional la asumió el administrador municipal de Lautaro, Cristian Salinas, quien restó intencionalidad al hecho. “Una autoridad, usted entenderá, que a veces firma muchos documentos y nosotros, por la misma situación que se genera, tomamos los resguardos a posteriori”, argumentó, descartando un intento explícito de otorgar privilegios o cometer nepotismo con la vacante.
Un vacío legal evita la destitución.
Pese a la gravedad de la acusación, el ente contralor descartó aplicar sanciones directas o declarar una inhabilidad de ingreso definitiva para la trabajadora. Esto se debe estrictamente a un vacío en la legislación vigente: la pareja no se encuentra unida bajo un vínculo matrimonial civil ni de Acuerdo de Unión Civil (AUC), requisitos indispensables que exige el estatuto administrativo para configurar de forma automática el parentesco legal que gatilla la destitución.
No obstante, la C.G.R. determinó que el alcalde de Lautaro incurrió en una flagrante infracción al principio de abstención. La normativa constitucional obliga a los funcionarios públicos a marginarse de cualquier acto administrativo donde exista un conflicto de interés o un lazo afectivo comprobado, como es el caso de mantener un hijo en común.
El instructivo de emergencia y el dictamen de la C.G.R.
Como medida de mitigación interna, el municipio informó que —en lugar de desvincular a la profesional— se redactó un instructivo especial de contratación. «En este proceso hay un instructivo que se dicta en la Municipalidad para este efecto, que fue lo que acompañamos en su momento (a la Contraloría)», puntualizó el administrador Salinas.
Finalmente, el dictamen del órgano fiscalizador fue categórico al rayar la cancha para la continuidad de la gestión del alcalde en la Araucanía: «… Mientras se mantenga en el desempeño del cargo de alcalde deberá abstenerse de participar en cualquier acción o decisión que diga relación con la evaluación y/o control de las labores desarrolladas por la funcionaria”, ordenó la Contraloría, quitándole a Jaramillo toda potestad jerárquica sobre su pareja en el organigrama municipal.
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