La medida administrativa surge tras un reclamo de la Directora de la DADI. Los dirigentes sindicales defienden que solo cumplieron con el deber de informar a las bases sobre una demanda laboral por prácticas desleales que tramita la justicia de Temuco.
Un complejo escenario de tensión gremial e institucional se vive al interior de la Universidad de La Frontera (UFRO), luego de que la rectoría del plantel decidiera instruir un sumario administrativo en contra de la totalidad de la directiva de la Asociación de Funcionarios (AFUF). La medida ha sido calificada por los dirigentes como un acto de amedrentamiento y una abierta práctica antisindical.
El origen del conflicto se remonta a junio pasado, cuando la AFUF comunicó a sus asociados que el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco había acogido a tramitación una denuncia por presuntas prácticas desleales y antisindicales en contra del tesorero del gremio, Servando Contreras Illanes. Dicha acción judicial fue respaldada por las bases en una asamblea de socios realizada el 29 de abril, tras acusar presuntos desmedros al ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con los antecedentes entregados por la organización sindical, previo a la vía judicial se sostuvieron reuniones con altas autoridades universitarias —incluida la rectoría— en las que se solicitaron formalmente medidas de resguardo a la actividad gremial. Entre las peticiones figuraba la emisión de un instructivo institucional dirigido a las jefaturas sobre derechos laborales y disculpas públicas por parte de la Directora de Análisis y Desarrollo Institucional (DADI), Martha Ramírez Valdivia, y de la Directora de Gestión de las Personas, Liliana Oberg.
El origen del sumario.
Lejos de una resolución interna, la pugna escaló a nivel administrativo. A raíz de un reclamo formal interpuesto por la directora de la DADI, Martha Ramírez —remitido mediante correo electrónico el pasado 2 de junio de 2026—, el rector de la casa de estudios ordenó la apertura de un sumario en contra de la mesa directiva de los trabajadores.
Desde la AFUF defendieron el carácter de la comunicación enviada en junio, argumentando que la información entregada a los funcionarios es, por definición, de carácter público y se limita a dar cuenta del avance de una causa judicial en los tribunales laborales, sin vulnerar datos sensibles de las profesionales implicadas.
Para la directiva de la asociación, la determinación de la máxima autoridad universitaria de abrir un proceso disciplinario por el solo hecho de informar a los asociados sobre una resolución judicial marca un peligroso precedente, «cuestiona el rol del gremio» y configura, bajo su perspectiva, una represalia institucional que agudiza la crisis interna en la principal universidad estatal de La Araucanía.
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