Fiscal Garrido envía informe a Santiago por no inhabilitarse en caso Autónoma.

Luego de la denuncia del gobernador René Saffirio, el fiscal regional exculpó anticipadamente a su empleador, en una entrevista a un diario regional.

Una nueva irregularidad podría conformarse luego de que el fiscal regional Roberto Garrido, a través de una senda entrevista en el Diario Austral de Temuco, dos semanas atrás, exculpara anticipadamente a su empleador, la Universidad Autónoma de Chile, en el caso que investiga los convenios entre esta casa de estudios superiores y el Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía.

Lo anterior tras la grave acusación realizada por el gobernador regional René Saffirio, precisamente contra Garrido. «La fiscalía no investiga porque el fiscal Garrido es empleado de la universidad«, denunció la máxima autoridad regional y ofició al fiscal nacional Ángel Valencia, para que Garrido sea removido del caso.

Sin embargo, el fiscal Garrido, en la entrevista realizada por el periodista Juan Carlos Poblete González, defendió seguir investigando los posibles delitos cometidos, en los convenios de traspaso de recursos entre el GORE y la Autónoma, haciendo referencia a que muchos fiscales y jueces hacen clases en universidades, señalando además que los fiscales adjuntos son autónomos.

«No existe tal conflicto. La actividad académica que desarrollamos muchos fiscales, jueces y abogados es pública, está regulada por ley y no tiene ninguna incidencia en las decisiones investigativas«, se defendió Garrido, pese a que son muchos los jueces y ministros que diariamente se inhabilitan de conocer causas, cuando existe la más mínima cercanía o causal de inhabilidad, como sucede en este caso.

Por lo mismo, no cabe involucrar a otros «jueces y ministros», en la irregularidad cometida por Garrido, según el gobernador regional. La inhabilidad existe y la máxima autoridad del Ministerio Público en la región, continúa pasándola por alto.

La Autónoma no es imputada.

Sin embargo, la posible nueva irregularidad vino después, cuando Garrido manifestó, primero, que la fiscalía no investigaba personas sino hechos, corrigiendo y contradiciéndose después: «… en estas causas la Universidad Autónoma no tiene la calidad de imputada ni de querellante. Las investigaciones se dirigen contra particulares у contra exfuncionarios del Gobierno Regional«.

El tema, es que los convenios de traspasos se firmaron entre la Universidad Autónoma y el Gobierno Regional y la investigación todavía no concluye. Es más, de una muestra de apenas un 5% del universo de recursos traspasados del GORE a la Autónoma, la Contraloría General de la República (CGR) ya detectó posibles delitos que informará al Ministerio Público.

Pero por otro lado, en Chile las personas jurídicas sí pueden ser investigadas e incluso formalizadas y sancionadas, motivo por el cual, referirse anticipadamente como lo hizo Garrido exculpando expresamente a su empleador, constituye una nueva causal para que no siga a cargo de la investigación.

Fiscales adjuntos.

«Las investigaciones no son decisiones individuales, sino que son dirigidas por fiscales adjuntos con autonomía y se desarrollan en equipos, bajo estándares objetivos. Por lo tanto, no existe ninguna relación que afecte la imparcialidad de la Fiscalía en estas causas«, agregó Garrido al Austral, obviando que por ley todas las causas son del fiscal regional y que se le consulta sobre cada decisión clave, dentro del desarrollo de toda investigación.

Además, se desconoce si más fiscales o los fiscales adjuntos qu menciona Garrido, hacen clases en la Universidad Autónoma también.

Informe al fiscal nacional

Lo que también confirmó Garrido en su entrevista, fue que a raíz de las acusaciones del gobernador regional René Saffirio, tuvo que enviar un informe escrito al fiscal nacional Ángel Valencia.

«Sobre esa presentación (la de Saffirio) se entregó el informe correspondiente al fiscal nacional, con los antecedentes de hecho y de derecho que permiten explicar el estado de las investigaciones y la inexistencia de una causal de inhabilidad«, dijo Garrido.

Y agregó: «Puedo decir que la Fiscalía Regional ha actuado con plena sujeción a la ley, con transparencia y con respaldo técnico suficiente para sostener lo que estamos haciendo«; asesoría técnica que se puede colegir, no ha advertido causal de inhabilidad.

Casos acotados.

«Además, en esos programas asociados a la Universidad Autónoma se investigó un universo de más de 1.500 beneficiarios y la gran mayoría de los proyectos fueron correctamente ejecutados. Los casos con relevancia penal son acotados y están siendo perseguidos«, puntualizó Garrido además.

«Eso demuestra que el trabajo de la Fiscalía no es generalizar ni construir relatos, sino identificar con precisión dónde hay delito y dónde no«, agregó el fiscal regional, donde insistimos que la Contraloría analizando sólo un 5% de los casos, detectó varios casos de posibles delitos, inhabilidades y pagos a familiares o relacionados, entre otros, los que ahora también deberán ser investigados.

Remoción del fiscal Cornejo.

La máxima autoridad del Ministerio Público se refirió también a la polémica remoción del fiscal Carlos Cornejo, como fiscal titular de las causas del caso Convenios, donde en su lugar quedo el fiscal Luis Arroyo.

«… Los hechos son muy claros: no fue removido. Él ha manifestado su intención de trasladarse a otra región por motivos personales y familiares, y mientras eso se concreta sigue desempeñando sus funciones y trabajando en estas causas junto al equipo de Alta Complejidad«, manifestó Garrido, no obstante que en un oficio ingresado al Juzgado de Garantía, se dice otra cosa; ya que Arroyo asume como titular -es decir se le quita la titularidad a Cornejo- e incluso se modifican los correos donde deben llegar las notificaciones del tribunal.

«Además, estas investigaciones no dependen de una persona, sino de equipos especializados. Se ha integrado otro fiscal con experiencia en este tipo de causas, precisamente para asegurar continuidad«, agregó Garrido, no obstante que en la práctica, la investigación ya no la lleva Cornejo, lo que se podrá ver en los próximos días cuando sea el fiscal Luis Arroyo, quien salga a las declaraciones por el caso Convenios y Cornejo no.

Declaraciones de Saffirio.

En relación a las declaraciones del gobernador regional, quien primero pidió la remoción del fiscal Carlos Cornejo y luego, que el fiscal regional cumpliera con su deber de inhabilitarse, Garrido criticó que Saffirio exigiera mayor celeridad, pero al mismo tiempo no haya presentado querellas.

«Mi impresión es que esas declaraciones no han aportado al esclarecimiento de los hechos. Más bien han buscado instalar un relato. Y frente a eso, la única respuesta seria de la Fiscalía, es seguir trabajando con objetividad, con datos y conforme a la ley«, dijo Garrido.

«Y hay un punto adicional que es relevante: resulta contradictorio exigir mayor celeridad cuando el Gobierno Regional no ha presentado querellas en estas causas, lo que implica que la carga procesal ha recaído en el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado«, agregó el fiscal regional.

Nuevo ataque a la prensa.

Finalmente, Roberto Garrido se refirió al trabajo de algunos medios de comunicación y les acusó de entregar información falsa. «La Fiscalía no puede entrar a polemizar con cada publicación o versión que circula, pero sí hemos visto, en algunos casos, la difusión de informaciones falsas o inexactas, incluso en redes sociales «, manifestó el fiscal.

«… algunos medios, que buscan instalar una idea de crisis o desacreditar determinadas líneas investigativas. Es evidente que cuando una investigación avanza y afecta intereses relevantes, surgen intentos por debilitarla públicamente«, concluyó Garrido, en un nuevo ataque a la prensa de su parte.

Cabe recordar cuando el fiscal regional de La Araucanía, en marzo de 2024, salió a criticar públicamente el trabajo de algunos periodistas en el caso de Héctor Llaitul, lo que le ganó el repudio nacional e internacional.

Sobre la inhabilidad.

Para el ahora ex fiscal nacional Jorge Abbott, todo fiscal que tuviera algún vínculo con un investigado, se debiera inhabilitar. Asimismo, al ser cuestionados por los intervinientes, se debiera investigar por otro fiscal regional.

El 8 de junio de 2017, Abbott decía que cuando surgen denuncias desde intervinientes, que cuestionan principios fundamentales del desempeño de los fiscales, es necesario abrir investigación para contrastar su efectividad. «La Ley Orgánica Constitucional (LOC) del Ministerio Público establece como obligación el actuar con objetividad y fija límites a las opiniones de los fiscales sobre investigaciones en curso«, dijo el ex fiscal nacional.

«cualquier infracción al deber de objetividad debe ser investigada»

«El Ministerio Público no tiene más enemigos que el delito, en consecuencia, cualquier infracción al deber de objetividad debe ser investigada, porque los ciudadanos deben confiar en que si son investigados van a ser tratados con absoluta imparcialidad«, puntualizó Abbott aquella vez.

«Ello no significa ningún prejuicio de ninguna naturaleza, sino que simplemente indagar a través de un órgano imparcial, como es otro Fiscal Regional, para obtener respuestas«, agregó Abbott en la oportunidad, cerrando así, al menos para su administración, el tratamiento hacia los fiscales cuestionados.

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