A raíz de la querella por tráfico de influencias en su contra, declarada admisible, ponen en duda su objetividad ante las causas de la «resistencia mapuche».
En la estructura real del poder estatal chileno, el Ministerio Público nunca ha sido un órgano neutro. Su despliegue en territorios de conflicto revela con nitidez su función histórica: administrar la coerción allí donde el orden social enfrenta resistencias persistentes. La figura del fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, se ha convertido en una expresión paradigmática de ese rol. Presentado mediáticamente como un activo persecutor del “crimen”, su trayectoria concreta lo sitúa, más bien, como uno de los principales operadores judiciales en la criminalización de la resistencia mapuche, particularmente en causas vinculadas a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).
No es casual, entonces, que a días de iniciarse —el próximo 11 de mayo— el juicio oral contra comuneros mapuche, entre ellos Pelentaro Llaitul, hijo del histórico vocero Héctor Llaitul, el propio Garrido se encuentre bajo investigación penal. El mismo fiscal que condujo causas emblemáticas contra Llaitul padre y que ha sido uno de los rostros visibles de la persecución penal en el Wallmapu (para la prensa del régimen «Macrozona Sur»), enfrenta hoy una querella por tráfico de influencias, declarada admisible por el tribunal. La acción, presentada por el exdiputado Mauricio Ojeda, lo acusa de haber solicitado recursos públicos —cercanos a los 200 millones de pesos— al Gobierno Regional, en reuniones realizadas fuera de los canales formales de la Ley de Lobby, lo que abre interrogantes severas sobre su probidad administrativa.
«Garrido ya había enfrentado cuestionamientos previos, incluyendo acciones judiciales por presuntas filtraciones en causas de alta connotación política»
El dato no es irrelevante. No se trata únicamente de una controversia personal ni de un episodio aislado. Garrido ya había enfrentado cuestionamientos previos, incluyendo acciones judiciales por presuntas filtraciones en causas de alta connotación política. Pero es en el cruce entre su rol como persecutor en conflictos territoriales y estas denuncias donde emerge una dimensión más profunda: la fragilidad estructural de un aparato judicial que actúa con dureza frente a comunidades mapuche mientras exhibe zonas grises cuando se trata de su propio funcionamiento interno.
En este contexto, la inminente apertura del juicio contra integrantes de la CAM adquiere un carácter particularmente revelador. No solo por el peso político de los acusados, sino por las herramientas procesales que han sido recurrentemente utilizadas en este tipo de causas: testigos protegidos, declaraciones sin rostro y evidencia cuya consistencia ha sido objeto de controversia en múltiples procesos. La reiteración de estas prácticas ha instalado, desde hace años, la sospecha de montajes judiciales orientados a sostener una narrativa de seguridad que legitime la intervención estatal en el territorio. El caso que involucra a comuneros como Caniupil, Llaitul, Mardones y Menares se inscribe precisamente en esa lógica, donde la excepcionalidad procesal tiende a transformarse en regla cuando se trata de causas mapuche.
«¿con qué autoridad jurídica se conduce la persecución penal en un territorio atravesado por un conflicto histórico, cuando uno de sus principales operadores es objeto de investigación por faltas a la probidad?»
Así, la paradoja es evidente. El fiscal que encarna la ofensiva penal del Estado en La Araucanía —presentado como garante del orden frente a la “violencia”— aparece simultáneamente cuestionado por prácticas que erosionan la legitimidad de esa misma función. La querella por tráfico de influencias no prueba, por sí misma, culpabilidad alguna. Pero sí instala un problema político de fondo: ¿con qué autoridad jurídica se conduce la persecución penal en un territorio atravesado por un conflicto histórico, cuando uno de sus principales operadores es objeto de investigación por faltas a la probidad?
Más que un episodio coyuntural, lo que se configura es una escena estructural. La judicialización del conflicto mapuche ha descansado en una combinación de derecho penal de excepción, construcción mediática del enemigo interno y ampliación de las facultades persecutorias del Estado. En ese esquema, figuras como Garrido han sido funcionales a una política de contención que desborda lo estrictamente jurídico. Pero cuando esa misma figura entra en crisis, el problema deja de ser individual y se desplaza hacia el conjunto del dispositivo.
Garrido como agente político.
El papel del Ministerio Público en el conflicto social quedó nítidamente expuesto con la reciente formalización y prisión preventiva del exfiscal Manuel Guerra, no como excepcionalidad sino como síntoma de un funcionamiento estructural donde la persecución penal es la expresión de intereses políticos y dinámicas de poder. Durante años, Guerra actuó en causas de alta connotación pública, configurando líneas de intervención que incidieron directamente en la delimitación de lo punible en contextos de tensión social, lo que vuelve particularmente revelador que hoy sea sometido a las mismas herramientas coercitivas que administró. Este desplazamiento —del persecutor al imputado— no solo pone en cuestión su trayectoria personal, sino que evidencia cómo el Ministerio Público puede operar —como ocurre en el caso de Garrido— como un actor en la gestión del conflicto, seleccionando objetivos, modulando intensidades persecutorias y, en definitiva, interviniendo en la arena política bajo la apariencia de neutralidad jurídica.
A las puertas de un nuevo juicio emblemático para la política anti mapuche del Estado chileno, el cuestionamiento al fiscal regional no hace sino tensionar aún más un escenario ya marcado por la criminalización de la resistencia mapuche. Lo que está en juego no es únicamente el destino judicial de un grupo de comuneros, sino que el verdadero contenido de la llamada “persecución penal”: no la neutralidad de la ley, sino su uso como instrumento en el sometimiento y asimilación del pueblo nación Mapuche.
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Paradojalmente, el Fiscal Regional de La Araucanía Roberto Garrido, dice ser de izquierda. Vía Araucanía Diario.
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