La ministra Gloria Ana Chevesich, quien encabeza el máximo tribunal chileno, reconoció la gravedad de la crisis que atraviesa la justicia, vinculó problemas estructurales en cárceles y sistemas penales, y planteó la urgencia de elevar los estándares éticos en la judicatura.
En medio de una semana marcada por fugas de reos desde tribunales y centros penitenciarios, la presidenta de la Corte Suprema de Chile, Gloria Ana Chevesich, afirmó este martes que el Estado «pareciera no tener el control total» en materia penitenciaria.
En declaraciones a El Diario de Cooperativa, la magistrada llamó la atención sobre los problemas que afronta Gendarmería de Chile, señalando que «por todo lo que se ha sabido… Gendarmería de Chile realmente está con un grave problema que debe ser solucionado a la brevedad».
Chevesich enfatizó que, más allá de la necesidad de recursos, es fundamental revisar la administración del sistema penitenciario y aplicar medidas como la segregación de la población penal para evitar que internos recién ingresados se vean expuestos a grupos con «criminalidad más fuerte, más dura, más agresiva».
Además de su percepción sobre la crisis carcelaria, la ministra profundizó este lunes durante la Cuenta Pública del Poder Judicial sobre el impacto reputacional que han tenido los casos de corrupción que involucran a jueces y exministros. Según Chevesich, los hechos conocidos -caracterizados por investigaciones en curso y sanciones penales- «son de una gravedad sin precedentes» y provocan «vergüenza… conmoción y dolor», especialmente entre funcionarios que trabajan diariamente en tribunales.
La presidenta del máximo tribunal también apuntó a la exigencia de elevar los estándares éticos de toda la profesión legal y del sistema judicial. Recalcó que la actual definición de «buena conducta» en el proceso de habilitación profesional es ambigua y depende de la discrecionalidad de los ministros, por lo que propuso revisar los requisitos y mecanismos de control ético.
Chevesich adelantó que uno de los focos de su gestión será proponer cambios en cómo se autoriza y regula la conducta de abogados durante el ejercicio profesional, con el objetivo de restaurar la confianza ciudadana en la justicia.
Estas manifestaciones se producen en un contexto de múltiples retos para el Poder Judicial, con investigaciones abiertas, remociones de jueces y cuestionamientos sobre la transparencia y probidad de sus miembros, lo que ha tensionado aún más la percepción pública sobre la institucionalidad en el país.
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